La imagen de un padre llevando en sus espaldas a su bebé mientras pide ayuda a una oficial de seguridad ha sorprendido a algunos usuarios de las redes sociales sobre el avance de la equidad de género en el Perú.

Estos nos lleva a preguntarnos si realmente, ¿los roles están cambiando?, ¿hombres y mujeres somos iguales frente a la sociedad?, ¿trabajamos la misma cantidad de horas?, ¿ganamos igual?, ¿recibimos la misma educación? A continuación, me centraré en esta última pregunta.

La educación es un factor clave para el desarrollo, más aún en el caso de las mujeres, donde la inversión en educación no solo reditúa en ellas – un año de educación primaria aumenta sus ingresos futuros en 15%, uno adicional de secundaria los aumenta en 25% -, sino en su familia, madres más educadas cuidan mejor a sus hijos. Según United States Agency for International Development (USAID), cuando 10% más de las niñas de un país van al colegio, su Producto Bruto Interno (PBI) aumenta en promedio 3%.

En nuestro país, en términos generales, la equidad entre hombres y mujeres en términos educativos ha mejorado. Las tasas de cobertura de matrícula de mujeres igualan o superan las de hombres en todos los niveles. Incluso las mujeres poseen mejores resultados en las evaluaciones de compresión lectora en segundo grado de primaria. Sin embargo, cuando se diferencian los resultados entre primaria y secundaria, se observa que la discriminación contra las mujeres en el sector educativo se hace notoria conforme la edad de las y los estudiantes avanza. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2013, mientras el 73.3% de los hombres de 17 años o más poseían al menos secundaria completa, solo el 63.2% de las mujeres de ese grupo etario llegó a ese nivel. La brecha es incluso mayor en las zonas rurales, donde solo cuatro de diez mujeres llegan a completar la secundaria. En cuanto a las regiones, Huancavelica presenta la brecha más amplia, pues el 23.1% de las mujeres de 15 años a más son analfabetas mientras solo el 4.2% de los hombres lo es.

Las anteriores diferencias podrían deberse a que al aumentar la edad, más mujeres que hombres desertan la educación básica – las tasas de deserción de secundaria son 8.4% y 7.3% para mujeres y hombres, respectivamente. Una de las causas principales para la deserción femenina es el embarazo adolescente; según el reporte “Estado de la Población Peruana 2014” del INEI, más de 8 de cada 10 adolescentes peruanas alguna vez embarazadas no asisten a un centro educativo.

¿Qué políticas está aplicando el gobierno ante esta situación? Desde el punto de vista legal, se están planteado iniciativas para la prevención del embarazo adolescente y para evitar la deserción de las que ya estén embarazadas.

En el tema de prevención, está el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012-2021, el cual tiene como uno de sus resultados esperados que las y los adolescentes posterguen su maternidad y paternidad hasta la edad adulta. La meta es que al 2021, se reduzca el embarazo adolescente en 20% de lo reportado en el 2010. Parte de las estrategias planteadas es la inclusión en los programas curriculares de educación primaria y secundaria, la educación sexual y reproductiva, y así los adolescentes conozcan las formas de protegerse de un embarazo no deseado. Igualmente, contempla la capacitación de profesoras y profesores en sexualidad desde un enfoque de género y derechos humanos.

Por otro lado, en octubre del 2010, se publicó una no muy difundida Ley N° 29600: Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo. Según su reglamento, aprobado en el 2013, esta Ley modifica la Ley General de Educación de manera que la prestación de los servicios de educación se debe adecuar a las necesidades de las poblaciones, con especial énfasis en el apoyo a alumnas embarazadas o madres. Además, establece un sistema de becas que garantiza el acceso a la continuidad de los estudios de las alumnas embarazadas o que ya son madres. Por último, prohíbe que las instituciones educativas expulsen o limiten de algún modo el acceso al régimen escolar de las alumnas embarazadas o madres y están obligadas a generar indicadores sobre su avance y eliminar cualquier forma de discriminación hacia ellas.

Si bien estas iniciativas legales están bien orientadas, como en muchos otros casos, de nada servirán si no son efectivamente implementadas. Por otro lado, las políticas orientadas a buscar la equidad de género en el sector educativo deben también considerar la prevención del embarazo adolescente como un aspecto fundamental. Para ello, se debe dar a los jóvenes los conocimientos y herramientas necesarias para la práctica de relaciones sexuales adecuadas y saludables. En Estados Unidos, la National Campaing to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy evaluó que dos tercios de 48 programas de educación sexual en escuelas tuvieron efectos positivos en el comportamiento de los adolescentes. Más del 40% de estos programas demoraron el inicio de relaciones sexuales, redujeron el número de compañeros sexuales e incrementaron el uso de condones y anticonceptivos; casi 30% redujeron la frecuencia del sexo y más del 60% redujeron las relaciones sexuales sin protección.

Por otro lado, en la práctica, la reinserción educativa de las adolescentes que ya son madres es difícil de lograr sin apoyo adecuado. Se necesitan ambientes y servicios personalizados para que puedan atender a la escuela sin descuidar a sus hijos. Wilson y otros (2011) analizaron el impacto de 15 programas a nivel internacional para evitar la deserción de madres adolescentes; los resultados indican que aquellos programas que brindan acompañamiento académico, vocacional, servicios de cuidados infantiles, seguimiento personalizado por caso, etc. logran aumentar las tasas de conclusión en 13 puntos porcentuales.

En conclusión, las medidas preventivas deberían ser más agresivas para dar las herramientas necesarias a los adolescentes; mientras que las correctivas deben crear una oferta educativa adecuada para las y los que ya son madres o padres. 

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Este post fue escrito con la colaboración de Alejandra Sota, analista de Videnza Consultores