Por David Rosas
Miles de jóvenes peruanos se movilizaron en las últimas semanas para protestar contra una ley aprobada por el Congreso de la República del Perú. Se trataba de una norma que buscaba promover la contratación formal de los jóvenes y atacar así el severo problema de la informalidad juvenil que afecta al país: actualmente un 80% de los peruanos de 15 a 24 años que tienen un empleo no cuentan con una pensión. Para motivar a las empresas a contratar formalmente y capacitar a los jóvenes, la ley estipulaba el recorte de ciertos derechos laborales. Finalmente, las voces de protesta se hicieron escuchar y el mismo congreso que había aprobado la ley terminó derogándola a finales de enero.
Independientemente de si estaba bien diseñada o no, esta ley trataba de enfrentar la informalidad, un problema real de los jóvenes al que, de una u otra forma, el Perú debe hacer frente. Adicional a los cambios regulatorios, existen también otro tipo de intervenciones que han demostrado ser efectivas y en las que el gobierno debe invertir. Así, muchos países del mundo desarrollan Políticas Activas de Mercado Laboral (PAML) que buscan la rápida y eficiente inserción o reinserción en el mercado laboral de trabajadores, desempleados o personas vulnerables de difícil inserción laboral, como son los jóvenes (BID, 2013). Entre las principales PAML se encuentran los servicios de intermediación laboral, como los Servicios Públicos de Empleo, que reducen los costos tanto de búsqueda de empleo para las personas como los de reclutamiento para las empresas. Las evaluaciones de impacto generalmente muestran que estos servicios son costo-efectivos (Kluve, 2006, 2010). Las PAML también incluyen los servicios de capacitación para desempleados, jóvenes y otros grupos vulnerables, que buscan mejorar sus habilidades para favorecer su inserción laboral y que, según estudios que analizan experiencias en América Latina, pueden incrementar las posibilidades de obtener un empleo formal (González et al., 2012).
El Perú no se queda atrás y ya cuenta con varias Políticas Activas de Mercado Laboral que ofrece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Aunque, tradicionalmente, estas políticas han recibido poco apoyo del Estado y enfrentan importantes retos en términos de cobertura y de calidad, esta situación está cambiando. En 2012, el MTPE creó la Ventanilla Única de Promoción del Empleo (VUPE) para articular y ofrecer en un solo espacio físico doce servicios de promoción del empleo (mencionados en el video que acompaña este post) que tienen como finalidad la inserción laboral, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de emprendimientos sostenibles. De estos servicios, dos están explícitamente focalizados hacia jóvenes: Certificado Único Laboral (CUL) y Capacitación laboral, el cual se ofrece a través del programa Jóvenes a la Obra. También está el programa de Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE) que atiende principalmente a jóvenes. Actualmente existen 26 oficinas VUPE en áreas urbanas de 23 regiones del país. Todas comparten una única imagen corporativa y deben ofrecer los doce servicios. Los gobiernos regionales son los encargados de sus respectivas VUPE y el MTPE es el encargado de brindarles asistencia técnica.
El potencial de la VUPE es grande y constituye un avance importante hacia un sistema moderno de intermediación laboral. La gestión de ventanilla única viene siendo implementada en los países desarrollados, ya que permite proporcionar una asistencia más eficiente (Mazza, 2011). El Perú y México son pioneros en la integración de este tipo de servicios en la Región. El BID viene apoyando estrechamente al MTPE para repotenciar la ventanilla y, en particular, poder incrementar la cobertura y la calidad de los servicios que ésta ofrece a los jóvenes y de aquellos servicios que son indispensables para su óptimo funcionamiento, como son por ejemplo la bolsa de empleo y el acercamiento con el sector productivo. Así, prontamente el país podrá contar con más jóvenes capacitados y más colocados en empleos formales.
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