La Organización Mundial de la Salud define a los determinantes sociales de la salud como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud”. Cada cierto tiempo, académicos y líderes sociales mencionan que el problema de fondo en el sector salud está relacionado con estos determinantes y que es necesario resolverlos. Sin embargo, ello demanda un esfuerzo enorme.

El reto actual es que las personas accedan a servicios de salud considerando las barreras provocadas por la pandemia, en particular, por el cierre del primer nivel de atención en el primer año de la emergencia sanitaria. El Perú, por su débil sistema nacional de salud y las limitaciones severas en la gestión pública, tiene problemas incluso para emplear la capacidad existente de su oferta de servicios.

Existen 9,458 establecimientos públicos en el país —dato obtenido de RENIPRESS tras extraer los establecimientos de institución “otro” y “privado” —.  Ante una necesidad de atención, una persona, sobre todo asegurada al SIS, puede acudir a ellos para ser evaluada por el médico o especialista de manera oportuna y disponer de capacidad resolutiva. Pero ¿ocurre así o es solo una utopía?

Desde hace varios años, muchos peruanos terminan buscando ayuda en lugares como las farmacias o boticas, porque no encuentran atención oportuna en los establecimientos de salud. En 2016, la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (ENSUSALUD) mostró que el 62.3% de quienes compraban medicamentos había consultado en otros lugares con personas que no eran profesionales de salud, en lugar de atenderse con un médico en un establecimiento de salud. Asimismo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que, en 2019, el 41% de personas que enfermaron buscaron atención en farmacias o boticas. Este grupo superó el 50% en 2020 y 2021, acentuando una tendencia histórica. Entonces, es válido preguntarse: ¿qué tan grave es el problema?

En septiembre de este año, la Contraloría General de la República del Perú publicó un informe sobre la gestión y evaluación hospitalaria del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) durante el primer semestre, y lo encontrado es alarmante.

• En dicho periodo solo se brindaron entre el 10.7% y el 14.3% de atenciones totales que podrían darse. ¿Esto puede superarse? Posiblemente no, ya que el 30% de servicios del HNAL tiene una productividad hora-médico por debajo de tres pacientes, según el estándar esperado. Además, el promedio de turnos en los consultorios externos llega a solo uno, la mitad de lo esperado.
• Hay cientos de pacientes en lista de espera quirúrgica, lo que genera una situación de riesgo alta. A pesar de ello, el 30% de las salas de operaciones están inoperativas. Asimismo, el tiempo de desocupación de camas hospitalarias entre un paciente y otro es el triple de lo esperado. El rendimiento de cama por mes es la mitad de lo previsto y el rendimiento de salas de operaciones alcanza menos del 60% del estándar. Existe, además, un mayor porcentaje de suspensiones de cirugías programadas y de infecciones adquiridas en la hospitalización.
• El área de emergencia está cinco veces más congestionada que el estándar esperado, con lo que se pierde la oportunidad de atender los casos de gravedad súbita extrema o de urgencia mayor. La sala de observación de este servicio tiene una permanencia promedio de 2.8 días; es decir, 6 veces por fuera del indicador establecido.

Estos resultados son preocupantes, más por ser el HNAL un hospital de categoría III-1, emblemático en la formación médica e importante para la capital, situación que pueden ser más aguda en los hospitales de otros departamentos del país con mayores carencias. La carencia de recursos es un problema no resuelto aún, pero creemos que las limitaciones en la gestión en los establecimientos de salud del país repercuten severamente en la disponibilidad de los servicios y afectan la atención de los peruanos que, paradójicamente, disponen de un seguro de salud (99 de cada 100 personas).

¿Cómo se resuelve esto? La respuesta no es simple, pero aplicar medidas pragmáticas puede ser útil en esta etapa para la oferta hospitalaria pública:

• Programar que toda la planta médica disponible en el hospital pueda brindar servicios finales (hoy solo se emplea una fracción de esta). Emplear la capacidad física instalada: usar los consultorios externos 12 horas por 6 días a la semana. Eso impactará también en lograr una menor saturación del servicio de emergencia, adonde acuden las personas por las limitaciones en la consulta externa.
• Formular un plan de mantenimiento para sustentar los recursos en el cuadro (multianual) de necesidades del próximo año. De ese modo, será posible intervenir las salas de operaciones para ponerlas operativas. El mayor porcentaje de suspensiones de cirugías programadas puede reducirse si se dispone de paquetes quirúrgicos con los dispositivos médicos necesarios y la previsión de retenes en caso algún especialista se ausente de su turno. Hoy no se aprecian medidas para garantizar la presencia efectiva de los galenos y otros profesionales de la salud durante su horario de atención.
• Publicar en línea la programación de los médicos y consultorios asignados, de modo que los usuarios puedan conocer y acceder a una mayor oferta.

Asimismo, es necesario promover la identidad digital y el uso de las herramientas relacionadas para asegurar una mejor atención a los pacientes. La transparencia de la oferta, soportada en tecnologías de información disponibles hasta desde un teléfono celular, hará que se oferten más servicios. Con esto se rompe una inercia y promueve una demanda informada. Esta debe ir acompañada de una rendición de cuentas de los gestores a cargo de las redes y hospitales públicos, algo actualmente inexistente.

Realizado por: César Amaro y Delia Ruiz, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente