Durante las últimas elecciones generales, el hoy presidente de la República, Pedro Castillo, ofrecía asignar 10 % del producto bruto interno (PBI) para educación y otro 10 % para salud. Al parecer, tras explicársele la diferencia entre PBI y presupuesto público, el entonces candidato no volvió a mencionar esa propuesta. Y, de hecho, en 2022 el presupuesto asignado al sector educación representa el 4.2 % del PBI 2021 (este por cierto equivale a más del doble que el presupuesto asignado hace 10 años; es decir en 2012 el presupuesto para educación era menos de la mitad de lo que es actualmente). Hoy que el tema de modificar la Constitución vuelve a estar en agenda, veamos cómo cambios constitucionales no significan que, casi por acto de magia, los problemas del Perú se solucionarán.
En diciembre de 2020, el Congreso aprobó en segunda votación la reforma constitucional que planteaba el fortalecimiento del sector educación con una inversión anual de no menos del 6 % del PBI. Se estableció lo siguiente: “La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI”. Esto pese a que, como advirtieron abogados especializados en derecho constitucional económico como Baldo Kresalja, la medida era inconstitucional porque va en contra del artículo 79° de la Carta Magna, que dispone que el Legislativo no tiene iniciativa de gasto.
Como lo evidencia el presupuesto asignado al sector educación en 2022, la citada reforma no tuvo ningún efecto práctico. Esto no se debe a una falta de voluntad política o a una mala política del sector, sino simplemente a que el presupuesto público es uno solo y este no crece porque la Constitución lo diga. Para aumentar el presupuesto público requerimos retomar el crecimiento económico, mejorar la recaudación tributaria y tener una gestión pública eficiente y honesta.
Otro ejemplo de cómo cambios en la Constitución no significan mejoras automáticas en la calidad de vida de los peruanos es el caso del agua. En 2017, el Congreso aprobó la Ley 30588, “Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional”. No obstante, cinco años después, millón y medio de ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable solo en Lima. Por cierto: este servicio está a cargo de Sedapal, un monopolio estatal.
Cambiar la Constitución no lleva a solucionar los problemas de los peruanos ni es requisito indispensable para ello. Lo que se requiere, y lo que como ciudadanos debemos demandarle al Estado, es que implemente las políticas públicas necesarias para cumplir con lo que la Constitución ya le exige. Por ejemplo, en su artículo 58 establece: “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado, bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.
No necesitamos promesas de cambios utópicos que, contrario a lo que pregonan, no tendrán ningún beneficio concreto en la ciudadanía y solo generarán mayor inestabilidad. El foco tiene que estar en mejorar la gestión, en todos los niveles del Estado y porque no, en una discusión seria y amplia sobre ¿qué se quiere cambiar, para qué y qué se plantea cómo propuesta alternativa?
Realizado por: Nicolás Besich, investigador principal de Videnza Consultores
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