Evidencia para la gestión

Videnza Consultores

Tenemos recursos, pero no medicamentos en los servicios de salud públicos

El ministro de Economía y Finanzas ha reconocido hace pocos días que el Perú está en recesión, luego de meses con indicadores adversos. Esa situación envía un mensaje claro a los agentes económicos del país, que se comportarán de manera más cautelosa. Para el peruano de a pie, significa algo más serio: dificultades acentuadas para conseguir el pan del día en un contexto donde la mayoría se agencia de un empleo informal, la precariedad es común y la ilegalidad encuentra un terreno más fértil en comparación al cada vez más pequeño mundo formal. Esta enorme mayoría de personas tiene una economía de subsistencia que depende de ingresos diarios conseguidos con esfuerzo. Y, cuando algún miembro del núcleo familiar sufre una enfermedad o accidente, el acceso a servicios de salud y el tiempo tomado para resolver este hecho (si tiene solución) se convierten en algo crítico.

Por ello, suena a que llueve sobre mojado afirmar que la mayoría de centros de salud y hospitales públicos que atienden principalmente a ciudadanos pobres y vulnerables no tienen suficientes recursos para brindar sus servicios. En la mayoría de los establecimientos de salud a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y los Gobiernos regionales, los inventarios de medicamentos están en un estado más crítico —si cabe la expresión— que la frágil situación de siempre.

Veamos el Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Minsa, que publica información del SISMED – Sistema Único de Información de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el pasado mes de setiembre 50.5% o 4,277 establecimientos de salud del sector público no tienen la suficiente disponibilidad de medicamentos esenciales.

Subrayamos la frase pasado mes de setiembre para destacar que la información con la cual el Minsa gestiona la logística de estos recursos terapéuticos se reporta con retraso al mes siguiente, lo que impide adoptar medidas oportunas de gestión de inventarios. A su vez, al 25 de octubre, el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), a cargo de la adquisición y operación logística de estos recursos, solo ha ejecutado el 34.3% de los casi 505 millones de soles asignados a la compra de productos farmacéuticos.

Ante ese escenario de crisis ¿qué sugerimos hacer? Un primer aspecto esencial es reconocer que el problema es estructural y se ha acentuado en los últimos años por la pérdida de institucionalidad y talento humano en el Estado. Esto se refleja en los cinco cambios ocurridos en la Dirección General del CENARES solo en el 2023.

Una segunda acción clave es asumir la decisión política de promover con transparencia acciones correctivas. El reto es complejo, pero existe un espacio denominado la Mesa del SISMED, donde diferentes actores institucionales con poder de decisión pueden adoptar medidas efectivas. Es vital que esta mesa tome decisiones respaldadas en información y rinda cuentas de ellas a los ciudadanos afectados por esta crisis. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú ha solicitado participar en este proceso, al igual que diferentes redes de pacientes. El ministro de Salud tiene la oportunidad de convertir esta crisis en una oportunidad de cambio.

Una tercera decisión es respaldar a los equipos técnicos a cargo de estos procesos para permitir que las salidas se instalen. Este aspecto debe ir acompañado de la valoración periódica del desempeño de funcionarios.

Hay un conjunto de medidas de cambio estructural que requieren ser adoptadas de cara a la construcción de un sistema nacional de salud centrado en las personas. Un sistema que emplee las bondades de la cuarta revolución tecnológica, pero que primero debe resolver el actual desabastecimiento de medicamentos que afecta a los peruanos.

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores

COMENTARIOS

  • 1
  • 30.10.2023
  • 04:27:15 hs
Roberto

Un problema que debe considerarse es el alto grado de corrupcion,en el proceso de la adquisicion de medicamentos e insumos por parte de algunas ejecutoras.

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