Escribe Lyssete Bueno Murga, alumna de Administración de la Universidad del Pacífico.

Dado el contexto, existen dos pilares fundamentales que debemos evaluar en los planes de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori: la salud y la economía. En este artículo, evaluaremos las principales propuestas de los candidatos respecto al segundo punto, en base a los planes enviados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En específico, evaluaremos su visión de la economía, así como las medidas planteadas respecto al empleo y fondos provisionales, las reformas tributarias y formalización de MYPEs y la minería.

Visión de la economía

Keiko Fujimori propone una “Economía social de mercado” que genere trabajo formal, simplifique los procesos para desarrollar emprendimiento, promueva las asociaciones público-privadas y genere confianza para el impulso de la inversión sostenible y socialmente responsable. Su “Plan Rescate 2021” tiene una etapa a corto y largo plazo.

Por su parte Pedro Castillo propone una “Economía Popular Con Mercados”, tomando como referencia los gobiernos de Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. En este, el Estado será regulador del mercado, industrializador, nacionalizador, revisor de contratos, priorizador de la demanda interna, estabilizador microeconómico y no tendrá deuda externa.

El empleo y los fondos provisionales

En este punto, Fujimori apuesta por el rol de la empresa privada en la generación de empleo. Su plan propone la realización de pequeñas obras de infraestructura en “las zonas más deprimidas del país”. El objetivo sería volver alcanzar los niveles de empleo pre-pandemia en un periodo de dos años. Propone además la reforma del sistema provisional para que integre progresivamente a trabajadores informales e independientes, y la creación de instrumentos financieros que permitan el acceso total a los fondos.

Castillo plantea la generación del empleo a partir de la industrialización del país y tecnificación del sector agrícola y otros. Hace énfasis además en la importancia de la participación sindical para mejorar las condiciones laborales, la defensa del trabajo de los discapacitados, la abolición del trabajo infantil y menciona la limitación de los sueldos de empresarios por medio de múltiplos del sueldo de obreros propuesta por Correa. Además, propone la eliminación paulatina del sistema privado de pensiones (SPP).

Las medidas son generales por lo que no puede calcularse su costo o impacto. No obstante, las propuestas de Fujimori tendrían un efecto directo en la tasa de empleo en el corto plazo ya que generarían puestos de trabajo. Por su parte, la eliminación de las AFP es posible, tal como lo hicieron Argentina y Bolivia. El éxito dependería de la gestión del gobierno. Por ejemplo, en Argentina el sistema de pensiones tiene un déficit anual de 33%

Reformas tributarias y formalización de MYPES

Fujimori plantea que el motivo principal de la Administración Tributaria sea la construcción de la formalidad. Así, busca establecer un sistema fiscal que promueva la incorporación progresiva de los contribuyentes informales. Propone la creación de Prompyme (rango viceministerial), que generaría ahorros al concentrar los actuales programas de MYPE y una Comisión Nacional para la Formalización (CONAFOR), de rango ministerial por 3 años que trabaje de la mano de otras instituciones estatales y el sector privado. En el corto plazo, otorgaría apoyo especial a MYPEs del sector turismo y restaurantes por 3 años a través de la reducción de impuestos, créditos, capacitación y mejora de infraestructura.

Castillo busca otorgar a los gobiernos subnacionales la facultad de grabar y recaudar tributos, de los cuales podrían administrar hasta el 70%. Asimismo, propone que todas las empresas sin excepción paguen impuestos (incluyendo universidades y la Iglesia Católica), la eliminación de exoneraciones y una nueva “conceptualización económica del canon”. En específico, indica que el tributo que proviene del gas de Camisea debe ser 23 mil millones de soles (20 veces superior al actual). Plantea además que se garantice un mayor inversión en el país de las utilidades de empresas extranjeras (un aumento del 20% al 80%).

Mientras que Fujimori sugiere la reorganización del sistema tributario y la integración de MYPES, Castillo plantea un cambio radical en la base tributaria y grabación de utilidades de trasnacionales. Esto último afectaría negativamente la inversión privada extranjera. Por otro lado, la transferencia de facultades tributarias a los gobiernos subnacionales podría no ser efectiva dado a que estos no utilizan al 100% su presupuesto. En el 2020, los gobiernos regionales ejecutaron en promedio el 65.3% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Minería

Fujimori destaca que el potencial minero es de $547 mil millones al 2050, según el Consejo Directivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Por ello, su objetivo es incrementar la actividad minera. Propone una “sana convivencia entre la agricultura y minería” que evite conflictos sociales, así como la reformulación de la legislación aplicable a la pequeña minería y minería artesanal, la simplificación de autorizaciones y formalización y la mejora de la capacidad del Ministerio de Energía y Minas en calidad y número de profesionales.

Castillo denomina al Perú un “país minero”, por lo que indica que se debe priorizar este sector. Su enfoque es opuesto al de Fujimori dado que propone la nacionalización de “recursos estratégicos”, tales como yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos. Seguidamente lista una serie de países que han nacionalizado dichos recursos para argumentar que el Estado puede administrarlos correctamente. Recalca de manera general la importancia de la formalización de la “mal llamada” minería ilegal.

Fujimori apunta a simplificar procedimientos y promover la formalidad. De realizarse correctamente, esto incrementaría la actividad económica y generaría mayores ingresos tributarios. Castillo sostiene la necesidad de nacionalizar los recursos mineros y formalizar la minería ilegal pero no detalla mecanismos. La nacionalización podría tener efectos adversos en la inversión privada; el éxito dependería de la capacidad de gestión del estado.

Conclusión

En los puntos expuestos, es más sencillo evaluar y proyectar los efectos de las medidas propuestas por Keiko Fujimori ya que estas son más concretas que la de su oponente. Pedro Castillo carece de un plan estructurado que determine el alcance y forma de implementación de sus medidas. Para tener un voto informado, es importante tener mayor claridad en las propuestas de ambas partes, especialmente con aquellas que han surgido después de presentados los planes de gobierno. Como electores, también debemos tener en cuenta la capacidad de gobierno de los contendores, dado de que ello depende el éxito de sus propuestas y la posibilidad de la ansiada recuperación económica.

Referencias

• Ministerio de Economía y Finanzas (2021). Metas de Ejecución Presupuestal de Inversiones 2021 de los Gobiernos Regionales. Recuperado de  https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/04012021_Evento_Metas2021.pdf
• El dínamo (2019). Qué pasó en Perú y Argentina cuando intervinieron las pensiones. Recuperado de https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/09/28/que-paso-en-peru-y-argentina-cuando-intervinieron-las-pensiones/
• Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2021). Gobiernos Locales solo ejecutaron el 53.5% de sus presupuestos en 2020. Recuperado de https://www.comexperu.org.pe/articulo/gobiernos-locales-solo-ejecutaron-el-535-de-sus-presupuestos-en-2020
• Perú Libre (2020). Perú Libre. Ideario y programa. Recuperado de https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16542.pdf
• Fuerza Popular (2020). PLAN DE GOBIERNO DE FUERZA POPULAR: RESCATE 2021. Recuperado de https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16490.pdf