por Gema Sacristán. Directora General de Negocio de BID Invest
Primero llegaron los bonos verdes, con una primera emisión en 2007 por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ligados a la financiación de proyectos medioambientales. Diez años más tarde y ya con las dos mayores agendas internacionales de desarrollo de la historia en ejecución —los compromisos del Acuerdo de Paris y la Agenda 2030 plasmados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible— hicieron su aparición otra variante de bonos con propósito, los sociales, que están empezando a tomar vuelo en el mundo de la inversión responsable y de impacto.
La diferencia de los bonos sociales es que, como su propio nombre indica, son utilizados para financiar proyectos de beneficio social. Los casos más comunes son la construcción o promoción de viviendas asequibles; proyectos de inclusión financiera; desarrollo de comunidades e infraestructuras básicas como hospitales, colegios, sistemas de agua potable, alcantarillado o saneamiento. En algunas ocasiones también buscan beneficiar un colectivo específico como pueden ser los más desfavorecidos, desempleados, emigrantes, niños, mujeres o personas con discapacidad.
En 2018, en total se emitieron 14.000 millones de dólares en bonos sociales, un 38% más que en 2017, según los datos recopilados por Climate Bonds Initiative. Es verdad que apenas supone un 8% del total emitido el año pasado en bonos verdes (167.300 millones de dólares) debido, en buena medida, a la mayor complejidad que tienen los bonos sociales. Como a los verdes, a los bonos sociales se les exige más dosis de transparencia que a las emisiones convencionales. Además, tienen que cumplir con ciertos estándares internacionales: los más relevantes actualmente son los establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA en sus siglas en inglés), aunque la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN) ha desarrollado sus propias guías y la Unión Europea trabaja en la misma dirección.
Pese a sus mayores exigencias, en el mercado se observa un creciente interés por los bonos sociales. Alemania, Holanda, España, Japón y Australia figuran entre los países líderes y más recurrentes en el mercado.
América Latina y el Caribe también ha hecho sus primeras incursiones. El caso más reciente se ha llevado a cabo precisamente aquí, en Perú. Me refiero a la emisión realizada por Banco Pichincha de Perú de bonos sociales a diez años por un importe total de 13 millones de dólares. Tiene como objetivo aumentar la inclusión financiera, dirigiéndose a fortalecer el empoderamiento de la mujer a través de microfinanzas, y a financiar el capital de trabajo y vivienda de las micro y pequeñas empresas. Además, puede llegar a contribuir a seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030, desde fin de la pobreza (No. 1), a igualdad de género (No. 5), trabajo decente y crecimiento económico (No. 8), industria, innovación e infraestructura (No. 9), reducción de la desigualdad (No. 10), y el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles (No. 11).
Se trata del primer bono social de Perú y el primero que realiza un banco privado en la región. La operación ha contado con la participación de BID Invest, el brazo de inversión para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para su estructuración y adquisición, y ha sido verificada con una segunda opinión por Vigeo Eiris, empresa especializada en evaluar este tipo de proyectos.
Con esta emisión, Perú se suma a otros tres países de la región que saltaron recientemente a este innovador mercado. Por un lado, Colombia está impulsando el empleo y la reducción de desigualdades en zonas rurales con grupos vulnerables con una emisión de Bancoldex. Chile, por su parte, ha realizado dos operaciones hasta la fecha: una emisión de BancoEstado para reducir la desigualdad social y promover la equidad de género, y otra, el pasado noviembre, realizada por la Caja de Compensación Los Héroes para promover la inclusión financiera. Por último, México, con la operación de Nacional Financiera, espera mejorar el empleo, aumentar la inclusión, reducir las desigualdades y apoyar el desarrollo.
Hasta el momento, apenas se han dado operaciones del sector privado. Una de las operaciones más recientes, en marzo del año pasado, la protagonizó la multinacional francesa Danone, que emitió bonos sociales por importe de 300 millones de euros para financiar proyectos con impacto social. Aunque todavía tímida, esta incursión corporativa es una señal de que algo está cambiando.
Estamos solo al principio de lo que puede llegar el mercado de bonos sociales, a medida que vemos cada vez más empresas comprometidas con lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bastaría con aplicar a los bonos sociales las innovaciones que se están dando en los bonos verdes para que el mercado se disparase a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe, en profundidad y en posibilidades.
* Gema Sacristán. Directora General de Negocio de BID Invest, brazo privado del Grupo BID
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