El último año ha estado marcado por la inestabilidad y la incertidumbre política. Inestabilidad que alcanzó su punto más álgido con el pedido de vacancia presidencial en diciembre y que, tras el indulto a Alberto Fujimori, no tiene visos de disminuir. Sin entrar a debatir sobre el porqué de la crisis política o emitir juicio alguno sobre las decisiones tomadas, lo cierto es que todo este ruido político tiene un impacto negativo sobre la economía del país. Al respecto, existe extensa literatura sobre la interacción entre la política, la economía y las finanzas que puede explicar cómo este ambiente de incertidumbre afecta la confianza de los agentes económicos, lo que se traduce en menor consumo e inversión privada y, por ende, en menor crecimiento. El economista Carlos Parodi explica de manera muy sencilla las razones por las cuales el ruido político en el Perú afecta la economía.
Pero, además, la inestabilidad política —traducida, por ejemplo, en 25 cambios de ministros en año y medio de gestión— parece también haber frenado al propio sector público. Sin lugar a dudas, en cualquier Gobierno es de esperar que el ruido político, acompañado de constantes cambios en los ministerios, afecte el funcionamiento de los diversos sectores y genere demoras en la implementación de reformas y políticas públicas. Sin embargo, en el Perú el problema, al menos en algunos sectores, parece ser que, ante la debilidad institucional y la falta de objetivos de política claramente definidos, los cambios generan no una demora, sino un freno brusco en el sector. Al cambiarse un ministro, las políticas se paralizan hasta confirmar cuál es el rumbo decidirá seguir.
Hace ya 16 años, el Acuerdo Nacional desarrolló 34 políticas de Estado, entre ellas “garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad…” y “garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna…”. La comparación entre dichas políticas y los planes de gobierno de los 19 partidos políticos que aspiraron a llegar a la Presidencia de la República en el 2016 demuestra el consenso que políticas como las mencionadas generan en la gran mayoría de peruanos. Hoy, sin embargo, la falta de definición del Gobierno, aunada al ruido político, hace que siquiera discutir el mejor camino a seguir para cumplir con estas políticas se vea como algo muy lejano. Más aún cuando alcanzar los objetivos planteados en el Acuerdo Nacional requieren de reformas económicamente costosas —tributaria, laboral, entre otras—.
Lamentablemente, el Perú parece hoy validar la hipótesis de Gobiernos débiles de Guillermo Calvo, donde estos demoran la implementación de reformas necesarias, pero política y económicamente costosas. Sin visos de solución a la inestabilidad política de hoy, nada hace pensar que la espera por estas reformas esté pronta a terminar. ¿Qué hacer entonces? Si bien la implementación de reformas profundas es algo muy difícil de lograr en el contexto actual, el Gobierno debería, por lo menos, establecer lineamientos mínimos para cada sector. Lineamientos que, con más o menos dificultades, orienten el trabajo de cada cartera independientemente de quién la dirija. Lineamientos que disminuyan aunque sea en parte esa sensación de parálisis generada por la incertidumbre política.
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