El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República un importante proyecto de ley que declara el acceso a medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad. Propone fortalecer las funciones del Ministerio de Salud (Minsa) para el abastecimiento y la disponibilidad de estos recursos “a través del correspondiente operador logístico”, y obliga a las farmacias y boticas del sector privado a mantener la disponibilidad de un listado de medicamentos esenciales.

¿Bastan estas medidas para resolver la crónica falta de medicamentos en el sistema de salud?

Recordemos que, como el propio proyecto de ley establece en su exposición de motivos, el 80% de pacientes del sistema de salud peruano recibe una receta, pero solo el 74% accede a la totalidad de medicamentos. La situación es más grave en los centros de salud del Minsa y de los Gobiernos regionales (Ipress), donde solo el 60% de la población recibe la totalidad de la receta, 30% solo una parte y el 10% de pacientes sale con las manos vacías.

Por otro lado, para fomentar el uso de medicamentos genéricos, se requiere confiar en ellos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud (INS) solo ha realizado cinco estudios de equivalencia terapéutica en el país, y sus resultados son preocupantes. Por ejemplo, al analizar algunos medicamentos de amoxicilina y fluconazol, se halló que no son intercambiables porque no cumplen con la equivalencia terapéutica a partir de los estudios in vitro.

Entonces, dado que el problema de acceso de medicamentos es multicausal, requiere soluciones que consideren los diferentes procesos involucrados para lograr una oferta de medicamentos segura, eficaz y de calidad. ¿Cuáles son estos procesos y cuáles son sus actuales restricciones?

El primero es el proceso de evaluación sanitaria a cargo de la autoridad nacional de medicamentos (Digemid). Su desempeño muestra cuellos de botella como el excesivo tiempo que toman los trámites de autorización. Esto limita la oferta de productos, sobre todo de aquellos provenientes de los países de alta vigilancia sanitaria y los considerados de necesidad pública.

El segundo es el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Como explica la Organización Mundial de la Salud, su objetivo principal es proporcionar evidencia de calidad para apoyar la toma de decisiones y mejorar la incorporación de nuevas tecnologías que sean costo-efectivas, centradas en el paciente y con el máximo valor. Esto se hace para garantizar el uso de los mejores medicamentos dimensionando el impacto presupuestal en el sistema de salud. EsSalud ha logrado, a través del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), una capacidad interesante. Sin embargo, sigue pendiente que el Minsa, como ente rector, la despliegue en todo el sector.

El tercero es el proceso de gestión del abastecimiento de recursos estratégicos, que en el Estado es parte del novísimo Sistema Nacional de Abastecimiento a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy tenemos un proceso fragmentado en los subsistemas de salud públicos, donde cada unidad ejecutora compra y maneja de manera separada sus inventarios. Esto impide una planificación y gestión logística elementales.

El cuarto es el proceso de gestión de las prestaciones de salud donde, en lo referido al uso de medicamentos, podemos identificar actividades como la prescripción, la dispensación y el seguimiento terapéutico. Cada una de ellas sufre los efectos de las limitaciones en las etapas anteriores, y también genera distorsiones por polifarmacia, indicaciones de productos sin empleo de guías de tratamiento, desconfianza, entre otros.

Las propuestas, aún pendientes de atención del proyecto de ley que mejoran el acceso a medicamentos, se centran en:

1. La evaluación sanitaria debe cumplir con los plazos establecidos en la Ley N° 29459. Esta debe tener mecanismos de autorización rápida para los medicamentos esenciales con escasa oferta en el país y que demuestren ser intercambiables.
2. La evaluación de tecnologías sanitarias necesita definir el organismo a cargo, y con ello, establecer un procedimiento eficiente para que los institutos especializados públicos puedan acceder a las farmacoterapias necesarias para sus pacientes.
3. La gestión del abastecimiento de recursos estratégicos exige un operador logístico empoderado que lidere la distribución y redistribución de recursos en el ámbito Minsa – Gore, a partir de una integración virtual de los inventarios en los almacenes públicos. También es necesario respaldar la labor de Perú Compras para ampliar el alcance de los catálogos electrónicos. Asimismo, se debe modificar la Ley de Contrataciones del Estado para incluir la modalidad de negociación de precios u otras vinculadas a resultados, como ocurre en Uruguay, para los productos con proveedores únicos, situaciones donde el Estado debe actuar como monopsonio. Además, es prioritario implementar el estándar de datos en salud para productos farmacéuticos (en espera desde el año 2005) para lograr la trazabilidad y mejor gestión de estos bienes. Tomando en cuenta las acciones propuestas anteriormente, se facilitará la interfase entre el sistema de información prestacional y el de gestión logística identificando la demanda insatisfecha (medicamentos recetados no dispensados).

También, el país necesita una Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios fuerte y centrada en sus procesos estratégicos: la evaluación sanitaria para asegurar una oferta de productos seguros, eficaces y de calidad; y el control y la vigilancia sanitaria en el mercado para combatir la informalidad y la ilegalidad. Adicional a ello, puede promover acciones estratégicas para mejorar el acceso a medicamentos empleando la abundante información disponible y el marco legal, pero abandonando el rol operativo en el suministro, aspecto que debe ser gestionado por el operador logístico.

Finalmente, se debe desarrollar una agenda para construir confianza en los medicamentos genéricos en la ciudadanía y los profesionales de la salud (prescriptores y dispensadores). Esto incluye la adopción de una ruta para lograr una oferta amplia de productos genéricos intercambiables.

De ser aplicadas todas estas iniciativas, es fundamental contar con una institución (Susalud) que fiscalice el cumplimiento de los servicios que se brindan al ciudadano, en el marco de las garantías de oportunidad y calidad que establece el Aseguramiento Universal de Salud (AUS).

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores.