Escribe Rodrigo Dario Oblitas Toro, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico.
En la última semana, las protestas en Cuba se han disparado. Éstas, generadas por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, además de la lentitud del plan de vacunación contra la Covid-19 y los constantes cortes de energía, alcanzaron una magnitud no vista desde 1994. Ante tal convulsión, la opinión internacional no ha tardado en manifestarse y en dirigir el centro de las críticas al régimen cubano (Agencia AP, 2021).
En el debate generado entre detractores y partidarios – divididos principalmente por motivaciones ideológicas –, resalta el peso del bloqueo económico estadounidense a la isla como factor influyente de la coyuntura actual. Por ello, considero importante hacer una revisión histórica de del surgimiento de esta medida norteamericana para poder ampliar – o refrescar – la perspectiva del lector sobre esta problemática, cuyas raíces se remontan a inicios del siglo XX.
Cabe resaltar que, hacia el final del proceso de independencia de Cuba, los Estados Unidos tuvieron un papel mayor en la expulsión de España, conllevando a una influencia que se materializaría en la Enmienda Platt (1901) y en los Tratados de Reciprocidad (1934). Éstos, que a ojos de muchos colocaban al país caribeño en una posición de neocolonia, permitían intervenir a los estadounidenses en los asuntos políticos de la isla y les otorgaban beneficios económicos, como bajos aranceles y facilidades en adquisición de propiedades de grandes plantaciones de caña y azúcar (Hernández, 2009).
Luego de que los castristas sacaran del poder al dictador Batista, en la década de 1950, se inició un proceso de nacionalización y estatización de la economía cubana, muy mal recibido por los intereses de los Estados Unidos. Estas tensiones alcanzaron su punto más álgido con la promulgación de la reforma agraria cubana en 1959, la cual evidentemente se tradujo en enormes pérdidas para las compañías estadounidenses en el país. Sin embargo, la creciente preocupación en Washington no se debía solo al perjuicio económico, sino también al hecho de que un partido político socialista llegase al poder en un país vecino, especialmente considerando el contexto de Guerra Fría (Zanetti, 2013).
En dicho contexto es que Estados Unidos aplica las medidas económicas que tanta controversia han causado. Oscar Zanetti, historiador cubano, menciona que las primeras acciones se plasmaron en impedimentos de acceso a crédito europeo para el gobierno cubano y en la negativa de las empresas norteamericanas a refinar el petróleo a emplearse en la isla. Como respuesta, el régimen cubano nacionalizó las refinerías estadounidenses en el país. Washington decidió, entonces, suprimir su cuota de importación de azúcar y apropiarse de los beneficios arancelarios del comercio de este producto entre ambos países.
En esta sucesión de acción y reacción, el gobierno cubano nacionalizó todas las propiedades estadounidenses en Cuba (decisión que al final derivó en la estatización de muchas más industrias, tanto nacionales como extranjeras); en tanto, la contraparte estadounidense dio su “última estocada” con la prohibición a sus empresas de exportar hacia el país caribeño en 1960. Al respecto, cabe notar que esta medida estadounidense ha pasado por algunas modificaciones como, por ejemplo, cuando la Ley Helms-Burton en los años noventa prohibió, para todo ciudadano estadounidense, establecer un negocio dentro de la isla. Más recientemente, la administración Trump también prohibió el envío de remesas.
Hoy por hoy, en el contexto de pandemia y freno económico que atraviesa Cuba, es muy probable que las decisiones que se tomen desde Washington vayan a influir significativamente en la condición de vida de los cubanos. Sin embargo, esto no debería dar licencia a que el gobierno cubano responsabilice a los estadounidenses como principales culpables de los resultados de una mala gestión pública y social. Esperemos que ambos bandos tomen decisiones responsables para con los cubanos durante las próximas semanas.
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