Marcelo Rondoy, estudiante de Economía de la Universidad del Pacífico
La muerte del ciudadano norteamericano George Floyd el pasado 28 de mayo desencadenó una serie de protestas sociales en Estados Unidos, y no cabe duda que el impacto de dicha tragedia ha trascendido las fronteras del estado de Minessota, en el que tomó lugar, posicionado nuevamente el tema de la lucha contra el racismo en la agenda internacional.
En muchos casos, lamentablemente, estas manifestaciones degeneraron en actos de vandalismo y saqueos. De acuerdo con el Wall Street Journal, una semana luego de la muerte de George, seis estados y 13 ciudades se declararon en estado de emergencia y otros 21 estados recibieron el apoyo de la Guardia Nacional.
A raíz de estas movilizaciones, muchas personas cuestionan si es el contexto actual del coronavirus permite poder quebrar la política del distanciamiento social sin que el riesgo de un nuevo brote de contagios termine por devenir en algo contraproducente. Es evidente, pues, que las protestas sociales inevitablemente implican la aglomeración de personas en lugares públicos, y por ende, las probables nuevas olas de casos de COVID-19 terminarían por perjudicar la lenta recuperación de la economía en las distintas ciudades. No obstante, si bien este ha sido uno de los argumentos contra-protesta más esgrimidos, no refleja los únicos costos económicos que le deparan a Estados Unidos.
Un reciente artículo publicado por Market Insider mostró cuál era la perspectiva de cuatro expertos financieros sobre el posible impacto que las manifestaciones sociales tendrían en los mercados. Por una parte, se plantea de manera preliminar que el deterioro de la confianza de los ciudadanos frente a la atmosfera social podría afectar su comportamiento y los haría replantear sus decisiones de consumo, dado que ahora se pensaría dos veces antes de salir a realizar sus compras habituales de manera física.
Es lógico pensar que el miedo a un nuevo brote de la enfermedad, junto a las protestas sociales, conlleve a que el consumidor decida prescindir de algunos productos o, en su defecto, adquirirlos de manera virtual. En consecuencia, esto podría ralentizar aún más la recuperación de la actividad económica.
Por otra parte, la violencia manifestada en actos de vandalismo y saqueos que ocurrieron durante las protestas sociales termina por limitar el presupuesto disponible de las ciudades. Los costos de las reparaciones y el aumento de la seguridad en los focos clave donde ocurrieron las movilizaciones se sumarían al gasto público que actualmente realizan los gobiernos locales para frenar el avance del COVID-19.
De acuerdo con Oanda, este incremento en el gasto fiscal puede ocasionar la pérdida de empleos (en el sector público) en las ciudades que ya contaban con un presupuesto restringido.
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