Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Por Jorge Familiar
América Latina y el Caribe es una de las regiones más expuestas a los desastres naturales. Solamente el año pasado, devastadores huracanes causaron destrucción y cientos de víctimas a su paso por el Caribe, mientras que México fue sacudido por dos terremotos y las fuertes lluvias que cayeron sobre Colombia y Perú dejaron inundaciones y deslaves.
Los desastres naturales afectan a una parte importante de la población, pero tanto su impacto social como financiero es mayor en los que menos tienen. Estas catástrofes, así como otros shocks, sean pandemias o incluso las fluctuaciones en los precios de las materias primas, no tienen por qué convertirse en sinónimo de desastres humanos. La prevención es posible y muchas veces menos costosa que los efectos y consecuencias que pueden tener estos acontecimientos. La mitigación del riesgo no sólo es importante para proteger las vidas y el patrimonio de millones de personas, sino también para preservar el crecimiento de sectores económicos fundamentales y garantizar el bienestar de la población.
América Latina y el Caribe tiene una de las tasas más bajas de cobertura de seguros a nivel mundial. La diferencia entre las pérdidas aseguradas y las económicas en la región son significativas. Estos bajos niveles de adquisición de seguros implican que los gobiernos muchas veces terminan haciéndose cargo de gastos mayores después de un desastre natural, lo que ejerce presión sobre el presupuesto y la situación financiera principalmente en economías pequeñas, donde las pérdidas por una catástrofe natural pueden superar incluso al PIB total de un país en un año.
Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos y caribeños destinan cada vez más recursos a la identificación y reducción de los riesgos, así como a la protección financiera para responder a emergencias. Una manera de hacerlo es a través de bonos catastróficos que funcionan como un seguro contra desastres que transfiere el riesgo de los gobiernos a los mercados. Y la Alianza del Pacífico, la iniciativa económica y de desarrollo conformada por Colombia, Chile, México y Perú, se ha convertido en punta de lanza en este esfuerzo.
El bono catastrófico de la Alianza del Pacífico, que acaba de ser emitido por el Banco Mundial, es el primer bono de este tipo en el que participa más de un país y es también el de mayor monto colocado hasta ahora [(por más de mil 300 millones de dólares)]. ¿Su objetivo? Transferir el riesgo ante terremotos a los mercados de capital, brindando así protección financiera a los gobiernos de los cuatro países. De esta forma, las autoridades pueden responder rápidamente a una emergencia asegurando la movilización de fondos, la resiliencia fiscal y la rápida recuperación de los recursos.
Si bien México ha recurrido a los bonos catastróficos desde 2006, realizando cuatro exitosas transacciones contra riesgo de terremotos y huracanes, este es el primer bono catastrófico en el que participan Chile, Colombia y Perú.
El “Cat bond” de la Alianza del Pacífico tuvo una fuerte demanda al ofrecer a los inversionistas un nuevo tipo de diversificación, al combinar riesgos no correlacionados de cuatro áreas geográficas distintas. Cada país definió los términos y parámetros de cobertura con base en sus necesidades particulares.
El bono catastrófico de la Alianza del Pacifico es una muestra más de la innovación que se genera cuando el Banco Mundial y la región de América Latina y el Caribe trabajan en conjunto, en este caso ampliando el arsenal de instrumentos financieros disponibles para hacer frente a desastres naturales.
Los bonos catastróficos deben ser vistos como parte de un conjunto más amplio de medidas para la gestión de riesgo y que complementan a otros instrumentos con que cuentan los países, como los fondos de emergencia y las líneas de crédito contingentes. La Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos del Caribe, otra innovación en la que participó el Banco Mundial en la región, fue la primera fuente de pago a los países afectados tras los devastadores huracanes del año pasado.
Construir sociedades resilientes es algo más que reducir las vulnerabilidades en diversos frentes. Resulta crucial diseñar e implementar las políticas y medidas necesarias para blindar la economía, y salvaguardar el bienestar de la población en caso de una emergencia.
Anticipar el impacto que puede tener un imprevisto y sumar esfuerzos para mitigarlo de forma conjunta, como lo han hecho los países de la Alianza del Pacífico, es un gran paso en materia de integración regional, mismo que sin duda pone a América Latina a la vanguardia en el manejo de riesgo a nivel global. Seguramente otros países del mundo aprovecharán esta innovación para seguir avanzando en su lucha por erradicar la pobreza y promover la prosperidad compartida.
*Jorge Familiar es Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe
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