La semana pasada me enteré de que es posible que pronto nos dejen de cobrar comisiones bancarias cuando transferimos dinero de un banco a otro, así como cuando pagamos la tarjeta de crédito de un banco desde cuentas en otro. Me puse muy contento.
Me puse muy contento también cuando, algunos años atrás, el Congreso impuso límites a las tasas de interés. ¡No más tasas leoninas por préstamos y tarjetas de crédito!
Y qué feliz me pondría si prohibieran también el cobro de la membresía anual de tarjeta de crédito, o la comisión cuando retiras dinero de un banco usando un cajero de otro banco.
No hay nada más popular y engañosamente positivo que eliminar por ley los cobros por los servicios que los consumidores usamos. O controlar por ley precios que pueden parecer muy altos. Podemos sentir que se ha hecho justicia, o que, finalmente, alguien le pone el pare a los bancos, siempre tan abusivos, pero enormemente lucrativos.
Los congresistas lo saben y hoy más que nunca necesitan con urgencia salir del hoyo de la impopularidad en el que están metidos. Hay toda una gama de problemas cuando se decide eliminar así los cobros de servicios financieros, por ley, desde el fuero político. Es una guerra avisada.
Cuando se prohíbe una comisión bancaria sin un adecuado análisis, se desincentiva la innovación y se atenta contra la sostenibilidad de una actividad. Veamos. Los bancos, financieras y cajas pagan una tarifa por cada transferencia interbancaria a la Cámara de Compensación Electrónica, empresa que administra la “carretera virtual” que hace posible esas operaciones.
Gracias a los cobros que hace, esa empresa puede invertir cada cierto tiempo en mejorar su infraestructura y hacer más eficientes las transferencias. De hecho, hace poco invirtió una cantidad importante de dinero para permitir que las transferencias interbancarias puedan ser inmediatas.
Hay algunos bancos que optan por asumir ese costo y ofrecen transferencias gratuitas, y otros que deciden trasladarlo a sus clientes. Y esta diferencia radica en evaluaciones y decisiones estratégicas y comerciales de cada uno. Este columnista, por ejemplo, procura centralizar sus operaciones en bancos que no cobran por transferencias. Se han ganado mi preferencia.
Por ejemplo, una medida que, sin distorsionar, fomentaría la competencia, podría ser difundir intensivamente tarifarios donde destaquen las opciones gratuitas. Pero forzar esa gratuidad traerá cola, pues no todas las instituciones financieras tienen necesariamente la capacidad de asumir esos costos y no trasladarlos a los usuarios.
Además, la iniciativa del Congreso discrimina entre tipos de entidades. Creyendo que les hacen un favor a las microfinancieras, como son las cajas municipales, rurales y cooperativas, las están dejando fuera de la obligación de no cobrar por transferencias. Suponen que sus menores recursos o espaldas financieras las pone en desventaja frente a los poderosos bancos que sí pueden asumir ese costo. Pero lo que no ven es que los clientes de esas microfinancieras podrían preferir una migración a los bancos justamente para evitar esos cobros.
Diversas investigaciones sobre los efectos de la eliminación antitécnica de cobros de comisiones bancarias en el mundo han encontrado efectos nocivos diversos, como son la reducción en la oferta y en la calidad de los servicios, un aumento en las tarifas de otros productos y en las tasas de interés, y una disminución en la inclusión financiera.
Pero la evidencia claramente importa nada si el objetivo no es realmente el de proteger al consumidor, sino el de buscar popularidad. Hace pocos años, cuando trabajaba para el sector financiero, traté de convencer a los legisladores para que no impusieran límites a las tasas de interés. La evidencia era inmensa y contundente. Era una guerra totalmente avisada.
Hoy vemos con mucha pena cómo proliferan los delincuenciales préstamos gota a gota entre quienes deberían estar accediendo a crédito formal. Hay también evidencia de miles de casos en los que el crédito que era caro, pero formal, regulado y -ante todo- disponible, ahora ya no existe.
La de ahora también es una guerra avisada. Tratemos de sumarnos y alertar todos juntos y fuerte. A lo mejor así logramos disuadirlos. De lo contrario, lo único que les quedará a empresas de muchos sectores estratégicos del país será resignarse a gestionar un cada vez más grande riesgo regulatorio, es decir, la imposición de medidas regulatorias sin tomar en cuenta consideraciones técnicas y, sobre todo, la evidencia.
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