Por Bas B. Bakker y Tobias Roy

Las decisivas y rápidas medidas del gobierno han contenido hasta el momento la propagación de la COVID-19 en Paraguay. Diecinueve personas han perdido la vida, de alrededor de 2.100 casos, en una población de 7 millones (aproximadamente, dos personas por cada millón de habitantes). La vecina Bolivia tenía más de 31.000 casos y registró más de 1.000 decesos en una población de más de 11 millones.

Pero el impacto en la economía ha sido grave. En enero, proyectamos un crecimiento de por lo menos 4% este año, y había indicios que apuntaban a que éramos pesimistas. Gracias al repunte de la agricultura tras la sequía y las inundaciones del año pasado, el crecimiento económico prometía ser vigoroso en 2020. Después de la profunda recesión sufrida a fines de la década de 1990 y comienzos de la siguiente, Paraguay creció a una tasa promedio de más de 4% durante los últimos 15 años, favorecido por el auge de los precios de las materias primas y sólidas políticas macroeconómicas.

Entonces golpeó la pandemia. Al igual que en otros países, el confinamiento asestó un duro golpe a la actividad económica. El consumo y la inversión se desplomaron. En abril la importación de bienes de capital estuvo 60% por debajo del nivel registrado un año antes. El turismo y el comercio internacional también se evaporaron. Según nuestros pronósticos actuales, el PIB de 2020 será de -5%, pero la profundidad exacta de la recesión es difícil de predecir.

La pandemia y la recesión tuvieron un fuerte impacto en las finanzas públicas de Paraguay, debilitadas ya por la sequía del año pasado, que duplicó el déficit a casi 3% del PIB. Aunque el plan era contener el déficit, el impacto de la pandemia hace que sea una tarea imposible, y también desaconsejable. El gasto en atención de la salud y protección social ha pasado a ser urgente en un momento en que el confinamiento impacta en los medios de vida de las personas.

Las medidas de contención adoptadas por Paraguay dieron resultado porque las autoridades actuaron con rapidez y firmeza. El primer caso de COVID-19 se reconoció el 7 de marzo. Para el 20 del mes, el país estaba bajo confinamiento total, que duró hasta el 3 de mayo. El Ministerio de Salud Pública aprovechó ese tiempo para ampliar la capacidad de análisis clínicos y rastreo de contactos, lo cual le permitió al país poner en marcha un programa de reapertura gradual («cuarentena inteligente»). Aunque la exigencia de distanciamiento social ya no es tan estricta, el uso de mascarillas en público aún es obligatorio, hay medición de temperatura a la entrada de los edificios, y los clientes y empleados deben lavarse las manos con desinfectantes.

Para poder financiar un déficit fiscal más alto, Paraguay solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), ideado para brindar asistencia con celeridad a países víctimas de desastres naturales u otros shocks, como la COVID-19. A fines de abril se desembolsaron USD 274 millones, que se vieron complementados por la ayuda de otros organismos internacionales.

Próximos pasos

Ahora que la economía está comenzando a reabrir, conviene plantearse los próximos pasos. Tradicionalmente, Paraguay ha aplicado buenas políticas macroeconómicas, con un bajo nivel de déficit y deuda, y eso ha ayudado a evitar los ciclos de auge y colapso experimentados por otros países de la región. Estos sólidos fundamentos guardan importancia ahora que el país traza el rumbo a seguir.

Una vez que la reactivación económica cobre ímpetu, será importante restablecer la salud de las finanzas públicas. El déficit debe regresar al tope de 1,5% del PIB contemplado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El ritmo de la recuperación será lo que determine cuándo se llegará a esa meta. El país tendrá que encontrar un equilibrio entre reconstituir los márgenes de protección y continuar brindando apoyo a la población y la economía.

Para reducir el déficit, será crucial contar tanto con un gasto eficaz como con un ingreso fiscal más abundante. El cociente ingreso fiscal/PIB del gobierno paraguayo es extremadamente bajo, más o menos igual al de África subsahariana y muy inferior al de otros países emergentes. La reforma tributaria del año pasado constituye un primer paso positivo, pero posiblemente no sea suficiente para movilizar el ingreso interno.

Asimismo, será importante seguir reduciendo la brecha de ingreso respecto de los países ricos. Aun antes del estallido de la COVID-19, el crecimiento de Paraguay tenía probabilidades de resultar más lento que el registrado en los 15 años previos, ya que algunos de los factores que lo habían propulsado (el auge de los precios de las materias primas agrícolas y la veloz expansión de las tierras cultivadas) habían perdido fuerza. El aumento del ingreso real ya se estaba desacelerando mucho en comparación con la década de 2000, cuando creció mucho más rápido que elPIB, contribuyendo a una rápida disminución de la pobreza. La explicación radica en el aumento de los precios de la soja, que le permitió al país importar más por cada tonelada de soja exportada. En los últimos años, ocurrió lo contrario, y las tasas de reducción de la pobreza perdieron ímpetu.

Muchos países lograron breves aceleraciones del crecimiento, pero pocos pudieron eliminar la brecha del ingreso. ¿Qué se necesita para lograr una mayor convergencia? La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. Un reciente documento de trabajo del FMI sostiene que la buena gobernanza, un clima de negocios propicio y el capital humano pueden ayudar a los países pobres a incrementar más rápido el ingreso. Paraguay, en comparación con la mayoría de los demás países emergentes, no tiene una trayectoria alentadora en lo que respecta a esos indicadores. El gobierno es consciente de esas dificultades y está actuando para superarlas.

A comienzos de marzo, justo antes de la cuarentena, expertos del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo visitaron el país para evaluar las vulnerabilidades a la corrupción. Sus observaciones ayudarán a elaborar una estrategia nacional y un plan de acción para luchar contra la corrupción y mejorar la gobernanza.

Hace apenas unos días, el gobierno anunció un ambicioso plan de recuperación económica, que busca abordar no solo los problemas a corto plazo relacionados con la COVID-19, sino también cuestiones estructurales de más larga data. A corto plazo, el plan apunta a una mayor inversión pública (lo cual contribuye al empleo), garantías de préstamo para empresas informales y pequeñas (lo cual aborda los problemas de financiamiento) y transferencias sociales a los hogares pobres (lo cual estabilizará el ingreso y el consumo). El plan propone también importantes reformas estructurales, incluida la de la función pública, una evaluación de la ley de responsabilidad fiscal, una reforma administrativa del Estado y mejores sistemas de contratación pública. Todas estas reformas ayudarán a estimular el crecimiento de Paraguay, y son contados los países que han concebido un plan tan holístico de cara a la crisis.

En el futuro, cuando los historiadores analicen la economía paraguaya en 2020 cabe esperar que constaten que la crisis de la COVID-19 fue el comienzo de un período de profundas reformas que encauzó a Paraguay por la senda de un futuro próspero.