La Real Academia Española (RAE), define fraude como una “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete; un acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros; o un delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos”; y para el caso de fraude de acreedores, como dicho del acto del deudor: que es generalmente simulado y rescindible, y deja al acreedor sin medio de cobrar lo que se le debe.”.

Algunos ejemplos serían vender un bien que encierra vicios conocidos por el vendedor, pero no informados al comprador; adulterar ganancias para pagar menos impuestos; sobornar o, en el caso de fraude de acreedores, aceptar una letra de cambio a sabiendas que no se honrará el compromiso.

Por otro lado, el Fraud Examiners Manual define el riesgo de fraude como “la vulnerabilidad que enfrenta una organización de personas capaces de combinar los tres elementos del Triángulo del fraude de Donald Cressey (presión/necesidad, oportunidad y racionalización); que además puede provenir de fuentes tanto internas como externas a la organización y es uno de los muchos tipos de riesgos administrados. Asimismo, define los fraudes como actos en los que un empleado, gerente, funcionario o propietario de una organización comete en perjuicio de esta.”.

Como se puede apreciar, el fraude tiene fundamentalmente dos aristas: el afectado y el beneficiado. Cada una de estas partes puede estar conformada por personas naturales o jurídicas; teniendo en consideración, además, que quienes cometen dichos actos en las personas jurídicas son quienes la dirigen o administran: las personas naturales.

De lo mencionado en el párrafo anterior, se desprende la importancia de definir claramente los valores organizacionales que cada empresa debe privilegiar sobre la base de la misión y visión de sus accionistas y directores, para lograr la rentabilidad esperada junto con su sostenibilidad; así como el establecimiento de un código de ética que defina los principios y parámetros sobre los cuales desempeñarse para la realización de sus negocios.

En ese sentido, la RAE indica como una de las definiciones de ética un “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”.  De allí la relevancia de que cada una de nuestras organizaciones establezca, apruebe y mantenga un código de ética acorde con sus estándares, que contenga como mínimo aspectos relacionados con:

1. Mensaje del Directorio y la Alta Gerencia
2. Misión, visión y valores
3. Glosario de términos con definiciones básicas
4. Conflictos de interés
5. Independencia
6. Derechos y responsabilidades de los principales grupos de interés: accionistas, directores, plana gerencial, colaboradores, clientes, proveedores, competencia, órganos reguladores y comunidad en general, entre otros
7. Importancia del cumplimiento de las normas legales aplicables, incluyendo aspectos de privacidad y protección de datos personales
8. Programas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; y fraude en general
9. Utilización de los activos tangibles y de información de la empresa
10. Regalos, donaciones, obsequios, favores y cortesías; tanto entregadas como recibidas
11. Actividades políticas
12. Entretenimiento y eventos sociales
13. Procedimientos de consultas y canalización de denuncias
14. Declaraciones juradas de comportamiento ético
15. Anexos que permitan dar claridad a los puntos anteriores

Todo ello acompañado de una detallada y específica definición y revisión permanente de los perfiles de cada uno de los puestos de nuestras organizaciones, para que, en función al nivel de exposición al riesgo de fraude antes definido, puedan realizarse las capacitaciones específicas con sus respectivas casuísticas, complementadas con adecuadas actividades de control que ayuden a gestionar la potencial materialización de este riesgo a niveles razonables para la empresa.

Un medida muy importante en esta dirección es que las áreas de recursos humanos, desde el momento de la búsqueda, contratación y retención del personal, cuenten con los procedimientos de debida diligencia que aseguren que las personas reclutadas cubran no sólo con las competencias hard y soft requeridas, sino también con las expectativas de adecuado comportamiento ético, en concordancia con los códigos, protocolos, políticas y procedimientos establecidos por la compañía.

Finalmente, como podemos intuir, la variedad y multiplicidad de actividades fraudulentas a las que se encuentra expuesta una organización es vasta y, sin duda, abarca aspectos de corrupción, apropiación indebida de activos y fraude financiero.

La tarea al interior de las organizaciones no es fácil ni única, por el contrario, debemos estar permanentemente alertas de cómo nuestras actividades van evolucionando junto con la forma de interactuar con nuestros grupos de interés, para así colocar los candados y establecer actividades de control que nos permitan gestionar nuestra exposición al riesgo de fraude de una manera estructurada, que se inicie con el establecimiento de un adecuado gobierno corporativo, una estructura de gobernanza que permita la evaluación del riesgo de fraude (impacto y probabilidad de ocurrencia), identificación y definición de controles acordes, información y comunicación; y, finalmente, actividades de supervisión y monitoreo que permitan un círculo virtuoso de protección al valor de la organización.  “El fraude es el homenaje que la fuerza paga a la razón.”. (Charles Curtis -Vicepresidente).