Hace poco menos de dos meses se publicó un artículo de E. Marchán en Hildebrandt en su Trece sobre el valor económico de las economías ilegales en el Perú. Se comentó un reporte reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs donde el monto total de esas operaciones ascendía a US$ 33,217 millones equivalentes al 14% del PBI. La información era muy valiosa, pero con algunos problemas conceptuales y de medición.

El objetivo de esta nota es contribuir a ordenar y entender mejor las características y dinámicas del tema desde una mirada económica. Lo micro, regional y macro relativo a la creación, relaciones intersectoriales, redistribución y destrucción de valor agregado. Aquí no se presentan números, ni una bibliografía detallada de los trabajos previos de J. Antezana, H. Cabieses, R. Soberón, F. Durand, Valdés-Basombrío-Vera. Ni los libros de algunas variantes de la corrupción de Malpica, Vargas Haya, Dammert y Quiroz, entre muchos otros.

Antes de iniciar debemos señalar que desafortunadamente estas economías criminales (EC) comparten junto a la economía informal (EI) y a los grupos de poder económico formales (GEF) una influencia peligrosa en la actual política nacional. Ahora, más que antes, condicionan e influyen a favor de sus intereses particulares, y en contra del bien común. La lista de sus impactos negativos es numerosa e importante en lo social, político, sanitario, económico y en general sobre la calidad de vida.

Actividades EC

La lista es larga desde la minería ilegal, la producción y tráfico de drogas, la tala ilegal, la prostitución y trata de personas, tráfico de flora y fauna protegida, tráfico de terrenos y propiedades públicas y privadas entre las más reconocidas. Sin embargo, hay que agregar los asaltos, robos, secuestros (a cargo del crimen organizado), estafas, corrupción y otros delitos contra la administración pública, contrabando, evasión y elusión tributaria incluyendo fraudes contables, sobreevaluación de importaciones y subvaluación de exportaciones.

¿Son todos los que participan en las EC delincuentes?, en principio sí, pero habría que distinguir entre los tradicionales y los de cuello blanco. Tampoco los linderos entre las EC, EI y la economía formal son claros, ya que hay empresas formales que realizan actividades delictivas comprendidas en la lista anterior; también informales que pueden actuar en el marco de lo delictivo. De esta forma, lamentablemente lo formal e informal se puede vincular con lo delictivo.

Generación

Económicamente se debe distinguir entre las actividades de la EC que generan valor agregado (PBI) respecto de las que simplemente redistribuyen ingresos, aunque también hay situaciones mixtas. El valor agregado adicional incluye las remuneraciones pagadas, las ganancias generadas y los ingresos mixtos por el rendimiento al capital invertido y el trabajo desplegado en estas actividades.

Por ejemplo, dentro del grupo en que simplemente se redistribuyen ingresos entre ciudadanos están los asaltos, robos, extorsiones, secuestros, estafas, trata de personas y corrupción entre privados. Por otra parte, hay redistribución del ingreso ya generado del sector público hacia el privado en los casos decorrupción y otros delitos contra la administración pública, contrabando, evasión y elusión tributaria incluyendo fraudes contables, sobreevaluación de importaciones y subvaluación de exportaciones.

Exportaciones subvaluadas

En este último grupo podrían estar los grandes productores y exportadores mineros que no declaran el contenido de metales raros y valiosos en sus concentrados de minerales. Se maximiza el interés particular en contra del colectivo. Por otra parte, en una situación mixta de generar y redistribuir ingreso estaría quizás la prostitución.

La minería y tala ilegal, la producción y tráfico de drogas, tráfico de fauna y flora protegida generarían valor agregado. Todas éstas no son consideradas en las cuentas nacionales, aunque las exportaciones ilegales de oro si son contabilizadas en la Balanza de Pagos del Banco Central de Reserva del Perú. Estas se registran a través de parte del oro exportado por Bolivia (y no producido allí), las ventas y exportaciones de empresas nacionales que no tienen registro formal de dedicarse a la producción y comercialización de oro.

Destrucción

Hay que anotar que si bien existe un grupo de actividades de las EC que generarían valor agregado esto es un asunto contable, ya que en realidad podría ser menor o negativo. Al respecto, habría que considerar la nueva modalidad internacional de medición del producto denominada como producto interno neto ecológico (PINE) donde se restan el valor de las reservas de recursos naturales no repuestas y la valorización de los costos de recuperar el medio ambiente.

La minería ilegal, por ejemplo, agregaría valor contable, pero este se reduciría hasta ser neutral o negativa por la no reposición de las reservas naturales extraídas y la valorización de la recuperación del medio ambiente a propósito de su actividad. Asimismo, habría que sumar los severos daños -externalidades negativas- a otras actividades humanas y productivas que se ven afectadas (agropecuaria y pesca especialmente de grupos originarios). Más importante aún son los efectos sobre la vida y salud de las personas que están directa y cercanamente a la actividad; y sobre la fauna y flora.

Interrelaciones

En las actividades de las EC también se pueden distinguir entre las que tienen mayores o menores interrelaciones sectoriales internas e internacionales. Las EC, EI y de empresas formales se compran bienes y servicios entre sí. Nuevamente, destaca el grupo de las que generan valor agregado mencionadas anteriormente. La minería ilegal, la producción y el tráfico de drogas realizan compras a otras actividades: combustibles de origen formal, químicos de origen formal y de contrabando, entre otros insumos.

Sin embargo, para medir sus efectos en la economía interna habría que distinguir entre los bienes y servicios que son de origen nacional o simplemente importados. Si predominan estos últimos, los encadenamientos productivos y de empleo son menores respecto de si fueran nacionales, de esta forma los multiplicadores son menores.

También estas actividades tienen mayores vínculos internacionales, pero es obvio que se trata de operaciones por fuera del sistema bancario que se registrarían a través de la partida de errores y omisiones de la balanza de pagos. En general, se pensaría que una parte importante de sus operaciones financieras, aunque no todas- por eso han sido detectadas por la UIF-, serían no bancarizadas.

Demanda

Es rigurosamente falso que las EC exclusivamente redistributivas no tengan efectos sobre la demanda y el PBI. Esto dependería de las características de quienes pierden ingreso neto y de los que lo perciben, y en particular de sus diferentes propensiones a consumir.

Si la redistribución viene de un hogar de menores ingresos (con elevada propensión a consumir: mayor gasto con relación al ingreso recibido) hacia un delincuente de mayores ingresos el efecto total sobre la demanda de bienes de consumo, demanda en general y producto podría ser menor. Obviamente, el resultado de este efecto es incierto.

Otro impacto sobre el producto no mencionado es que en situaciones en que las EC son significativas se produce una distorsión relativa a la reasignación de recursos de actividades productivas hacia otras como incrementar la seguridad privada supliendo la ausencia del Estado. Lo cual reduce recursos para el consumo, capital de trabajo e inversión en desmedro del nivel de actividad económica.

Micro y macro

La presencia de las EC que generan valor agregado en localidades y regiones específicas no solo provocan la inutilidad relativa de la información estadística oficial (ya que esos ingresos no son registrados), sino incentivos perversos para que los diferentes agentes económicos se dediquen a estas. Esto a su vez puede generar menor disponibilidad de mano de obra y recursos para las actividades productivas legales, iniciando un círculo vicioso donde la mayor parte de la población participe y vincule a las EC.

Efectivamente, algunas de las EC generan más divisas contribuyendo en el corto plazo a la estabilidad de la paridad cambiaria. Sin embargo, todo dependerá de la proporción y magnitud de divisas que se cambien localmente respeto del total generado; tampoco nada garantiza su estabilidad.

Otro efecto cuando se producen ingresos extraordinarios en una localidad particular es que se genera una suerte de enfermedad holandesa que afecta el nivel de precios: bienes y servicios y propiedades, deteriorando la capacidad de compra y marginando a quienes no están vinculados a la EC. La desigualdad en la riqueza e ingresos a nivel local se acrecienta; lo mismo que a nivel regional y nacional.

Monetario y fiscal

Las EC generarían distorsiones en la política monetaria y fiscal. Como comentábamos antes, al generar valor agregado e ingresos en localidades, regiones específicas y el país en general se observaría un ambiente de mayor demanda. Esto podría conducir a la decisión errónea de promover la aplicación de una política monetaria contractiva a través de aumentar la tasa de interés de referencia del BCRP.

La elevación de esta tasa impactaría en las otras tasas activas y de esta forma se generarían los canales de transmisión sobre el crédito y la demanda. Se reduciría la demanda y el PBI, afectando los niveles de empleo y ocupación adecuada de la EI y la economía formal, aumentando la población inactiva, desempleo y subocupación que hemos comentado en artículos previos. Lo anterior, sin anotar los impactos redistributivos en contra de los ciudadanos de menores ingresos no delincuentes, y afectando en particular a las micro y pequeñas empresas.

Por otra parte, las EC generan en ciertas localidades y regiones una sensación de bienestar y complacencia con lo que se desmotiva la presencia activa del Estado. En el imaginario colectivo se le percibe como menos necesario (salvo cuando la delincuencia tradicional y organizada es abrumadora). Se procura menos Estado cuando en realidad las EC perjudican a las finanzas públicas; cuando se requiere una mayor presión tributaria y más gasto público de calidad para proporcionar infraestructura y servicios públicos.

Colofón

La complejidad y diversidad de las EC exigiría un abanico de respuestas. Por el momento, solo tres ideas. La primera, comunicar, dialogar y lograr el consenso a nivel local, regional y nacional de que estas actividades son perniciosas para todos frente a la complacencia de algunos. Lo segundo, integrar programas alternativos de reinserción y producción para los ciudadanos involucrados en estas actividades.

Por último, aunque suene doloroso, el Estado en todos sus niveles debe enfrentar a las EC de manera inteligente, enérgica pero respetuosa de los DD.HH. Lo anterior, para que todos los ciudadanos tomen en cuenta que dedicarse a estas actividades tiene costos elevados.

Hace poco menos de dos meses se publicó un artículo de E. Marchán en Hildebrandt en su Trece sobre el valor económico de las economías ilegales en el Perú. Se comentó un reporte reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs donde el monto total de esas operaciones ascendía a US$ 33,217 millones equivalentes al 14% del PBI. La información era muy valiosa, pero con algunos problemas conceptuales y de medición.

El objetivo de esta nota es contribuir a ordenar y entender mejor las características y dinámicas del tema desde una mirada económica. Lo micro, regional y macro relativo a la creación, relaciones intersectoriales, redistribución y destrucción de valor agregado. Aquí no se presentan números, ni una bibliografía detallada de los trabajos previos de J. Antezana, H. Cabieses, R. Soberón, F. Durand, Valdés-Basombrío-Vera. Ni los libros de algunas variantes de la corrupción de Malpica, Vargas Haya, Dammert y Quiroz, entre muchos otros.

Antes de iniciar debemos señalar que desafortunadamente estas economías criminales (EC) comparten junto a la economía informal (EI) y a los grupos de poder económico formales (GEF) una influencia peligrosa en la actual política nacional. Ahora, más que antes, condicionan e influyen a favor de sus intereses particulares, y en contra del bien común. La lista de sus impactos negativos es numerosa e importante en lo social, político, sanitario, económico y en general sobre la calidad de vida.

Actividades EC

La lista es larga desde la minería ilegal, la producción y tráfico de drogas, la tala ilegal, la prostitución y trata de personas, tráfico de flora y fauna protegida, tráfico de terrenos y propiedades públicas y privadas entre las más reconocidas. Sin embargo, hay que agregar los asaltos, robos, secuestros (a cargo del crimen organizado), estafas, corrupción y otros delitos contra la administración pública, contrabando, evasión y elusión tributaria incluyendo fraudes contables, sobreevaluación de importaciones y subvaluación de exportaciones.

¿Son todos los que participan en las EC delincuentes?, en principio sí, pero habría que distinguir entre los tradicionales y los de cuello blanco. Tampoco los linderos entre las EC, EI y la economía formal son claros, ya que hay empresas formales que realizan actividades delictivas comprendidas en la lista anterior; también informales que pueden actuar en el marco de lo delictivo. De esta forma, lamentablemente lo formal e informal se puede vincular con lo delictivo.

Generación

Económicamente se debe distinguir entre las actividades de la EC que generan valor agregado (PBI) respecto de las que simplemente redistribuyen ingresos, aunque también hay situaciones mixtas. El valor agregado adicional incluye las remuneraciones pagadas, las ganancias generadas y los ingresos mixtos por el rendimiento al capital invertido y el trabajo desplegado en estas actividades.

Por ejemplo, dentro del grupo en que simplemente se redistribuyen ingresos entre ciudadanos están los asaltos, robos, extorsiones, secuestros, estafas, trata de personas y corrupción entre privados. Por otra parte, hay redistribución del ingreso ya generado del sector público hacia el privado en los casos decorrupción y otros delitos contra la administración pública, contrabando, evasión y elusión tributaria incluyendo fraudes contables, sobreevaluación de importaciones y subvaluación de exportaciones.

Exportaciones subvaluadas

En este último grupo podrían estar los grandes productores y exportadores mineros que no declaran el contenido de metales raros y valiosos en sus concentrados de minerales. Se maximiza el interés particular en contra del colectivo. Por otra parte, en una situación mixta de generar y redistribuir ingreso estaría quizás la prostitución.

La minería y tala ilegal, la producción y tráfico de drogas, tráfico de fauna y flora protegida generarían valor agregado. Todas éstas no son consideradas en las cuentas nacionales, aunque las exportaciones ilegales de oro si son contabilizadas en la Balanza de Pagos del Banco Central de Reserva del Perú. Estas se registran a través de parte del oro exportado por Bolivia (y no producido allí), las ventas y exportaciones de empresas nacionales que no tienen registro formal de dedicarse a la producción y comercialización de oro.

Destrucción

Hay que anotar que si bien existe un grupo de actividades de las EC que generarían valor agregado esto es un asunto contable, ya que en realidad podría ser menor o negativo. Al respecto, habría que considerar la nueva modalidad internacional de medición del producto denominada como producto interno neto ecológico (PINE) donde se restan el valor de las reservas de recursos naturales no repuestas y la valorización de los costos de recuperar el medio ambiente.

La minería ilegal, por ejemplo, agregaría valor contable, pero este se reduciría hasta ser neutral o negativa por la no reposición de las reservas naturales extraídas y la valorización de la recuperación del medio ambiente a propósito de su actividad. Asimismo, habría que sumar los severos daños -externalidades negativas- a otras actividades humanas y productivas que se ven afectadas (agropecuaria y pesca especialmente de grupos originarios). Más importante aún son los efectos sobre la vida y salud de las personas que están directa y cercanamente a la actividad; y sobre la fauna y flora.

Interrelaciones

En las actividades de las EC también se pueden distinguir entre las que tienen mayores o menores interrelaciones sectoriales internas e internacionales. Las EC, EI y de empresas formales se compran bienes y servicios entre sí. Nuevamente, destaca el grupo de las que generan valor agregado mencionadas anteriormente. La minería ilegal, la producción y el tráfico de drogas realizan compras a otras actividades: combustibles de origen formal, químicos de origen formal y de contrabando, entre otros insumos.

Sin embargo, para medir sus efectos en la economía interna habría que distinguir entre los bienes y servicios que son de origen nacional o simplemente importados. Si predominan estos últimos, los encadenamientos productivos y de empleo son menores respecto de si fueran nacionales, de esta forma los multiplicadores son menores.

También estas actividades tienen mayores vínculos internacionales, pero es obvio que se trata de operaciones por fuera del sistema bancario que se registrarían a través de la partida de errores y omisiones de la balanza de pagos. En general, se pensaría que una parte importante de sus operaciones financieras, aunque no todas- por eso han sido detectadas por la UIF-, serían no bancarizadas.

Demanda

Es rigurosamente falso que las EC exclusivamente redistributivas no tengan efectos sobre la demanda y el PBI. Esto dependería de las características de quienes pierden ingreso neto y de los que lo perciben, y en particular de sus diferentes propensiones a consumir.

Si la redistribución viene de un hogar de menores ingresos (con elevada propensión a consumir: mayor gasto con relación al ingreso recibido) hacia un delincuente de mayores ingresos el efecto total sobre la demanda de bienes de consumo, demanda en general y producto podría ser menor. Obviamente, el resultado de este efecto es incierto.

Otro impacto sobre el producto no mencionado es que en situaciones en que las EC son significativas se produce una distorsión relativa a la reasignación de recursos de actividades productivas hacia otras como incrementar la seguridad privada supliendo la ausencia del Estado. Lo cual reduce recursos para el consumo, capital de trabajo e inversión en desmedro del nivel de actividad económica.

Micro y macro

La presencia de las EC que generan valor agregado en localidades y regiones específicas no solo provocan la inutilidad relativa de la información estadística oficial (ya que esos ingresos no son registrados), sino incentivos perversos para que los diferentes agentes económicos se dediquen a estas. Esto a su vez puede generar menor disponibilidad de mano de obra y recursos para las actividades productivas legales, iniciando un círculo vicioso donde la mayor parte de la población participe y vincule a las EC.

Efectivamente, algunas de las EC generan más divisas contribuyendo en el corto plazo a la estabilidad de la paridad cambiaria. Sin embargo, todo dependerá de la proporción y magnitud de divisas que se cambien localmente respeto del total generado; tampoco nada garantiza su estabilidad.

Otro efecto cuando se producen ingresos extraordinarios en una localidad particular es que se genera una suerte de enfermedad holandesa que afecta el nivel de precios: bienes y servicios y propiedades, deteriorando la capacidad de compra y marginando a quienes no están vinculados a la EC. La desigualdad en la riqueza e ingresos a nivel local se acrecienta; lo mismo que a nivel regional y nacional.

Monetario y fiscal

Las EC generarían distorsiones en la política monetaria y fiscal. Como comentábamos antes, al generar valor agregado e ingresos en localidades, regiones específicas y el país en general se observaría un ambiente de mayor demanda. Esto podría conducir a la decisión errónea de promover la aplicación de una política monetaria contractiva a través de aumentar la tasa de interés de referencia del BCRP.

La elevación de esta tasa impactaría en las otras tasas activas y de esta forma se generarían los canales de transmisión sobre el crédito y la demanda. Se reduciría la demanda y el PBI, afectando los niveles de empleo y ocupación adecuada de la EI y la economía formal, aumentando la población inactiva, desempleo y subocupación que hemos comentado en artículos previos. Lo anterior, sin anotar los impactos redistributivos en contra de los ciudadanos de menores ingresos no delincuentes, y afectando en particular a las micro y pequeñas empresas.

Por otra parte, las EC generan en ciertas localidades y regiones una sensación de bienestar y complacencia con lo que se desmotiva la presencia activa del Estado. En el imaginario colectivo se le percibe como menos necesario (salvo cuando la delincuencia tradicional y organizada es abrumadora). Se procura menos Estado cuando en realidad las EC perjudican a las finanzas públicas; cuando se requiere una mayor presión tributaria y más gasto público de calidad para proporcionar infraestructura y servicios públicos.

Colofón

La complejidad y diversidad de las EC exigiría un abanico de respuestas. Por el momento, solo tres ideas. La primera, comunicar, dialogar y lograr el consenso a nivel local, regional y nacional de que estas actividades son perniciosas para todos frente a la complacencia de algunos. Lo segundo, integrar programas alternativos de reinserción y producción para los ciudadanos involucrados en estas actividades.

Por último, aunque suene doloroso, el Estado en todos sus niveles debe enfrentar a las EC de manera inteligente, enérgica pero respetuosa de los DD.HH. Lo anterior, para que todos los ciudadanos tomen en cuenta que dedicarse a estas actividades tiene costos elevados.