Escrito por Eduardo Ramos, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico

Fue el 31 de diciembre del 2019 cuando China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un considerable grupo de casos de neumonía con origen desconocido en Wuhan. Sesenta y seis días después, el Covid-19 llegó al Perú.

Desde ese día, nada ha vuelto a ser igual para los peruanos. Siendo agosto la fecha en la que se encuentra escrito el presente artículo, y habiendo excedido el medio millón de contagiados, es relevante reflexionar por qué al país le ha ido tan mal evitando la expansión de la crisis y cómo una emergencia sanitaria ha pasado a convertirse en una de las peores crisis económicas de los últimos cien años.

El diagnóstico comienza desde el 15 de marzo del 2020, fecha en la que el presidente Martín Vizcarra declaró al Perú en estado de emergencia nacional, proponiendo una cuarentena obligatoria por un plazo de quince días. Asimismo, se empezaron a tomar medidas desde las diferentes carteras del Poder Ejecutivo para solventar las necesidades de la población más vulnerable, fortalecer el sistema educativo y el sector salud, pero si tan rápido se actuó ¿Por qué se terminó tan mal?

El Covid-19 ha sacudido al Perú de su antigua normalidad y ha dejado al descubierto los principales problemas estructurales que aquejan al Gobierno. Estos se traducen en la mala provisión de servicios públicos como salud, educación, saneamiento, etc., la alta informalidad, baja inclusión en el sistema financiero y la centralización.

Sin embargo, la estabilidad macroeconómica del Perú ha permitido que se soporten más de cien días de cuarentena, pues los datos proporcionados en 2019 por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mostraban una deuda pública relativamente baja (26.4% del PBI), grandes Reservas Internacionales (30% del PBI) y una inflación controlada (1.9%). En esa línea, es sumamente importante recalcar que el crecimiento económico sostenido con el que venía el país (5% anual aproximadamente) no implicó un mayor nivel de desarrollo.

Haciendo hincapié en uno de los problemas estructurales citados, es importante mirar la baja inversión presupuestal en salud realizada por el gobierno peruano en los últimos años. Según el MEF, el presupuesto asignado al sector se incrementó un 63.7% en los últimos cinco años; no obstante, el gasto ejecutado resultó un 60.7%.

Las cifras muestran la incapacidad de quienes estuvieron al frente del sector en todos los niveles de gobierno para no lograr ejecutar sus presupuestos al 100%. Esto muestra que el país ha venido realizando un gasto público en salud menor a lo asignado y, según cifras del Banco Mundial, es un gasto per cápita por debajo del promedio en Latinoamérica.

En cuanto a la genérica del gasto público en salud es válido afirmar que más del 70% ha correspondido a abordar problemas de salud individual (rehabilitación y recuperaciones), mientras que únicamente el 7% del presupuesto ha sido asignado para la salud colectiva y la prevención de riesgos. Estas cifras muestran que el Estado no ha puesto énfasis en la prevención de la salud peruana en los últimos años.

Informalidad y otros males. Otro gran problema que ha perseguido al Perú ha sido el alto nivel de informalidad laboral, llegando a un 72% de personas que trabajan bajo esta modalidad en el 2019 (cifra que ha permanecido similar en los últimos cuatro años). En esa línea se puede decir que, de los casi 17 millones de personas que laboran (PEA ocupada), más de 12 millones trabajan informalmente.

La problemática de la informalidad peruana radica en las cargas tributarias, los sobrecostos y las barreras burocráticas. Un trabajador peruano considera la formalización como un proceso muy costoso. Esta realidad ha sido uno de los principales motivos por los que el confinamiento no fue viable para algunas personas, pues el Estado no pudo ayudarlos y etas millones de personas no tuvieron fondos para subsistir.

De esa forma, uno puede darse cuenta que existen problemas en el Perú asociados con el coronavirus y las medidas de confinamiento que han imposibilitado la recuperación del país, tanto para salvar vidas como proteger a la economía. El Estado peruano se encuentra actualmente entre proteger la salud de la población y los indicadores económicos no se desplomen; sin embargo, ninguno de los dos está siendo solucionado. Es evidente que en cinco meses no se pueden resolver pendientes que llevan años.

En lo que resta del año, pensando en el corto plazo, el Gobierno debe seguir aplicando medidas para detener la propagación del Covid-19. Estas deben ser efectivas y deben atacar a los principales focos de contagios. Por ejemplo, es necesario reforzar los protocolos sanitarios como el reducir el aforo dentro de los locales, mayores restricciones a los trabajadores y una mejora en la fiscalización de estos.

También es preciso diseñar un mejor prospecto de reapertura comercial, tomando en cuenta a las zonas que han sido más afectadas a nivel distrital. En cuanto al trabajo remoto, se debe mantener en la medida de lo posible y así reducir el número de personas en los transportes públicos, mercados, etc.

Asimismo, se hace necesario tomar en cuenta la conectividad a Internet porque millones de peruanos ahora estudian y trabajan desde casa, y para mantener la productividad de cada uno las redes de cable deben ser efectivas.

Por otro lado, es indispensable el aumentar el número de pruebas que se realizan y acompañarlas con políticas públicas que permitan el mayor acceso a estas, pues por falta de presupuesto muchas personas deciden no hacérselas y si son asintomáticos son potenciales propagadores del virus entre la población.  Por último, se debe mejorar el seguimiento a los contagiados y así contener la pandemia.

En el largo plazo, los próximos gobiernos tendrán que solucionar de raíz los problemas estructurales mencionados en el presente artículo. En el caso de la provisión de servicios públicos, como la salud, se debe mejorar la calidad del gasto, pues las cifras mostraron cómo el dinero se concentraba en un tipo de atención específica, dejando de lado al resto de necesidades.

Además, las dependencias del sector Salud mejoren su capacidad de gasto público y así ejecutar todo el presupuesto, tanto en obras de infraestructura (hospitales, postas) como en mayor personal. En cuanto a la educación, el Estado debe priorizar el uso de nuevas tecnologías de la información, tal como las tablets, laptos, computadoras, etc. De esa manera, profesores como alumnos se podrán adaptar a un nuevo sistema que reduzca las brechas existentes.

Sobre la informalidad laboral peruana, se puede decir que el crecimiento económico será el mejor aliado para combatirla. El BCRP ha señalado en numerosos reportes la cercana relación entre el PBI no primario y la creación de empleo formal. En otras palabras, existen escenarios de crecimiento económico que contribuyen a que más personas encuentren puestos de trabajo formales. Finalmente, se puede afirmar que la solución de estos problemas tendrá efectos muy positivos en el país, elevando así el nivel de desarrollo y reduciendo las brechas sociales persistentes.