Fue muy grato para mí haber participado hace unos días en un Congreso Internacional en Comercio Exterior y Aduanas que congregó a expertos de 8 países de la región para debatir ideas sobre los impactos del COVID-19 y la forma en que estas materias cambiarán hacia el futuro.

Una de las principales conclusiones se centró en la necesaria aceleración en la digitalización de procesos que ya se venía experimentando en la región. En Perú, dicha digitalización encuentra cabida en un marco legal ya establecido sobre Gobierno Digital pero que requiere ser “aterrizado” en todas las entidades sectoriales con competencia en el control y supervisión de las operaciones de comercio exterior y la materia aduanera.

No obstante, genera preocupación la brecha digital aún presente en el Perú. Conforme a un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de abril del presente año, aproximadamente el 52% de la población no cuenta aún con acceso a internet, problema no menor y que levanta muchas dudas sobre el uso generalizado de ventanillas virtuales, y la consecuente prescindencia de ventanillas físicas,para la presentación de declaraciones, formulación de pedidos e interposición de medios impugnatorios ante la autoridad aduanera y otras entidades sectoriales.

En todo caso, y partiendo del pacífico entendimiento de que el proceso de digitalización es irreversible, se deberían aún seguir empleando tanto las ventanillas físicas como los mecanismos de trámite tradicionales, a fin de no generar más perjuicios que beneficios en algunos sectores de la población;pensando en que, conforme a reciente información presentada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en el Perú de 8,000 empresas exportadoras, el 72% son pequeñas y medianas.

Un dato importante que no pasó desapercibido fue que al 26 de mayo de 2020 en Uruguay el número de casos detectados de COVID-19 ascendía a 907 y el de fallecidos a 26. Ello, según se informó, debido no sólo a las disposiciones sanitarias dictadas por el gobierno de cumplimiento voluntario, sino también al alto nivel de responsabilidad que el poblador uruguayo, en general, mantiene. Esto permitió que nila producción ni el comercio en este país se hayan visto tan severamente afectados como ocurrió en el resto de países de la región.

Esto nos lleva a concluir que altos niveles de confianza del gobierno en sus ciudadanos generarían, o podrían generar, bajas tasas de afectación de las actividades económicas y, por supuesto, de las actividades del comercio exterior. Estos niveles de confianza no se presentarían necesariamente en el resto de países de la región, en donde, probablemente con cierto nivel de justificación, los gobiernos se muestran más “paternalistas” y se advierte un alto nivel de desconfianza que se aloja en los procedimientos que regulan el día a día de las operaciones de importación y exportación.

Esta realidad podría afectar negativamente las necesidades de digitalización que los procesos aduaneros y las operaciones de comercio exterior requieren, en cuanto al componente de automatización que le es inherente. Esto es, el generar procesos que prescindan del todo, o casi del todo, del factor humano, dejando a cargo de máquinas y algoritmos el análisis de la data disponible considerando factores de riesgo previamente establecidos. Un alto nivel de desconfianza podría generar un mayor grado (al necesario o esperado), de intromisión del factor humano, pasándose de procesos de aprobación automática a un alto e innecesario número de procesos de aprobación previa. Este tipo de modelos viene afectando seriamente, por ejemplo, a la Argentina con las llamadas “licencias no automáticas” para autorizar operaciones de exportación.

Otro aspecto relevante fue el tema de la competitividad. En Perú, y conforme a un informe del Banco Mundial del 2016 (cuyos resultados aún se muestran como vigentes), se presentan costos evitables por contenedor exportado en un margen aproximado de US$300, lo cual originó que en 2019 se hayan producidos costos evitables (sobrecostos) en las operaciones de exportación por un total de US$650’000,000.

En medio de los cambios dramáticos y vertiginosamente acelerados que experimentarán las operaciones de comercio exterior el gran reto será no sólo detectar y evitar sobrecostos “tradicionales”, sino también detectar y evitar aquellos “nuevos”sobrecostos que surjan del proceso de digitalización en el que estamos inmersos y que se seguirá desarrollando cada vez de modo más intenso. Esto resultará determinante en el Perú si tenemos en consideración que, conforme al Decreto Legislativo 1492, publicado el 10 de mayo de 2020 y próximo a entrar en vigencia con la publicación de su Reglamento, se prevé la obligatoriedad de digitalizar las operaciones de comercio exterior tanto a nivel de la interacción entre privados con el sector público como entre privados en sí, en los diferentes eslabones de la cadena logística. Todo ello, con la supervisión de MINCETUR como entidad competente para vigilar el cumplimiento de esta disposición.

En materia de atracción de inversiones, las mismasque se prevén estarán esquivas en los próximos tiempos, resulta importante el impulso que Colombia le sigue dando a las regulaciones sobre zonas francas, lugares estratégicos para este país en donde ya se están evaluando los efectos en dichas áreas de la regulación en materia de comercio electrónico y de teletrabajo, así como los grandes desafíos que ello supone. En Perú, desafortunadamente, las reglas sobre zonas francas y similares no han experimentado aún un desarrollo adecuado y siguen sin despegar conforme a lo esperado.

Se estima también que los impactos del COVID-19 generarán cambios en la matriz de riesgo de las operaciones de comercio exterior con efectos previsibles a nivel, incluso, de los Operadores de Comercio Exterior (OEA). En Brasil, por ejemplo, se sostiene que el componente sanitario formará parte importante de los programas OEA tanto en lo referente a la seguridad como a nivel de cumplimiento normativo, con el impacto que ello se prevé tenga en lo que se refiere a la suscripción o actualización de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, uno de los beneficios más atractivos para los exportadores OEA.

El cambio en la matriz de riesgo no sólo podría impactar los programas OEA sino también la gestión del riesgo desarrollada a nivel de los despachos aduaneros (asignación de canales de control). Con ello, se buscaría generar mecanismos alternativos al reconocimiento físico tradicional lo que implicaría el uso de sistemas de control remotos e, incluso, de inteligencia artificial aplicada a estos procesos.

Inquietudes similares presentaron Ecuador, Chile y Venezuela en donde se vienen analizando los efectos del COVID-19 respecto de la digitalización y automatización de los procesos aduaneros en un contexto aún incierto. En estos países, al igual que en el Perú, ya se venían experimentando avances en estos temas e igualmente se vienen asimilando los cambios a los que hemos hecho referencia anteriormente. No obstante, se comparte la inquietud derivada del hecho de no tener certeza si las mejoras advertidas en pro de la digitalización y aceleradas por la pandemia, perdurarían en un periodo post COVID-19 o si, por el contrario, podrían ser de alguna manera desarticuladas en un futuro próximo.

Finalmente, se hizo referencia a un tema interesante que consiste en el proceso de desglobalización que venía experimentando el mundo y que se ha intensificado debido al COVID-19, que pasa por hacer frente a un contexto mundial en el cual las cadenas de suministros han sido rotas de modo abrupto por el cierre de las fronteras nacionales y en el que las medidas restrictivas al comercio que han venido siendo implementadas podrían despertar en los gobiernos ciertos afanes proteccionistas. Esto nos pone en un nuevo contexto internacional en donde se prevé una posible transición hacia la generación de cadenas regionales de valor, la reformulación de las de fuentes de suministro y la acumulación de reglas de origen, con la particularidad que ninguno de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los países de la región pueda haber previsto estipulaciones para hacer frente a un escenario de pandemia y emergencia sanitaria como el que estamos viviendo.