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Desafíos del Perú ante la COP28

Elaborado por: Nicole Freire, asociada principal del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International

En diciembre de 2023 se realizó en la ciudad de Dubái la 28° edición de la conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), conocida también como COP 28. El evento reunió a los 198 países, entre ellos el Perú, que ratificaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, quienes abordaron temas cruciales tales como la aceleración de la transición energética y la reducción de las emisiones antes del 2030. También se exploraron propuestas para establecer un nuevo marco en cuanto a la financiación climática y la importancia de colocar a la naturaleza, las personas y los medios de subsistencia en el núcleo de las estrategias y acciones relacionadas con el cambio climático, entre otros asuntos relevantes.

Durante la COP 28, el Perú alcanzó acuerdos y logros significativos, entre los acuerdos se destaca la aprobación del marco normativo para el Fondo de Pérdidas y Daños. Esta iniciativa, supervisada por el Banco Mundial, busca compensar a los países más vulnerables ante el cambio climático. Sin embargo, a pesar de ser un avance importante, surgen algunas interrogantes como la no obligatoriedad de las contribuciones al fondo, en la que algunos sostienen que los países que más han contribuido al cambio climático son quienes deben aportar. Además, surge la necesidad de definir la sostenibilidad a largo plazo del fondo.

Por otro lado, el Perú formará parte del Comité del Fondo para Pérdidas y Daños durante los primeros tres años. Aquí es importante resaltar la iniciativa propuesta por el Ministerio del Ambiente (MINAM) sobre la creación del Fondo Climático para Mujeres Indígenas. Dicha propuesta contará con dos componentes: fortalecimiento de capacidades y liderazgo; y recursos para la acción climática[1]. Asimismo, el Perú se adhirió a 10 iniciativas globales para promover la agricultura sostenible, el enfoque de género, el clima y la salud, los manglares, entre otros.

Adicionalmente, se fortaleció la cooperación con Noruega en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), con un financiamiento de 10 millones de dólares para ser ejecutados en el 2024 y 2025[2]. La DCI es un acuerdo voluntario de cooperación firmado por Perú, Noruega y Alemania para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la deforestación y degradación de los bosques en el Perú. El objetivo de la DCI es contribuir con la reducción de la deforestación a través del diseño de implementación de políticas públicas.

En esa línea, el Perú, como parte de su lucha contra el cambio climático, asumió el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40 % para el año 2030, con la meta de convertirse en un país carbono neutral para 2050. Ante ello, se viene implementando la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, que guía las acciones a nivel nacional, regional y local. Esta estrategia aún se encuentra en proceso de actualización. Una vez concluida, este permitirá cumplir con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), asumido mediante el Acuerdo de París, y contar con una estrategia de largo plazo. Al ser una política nacional, los distintos sectores deben incorporar acciones de adaptación y mitigación en sus instrumentos de gestión, planificación y presupuesto.

El panorama es prometedor y a la vez desafiante. El Perú presenta varios retos ambientales por cubrir. Un desafío urgente es frenar la deforestación. En diciembre de 2023, el Congreso aprobó la modificación a la Ley Forestal y Fauna Silvestre[3]. Esta propuesta modificatoria[4] ha sido fuertemente cuestionada, pues ha introducido cambios significativos en la gestión de uso de tierras, como, por ejemplo, eliminar la necesidad de contar con una autorización previa de zonificación forestal para modificar el uso terrenos. Antes, era vital contar con esta autorización para la determinación de las zonas para actividades de agricultura, ganadería, y aquella para la preservación del patrimonio forestal. También se elimina el procedimiento de autorizaciones de cambios de uso de áreas privadas, lo cual podría generar mayor afectación sobre los bosques de la Amazonía.

La necesidad de fortalecer la implementación y aplicación efectiva de las leyes existentes, así como la creación de nuevas políticas que aborden los vacíos legales, se presenta como un imperativo. La participación activa de diversos sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, se convierte en un elemento esencial para superar estos desafíos y avanzar hacia un marco normativo más sólido y sostenible que proteja el entorno natural del país para las generaciones futuras. En este contexto, el compromiso y la colaboración se erigen como piedras angulares para impulsar cambios significativos que permitan conciliar el desarrollo con la preservación ambiental.

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