No cabe ninguna duda que, hoy por hoy, necesitamos y hasta dependemos de una diversidad de herramientas informáticas, sistemas de comunicación integrados y aplicaciones sofisticadas en adición a los más variopintos e ingeniosos aparatos tecnológicos de todos los tamaños y todas las formas.
Nuestra dependencia se pone en evidencia cuando la tecnología falla. Veamos, sino, el caos que se forma cuando estamos en la cola del supermercado o en la ventanilla del banco y nos informan que “el sistema se colgó”, “el sistema de cayó” o demás frases similares. Los más jóvenes no conciben estar sin algún aparato tecnológico en la mano, todo el día, situación que genera tal estrés y sensación de dependencia que algún problema psicológico, seguramente, se presentará en el futuro aparejado a estas “nuevas tecnologías”.
El comercio exterior, por cierto, no es ajeno a esta problemática. Es bueno advertir que, en esta materia, el uso de tecnologías de la información y procesos automatizados no constituyen una moda sino una necesidad y, más aún, una obligación impuesta, principalmente, por compromisos derivados de los tratados internacionales suscritos por el país en los que, de manera indefectible, se regulan los temas de la facilitación del comercio y de la simplificación de los procedimientos aduaneros.
El dinamismo de los flujos comerciales que ingresan y salen del país depende, y en mucho, de la utilización de estas herramientas tecnológicas. El control “inteligente” sustentado en la utilización de indicadores y perfiles de riesgo también depende de dichas tecnologías.
Los procedimiento aduaneros, indispensables para asegurar la necesaria fluidez en las operaciones de comercio exterior, son “operativizados” mediante la elaboración y actualización de programas y soluciones informáticas. Dichos programas se nutren de las consideraciones legales (requisitos, plazos, etc.) que son extraídas de las normas que regulan el régimen aduanero de que se trate.
Entenderíamos, entonces, que en el procedimiento de creación de un programa informático que gobernará la “operatividad” de un procedimiento aduanero participarían, cuando menos, la persona que evalúa los requisitos impuestos por la ley (en principio, un abogado) y la persona que genera el programa en base a dichos requisitos (en principio, un programador).
La labor de ambos funcionarios, entenderíamos también, resultaría muy estrecha en el proceso de implementación del respectivo programa informático, situación que, resultaría lógico, comprendería también la generación de protocolos a seguir en caso que el “programa se cuelgue” (apoyo “help desk” con que toda institución normalmente cuenta.) No obstante, esto no resulta suficiente.
En la práctica verificamos situaciones que develan la no necesaria actualización oportuna de programas informáticos relacionados con determinados regímenes aduaneros y/o la rigidez de estos programas ante situaciones o supuestos no previstos al momento en que el programa fue creado.
¿Cuántas veces los operadores de comercio exterior se encuentran ante situaciones que podrían resumirse en “no se puede porque el sistema no lo permite”?. Es decir, el sistema informático no está preparado para dar la solución que legalmente debe corresponder.
Al respecto, es de comentar que todo sistema informático es falible, partiendo del hecho que resulta imposible que la persona que lo desarrolla pueda prever la diversidad de situaciones que se pueden suscitar.
El comercio exterior es, particularmente, dinámico y rico en casuística, encontrándose en permanente evolución. Esa es su esencia y muchas veces es la propia tecnología la que acelera esta dinámica del cambio.
La facilitación del comercio, como concepto, abona por la fluidez de los procedimientos aduaneros. Las herramientas informáticas resultan indispensables para dichos fines. Dichas herramientas no solo deberán ser permanente y oportunamente actualizadas sino también adaptarse a las nuevas necesidades que el comercio impone. Dicha adaptación requiere de soluciones informáticas ágiles y oportunas.
La falta de adecuados protocolos que contemplen estas situaciones origina, indefectiblemente, innecesarias demoras y sobrecostos para los operadores de comercio exterior.
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