Las políticas públicas y los marcos normativos se forman y construyen en base a las influencias que sus autores reciben de las distintas instituciones, organismos e individuos que conforman una determinada sociedad o comunidad. La exhibición de falta de respeto y mal gusto que contaminó parte importante de la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, es sin duda el producto del agresivo y eficaz lobbying de los grupos que representan a la comunidad LGBTIQ + y, en especial a los transgénero y partidarios de la ideología woke. Ciertamente tal exhibición no hubiera sido posible en un país conservador y menos libertario- imaginemos Rusia, China y, para que mencionar, Egipto, Irán u otros. Los promotores saben en qué canchas jugar. Es innegable que la defensa de los derechos a la no discriminación de esas comunidades tiene sustento en un estado de derecho y en una humanidad civilizada, pero en lo visto se puede apreciar el absoluto exceso y desnaturalización de lo que podría considerarse un tratamiento justo y equitativo, para convertirse en una propaganda abusiva y trasgresora que pretende arrasar con valores cristianos y tradiciones que abrazan millones de ciudadanos cuyos derechos sí que son discriminados. Es imperativo restablecer un sano equilibrio de influencias a través de la defensa y la gestión de intereses, valores y principios que van perdiendo representación como consecuencia de un irresponsable walk-over, motivado muchas veces por un mal entendido buenismo o progresismo que pretende ser libertario.
Similar fenómeno vemos en nuestro país en el indetenible avance suicida de una legislación asfixiante y perturbadora de la inversión privada, reflejada por ejemplo en el incremento injustificado de los requisitos para ejercer la minería formal, que se han multiplicado por 10, o en el fortalecimiento de entidades fiscalizadoras de la esforzada actividad formal y legal, en un ecosistema en el que florece libertinamente la actividad informal y, en especial, la ilegal, a las que no se fiscaliza ni supervisa con un mínimo de compromiso y eficacia.
Hacer empresa en el Perú, pequeña o grande, es una odisea que no permite el crecimiento económico y el desarrollo en la medida y con la profundidad que la ciudadanía merece, principalmente porque los marcos normativos y las condiciones de competencia los han distorsionado con perversa eficacia los enemigos de la economía de mercado y el desarrollo y los promotores de la corrupción.
Los afectados deben exigir una representación cabal y oportuna de sus intereses y ponerla en práctica con profesionalismo y mucho compromiso. Las batallas las venimos perdiendo. Es hora de reaccionar.
Felipe Gutiérrez/CEO Concertum
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