La cuarentena nos ha unido en un solo gesto de lucha frente a un enemigo común: la COVID-19. Esa unión la necesitamos para derrotar a otro adversario que no conoce de descanso ni cuarentena: la violencia contra la mujer. Solo en los primeros nueve días de confinamiento se formularon 207 denuncias de violencia contra la mujer. Tres días después, se reportó el primer feminicidio y dos violaciones a menores de edad.
Entre 2014 y 2019, las tentativas de feminicidio en el Perú pasaron de 198 a 404 casos, y la cifra de feminicidios se duplicó, hasta llegar a 166. Según el portal estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el 51% fueron a manos de la pareja de la víctima. Lo preocupante es que el 64% no tomó ninguna medida como la denuncia o separación.
La violencia contra la mujer no distingue nivel socioeconómico. La Encuesta Demográfica y Salud Familiar (Endes) de 2019 muestra que el 57.7% de las encuestadas alguna vez sufrió violencia ejercida por su esposo o compañero. Al reportar esta información por quintiles de bienestar, este porcentaje alcanza el 56.2% y 49.5% de mujeres del primero y último quintil, respectivamente. Esta brecha de siete puntos porcentuales ha sido constante en los últimos cinco años.
La situación es especialmente dramática porque la violencia suele comenzar en las etapas tempranas de la relación: el 65.3% de las mujeres casadas reportó que se inició en los dos primeros años o antes (Endes, 2018) (Ver Ilustración N.° 1).
Ilustración N.° 1: Inicio de la violencia física o sexual en mujeres casadas
Fuente: Endes (2018)
Elaboración propia
Hay un grupo particularmente vulnerable: las menores de edad. Según el último censo penitenciario (2016), el 47.9% de los procesados o sentenciados por violación a menores cometió la agresión en la vivienda de la víctima o en el hogar del interno. Un factor de riesgo potenciador en estos casos fueron las sustancias psicoactivas: 23% consumió alguna, de las cuales 90.7% fue alcohol.
¿Qué tenemos detrás de esta situación que año tras año parece empeorar? Según la Política Nacional de Igualdad de Género (DS N.° 008-2019-MIMP), la discriminación estructural contra las mujeres tiene tres causas fundamentales: (i) la asignación de roles desiguales entre hombres y mujeres (primordialmente reproductivo); (ii) patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino; y (iii) normas y una cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. En consecuencia, al enfrentar la violencia contra la mujer se debe considerar tanto la dimensión institucional como la social.
En la dimensión institucional, el Estado ha mostrado grandes avances normativos desde 2007, cuando promulgó la Ley N.° 28983 “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, que busca garantizar la igualdad de derechos y eliminar las desventajas de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. En 2019, para adaptar su estructura y funciones a las necesidades actuales, se estableció la citada política y se creó el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), sobre la base del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS). Una señal alentadora es que el presupuesto de este programa se ha incrementado en 24 veces: en 2009, el PNCVFS tenía solo 17 millones de soles, mientras Aurora, en 2020, contó con un presupuesto institucional modificado de 417 millones de soles (SIAF, 2020).
En la dimensión social todavía hay un largo camino por recorrer, porque la desigualdad y, más aún, la violencia, están normalizadas y arraigadas en nuestra sociedad: el 55% de mujeres que han sido maltratadas reportó no buscar ayuda porque “no fue necesario”.
Urge fortalecer la aplicación del enfoque de género, tanto en las políticas e intervenciones estatales como en nuestras vidas diarias, asumiendo la responsabilidad que nos toca como ciudadanos. Desde el Estado debe promoverse la transversalización del enfoque, entendida como la “integración sistemática de las condiciones, las prioridades y las necesidades propias de las mujeres y los hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad” (ACSUR-Las Segovias, 2006). Es decir, para planificar políticas y programas efectivos es necesario comprender las bases de las inequidades bajo una visión integral y sistémica.
Luego será fundamental analizar el impacto esperado y empírico de estas intervenciones para garantizar su adecuado seguimiento y evaluación. Asimismo, es necesario articularlas bajo una lógica intersectorial prestando especial atención al sector educación. Al formar a los ciudadanos desde muy temprana edad, tiene la posibilidad de potenciar el necesario cambio cultural para desarraigar las desigualdades intrínsecas a nuestra sociedad.
Finalmente, como ciudadanos debemos ser conscientes y asumir nuestra parte de la responsabilidad en el problema. Cooperemos, como estos días de cuarentena, luchando por cambiar aquellos factores normalizados desde hace tanto tiempo: desde hacer notar lo erróneo de esa broma machista o silbido que escuchamos, hasta auxiliar a quien veamos en una situación de maltrato.
Realizado por: Oriana Salomón y Mauricio Ibañez, analistas senior de Videnza Consultores
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