“Nuestro problema no es plata, sino organización y gestión”, fue la respuesta del economista y ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski preguntado sobre por qué el Gobierno actual, teniendo recursos, no gasta. Sus declaraciones, ofrecidas en una extensa entrevista publicada el domingo último en el diario El Comercio, aluden a uno de los principales problemas de nuestro Estado: su incapacidad para gestionar de manera eficiente los recursos públicos. Y es uno de los aspectos que, como economista, más me preocupan (no por nada este espacio decidí titularla “Evidencia para la gestión”).
A esta pobre gestión se suma la poca capacidad de las distintas instituciones que hacen monitoreo y evaluación del gasto público. Si bien el Perú ha avanzado mucho en hacer transparentes los montos del presupuesto que se asignan a cada sector y a cada programa, para que el Gobierno realmente rinda cuentas sobre los recursos públicos es imprescindible discutir no solo cómo se asignan los recursos entre distintas prioridades, sino también quiénes terminan siendo los beneficiarios de las mismas. Es más, deberíamos poder saber cuáles son los objetivos que se intenta alcanzar con cada programa que el Estado pone en marcha o sigue financiando. Sólo así será posible saber si en efecto esa es la manera más adecuada de lograr dichos objetivos o si hay maneras más costo-efectivas de hacerlo.
Este Gobierno se ha preocupado por tener un equipo ministerial mucho más técnico que político, que está tomando medidas adecuadas, una de las cuales, por ejemplo, es ceñirse al Presupuesto por Resultados (PpR) y empezar con el monitoreo y la evaluación de diversos programas. Pero todavía un gran porcentaje del Estado se maneja pensando en obtener beneficios personales y no enfocando las decisiones en cómo optimizar el uso de los recursos públicos y emplearlos eficientemente para el bien de todos los peruanos.
El 14 de septiembre, estando a pocos días de elegir a nuestras autoridades municipales y regionales, una encuesta de Ipsos Perú reveló que para decidir su voto, el 58% de limeños se fija en la experiencia y la capacidad de gestión del candidato. Es un dato interesante. Pero como ciudadanos debemos ir más allá: deberíamos poder saber si las decisiones presupuestales son las más adecuadas, las más focalizadas y las de mayor retorno por la inversión realizada. No basta con ejecutar los presupuestos asignados para determinado sector. Lo importante es saber que se están gestionando de la mejor manera posible.
Y que los presupuestos se gestionen de la mejor manera posible significa, además, que se gestionan sin corrupción. Según los resultados de la mencionada encuesta de Ipsos Perú, “solo” el 22% de los limeños presta atención a los casos de corrupción al momento de decidir su voto.
Estos son campos en lo que todavía nos falta mucho por recorrer.
COMENTARIOS
Un buen análisis a partir de las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski “Nuestro problema no es plata, sino organización y gestión”, y la encuesta de Ipsos Apoyo, sin duda tenemos que revertir con urgencia “la mala costumbre” de nuestras autoridades y funcionarios y enfocarlos en la gestión y organización para la ejecución de los presupuestos por resultados y evaluar muy seriamente la capacidad de gestión con transparencia y rendición de cuentas de nuestras autoridades y funcionarios, de lo contrario seguiremos como siempre ejecutando gastos con la prespectiva si hemos gastado todo o a que porcentaje hemos llegado sin importar cuanto cuantos bienes y servicios hemos creado para la población y que cambios finalmente hemos logrado.
Es un tema y una propuesta realista; la rendición de cuentas debe ir más allá de dar a conocer la ejecución del gasto, se debe enfocar la calidad del mismo, la calidad del producto y a quién va o se beneficia. Un excelente artículo.
El análisis realizado me parece interesante, pero de acuerdo a la experiencia, en las regiones aun falta descentralizar el conocimiento (a través de gestores públicos). El Estado ha avanzado en un pequeño porcentaje en este punto (SERVIR y los Programas de Capacitación); pero a pesar de ello LA CORRUPCIÓN se ha incrementado a tal punto de que son alrededor de S/. 10 mil millones al año que se pierden por CORRUPCIÓN (Según la propia Jefa de Gabinete, en la apertura de la V Conferencia Anual Anti-corrupción Internacional en Lima). ¿Que hacer al respecto? es la pregunta que deberíamos plantearnos y encontrar soluciones concretas a este flagelo que agobia a nuestro país.
Una seria debilidad en la gestión de programas y proyectos, se encuentra en la calidad de los instrumentos para el desarrollo de las acciones de monitoreo y evaluación y la presencia de equipo calificado para su ejecución en las instituciones públicas.
Menor costo para el Estado, es mejorar y endurecer las leyes draconianas pero cumplirlas, monitorearlas e ejecutarlas inmediatas.Los corruptos antes de robar se asesoran con abogados especialistas en lavados de activos etc.La Contraloria esta desfasada, no hay liderazgo en esa institucion solo hay corruptos, crear en la PCM equipos de abogados y policias en retiro que se encarguen de investigara y denunciar a los corruptos de las municipalides, regiones, sectores etc. todos sabemos que estas instituciones roban, pero no hacemos nada.El ministerio publico, la policía etc no se abastece estan en otra nota etc etc.
La idea que tengo rondando en la cabeza desde el año 2011 es por qué no se privatiza parte del sistema anti corrupción, con empresas formadas ad hoc para investigar, filmar, grabar a, los funcionarios corruptos como una agencia de detectives. El dinero para financiar a dichas empresas se obtendría de los 10 000 millones de soles ya citados que es el monto que le cuesta al año al estado peruano esta lacra. Para dichas empresas sería un negocio muy rentable y se estimularía con bonos por producción.
Si bien es cierto que, como usted afirma existe una notable incapacidad por parte del Estado peruano para gestionar de manera eficiente los recursos públicos, no debemos olvidar de dónde y de quienes provienen esas capacidades. Como usted menciona el problema anterior es algo que le preocupa como “economista” y sin necesidad de ceñirme a alguna profesión u oficio técnico en particular creo que es más que evidente que quienes expresan algún sentir (llámese este preocupación, indignación o, seguramente con menor probabilidad, satisfacción) y son capaces de plasmarlo en críticas así como de identificar evidencia y alternativas son en su gran mayoría personas vinculadas de alguna u otra forma al ámbito académico. Ahora si acotamos aún más la población en cuestión y tomamos en cuenta la calidad de las herramientas académicas, la población con la capacidad de elaborar tales juicios y “discutir” seguramente se reduce en más de la mitad. Lo que quiero dar a entender es que asuntos como la salud pública, educación y otras políticas sociales deberían poder ser entendidos y con ello evaluados no solo por quienes las estudian o quienes las aplican o monitorean o gestionan. Estas deberían poder ser razonadas y juzgadas principalmente por la población beneficiaria y para ello no solo se necesita una mayor transparencia y difusión de información sino también de los conocimientos necesarios para interpretarlos.
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