Aún no es tiempo de desregular

Estimados lectores.

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) organizó la semana pasada (segunda semana de noviembre 2009) la VI Convención Internacional de Economistas, bajo el título "Infraestructura para el desarrollo: el rol de la empresa privada".

Como sabemos, el término "infraestructura" alude a redes de electricidad, saneamiento, transporte y telecomunicaciones, cuya accesibilidad técnica y económica contribuya con la mejora en nuestros estándares de bienestar como peruanos.

De otro lado, la vinculación de los términos "infraestructura", "desarrollo" y "empresa privada" refleja uno de los pilares del modelo de desarrollo de nuestro país, en el sentido de que el Estado abandona las actividades económicas, para ser ejercidas por el sector privado en un clima de sana competencia.

Aunque existen no pocas situaciones prácticas en que ello no se cumple plenamente, ese concepto está plasmado en nuestra Constitución y, más importante que eso, en la forma en que la mayoría de peruanos concebimos nuestra relación económica con nuestro entorno social cotidiano (basta ver el notable desarrollo de pymes en el país).

En ese marco, el entendimiento es que el Estado retiene un rol regulador, para toda aquella situación en la que existe alguna relación asimétrica entre los participantes en algún mercado. Esto explica que, en el caso de las telecomunicaciones, exista una regulación de tarifas o calidad de servicio (relación operadores-clientes), o de cargos por uso de infraestructura [relación entre operadores, especialmente operador dominante (Telefónica)-resto de operadores].

A propósito de ello, una distinguida y muy lúcida representante de Telefónica del Perú sostuvo en la Convención que, en vista de los desarrollos recientes en el mercado de telecomunicaciones en Perú, es razonable plantearse un proceso de progresiva desregulación.

Las tarifas, argumentaba la ejecutiva, han caído a un nivel tal que el mercado habría superado a la regulación.

No estamos de acuerdo. Más aún, la desregulación nos parece peligrosa, al menos por ahora.

La razón es sencilla. Es cierto que, sobre todo en el caso de telefonía móvil, Perú ya no ostenta -como ocurría antes- la no muy honrosa posición como uno de los mercados con precios más altos en América Latina. Dicho de otro modo, los precios de telecomunicaciones en Perú ya no son altos para estándares internacionales.

Sin embargo, de la mano con ello encontramos un proceso de creciente concentración de mercado, ya no en 1 solo operador, tal como hemos estado acostumbrados a verlo, sino en 2 grupos de operadores.

Más aún, dicha concentración corresponde no solo a nuestro país, sino que forma parte de una dinámica competitiva crecientemente manifiesta en toda América Latina.

Más allá de disquisiciones teóricas o de estrategia de negocio, es claro que este panorama obstaculiza el desarrollo de nuevas alternativas de precio-calidad para los usuarios, a través de otros operadores.

Basta tomar en cuenta como muchos usuarios sufrimos con fallas en las redes o en lo poco sencillo que resulta presentar un reclamo, para darnos cuenta de cuánto espacio de mejora hay en esos aspectos que son altamente valorados como atributos del servicio.

El proceso de creciente concentración obedece a diversos factores -tema que podremos abordar ampliamente en futuros artículos-, pero más allá de eso, nos queda claro que este emergente panorama competitivo crea para el ente regulador una oportunidad de fortalecer su agenda en todos los temas vinculados a la promoción de la competencia.

En otras palabras, el desarrollo del acceso universal ha de seguir siendo el objetivo regulatorio último, pero ello no debe distraer la atención de la creciente necesidad de regular la relación de competencia entre los operadores dominantes en el mercado y el resto de ellos.