A finales de 2022, Laura Gamboa, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Utah publicó un best seller en Cambridge University Press. Este se tituló en español: Resistiendo el retroceso, estrategias de oposición contra la erosión de la democracia. Lo que parecía un texto más pertinente para países como el Perú de hoy, ahora es cada vez relevante para EEUU.

La autora, en un artículo publicado en Foreign Affairs del 31 de marzo de 2025, afirma que en las primeras semanas de la presidencia de Trump se ha acelerado el proceso de erosión democrática. En tan solo dos meses se han emitido órdenes ejecutivas de dudosa constitucionalidad, violado las protecciones civiles de los empleados federales, vulnerado las facultades del Congreso sobre el presupuesto. Aquí una síntesis que tiene algunas enseñanzas para nuestro país.

Asimismo, ha eludido y desafiado fallos judiciales, utilizado al Departamento de Justicia para castigar a opositores y proteger a sus leales, amenazado con destituir a los jueces que fallaran en contra de la administración, utilizado el Servicio de Inmigración para encarcelar y deportar a inmigrantes documentados sin el debido proceso, y otorgado a personas no designadas un nivel sin precedentes (y potencialmente ilegal) de poder sobre agencias clave como la USAID, los Departamentos del Tesoro y Educación.

Derechos democráticos

Gamboa anota que las democracias deberían brindar a los ciudadanos la oportunidad de formar y expresar sus preferencias y que estas tengan el mismo peso en el gobierno. Para ello, los ciudadanos deben disfrutar de derechos individuales como la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de movimiento.

Los pesos y contrapesos existen para garantizar esos derechos. Su objetivo es prevenir abusos que podrían limitar la capacidad de los ciudadanos para participar en el gobierno en igualdad de condiciones. La disposición de la administración Trump a eludir la ley, desafiar a los tribunales y utilizar las instituciones estatales como arma para castigar a los oponentes amenaza esa participación política y la democracia.

La autora anota que para que la democracia sobreviva, debe protegerse. En las últimas décadas, en países como Argentina, Brasil, Colombia y Polonia, los grupos de oposición contraatacaron con éxito a líderes con tendencias autoritarias en las primeras etapas del retroceso democrático, cuando aún contaban con influencias institucionales. Sin embargo, en otros casos las oposiciones no actuaron con la suficiente urgencia o emplearon tácticas que les hicieron perder influencias, lo que redujo gradualmente su capacidad de resistencia.

Lo que debe ocurrir

En EEUU la respuesta de la oposición a la amenaza ha sido hasta el momento decepcionante. Conmocionados por la derrota electoral y por la arremetida del poder de la administración Trump, los políticos y las organizaciones de la sociedad civil se muestran inseguros sobre el camino a seguir y reticentes a tomar medidas audaces.

Esta demora es costosa. Las fuerzas prodemocráticas deben seguir el manual que ha permitido a la oposición detener a aspirantes a autócratas en otros países. Deben coordinarse para defender y expandir sus poderes institucionales mientras los tengan, ejercerlos para obstruir la agenda autoritaria de Trump, fortalecer la resistencia popular y proteger a los activistas, funcionarios públicos y otras personas expuestas a represalias.

Concentrar esfuerzos

Gamboa comenta que la erosión de la democracia se produce gradualmente y la oposición tiene amplias oportunidades para contraatacar. En EEUU los grupos de oposición no carecen de recursos. El Partido Demócrata cuenta con un número considerable de escaños en el Congreso y las legislaturas estatales, y controla numerosas gobernaciones y alcaldías.

Los políticos y otras fuerzas prodemocráticas tienen acceso a tribunales independientes y organismos de supervisión a nivel nacional, estatal y municipal, así como a medios de comunicación independientes, recursos económicos y organizaciones de base bien organizadas. Todo esto les proporciona influencia para contrarrestar las políticas antidemocráticas de Trump, pero se están tardando en reaccionar.

Costos de tardarse

La autora apunta que el problema de una respuesta tardía radica en que cuanto más poder acumulan los líderes con tendencias autoritarias, más difícil resulta organizar una resistencia efectiva. Por lo tanto, la oposición tiene más probabilidades de éxito si actúa con prontitud.

Las fuerzas prodemocráticas también deben tener presente que resistir la erosión de la democracia es más una maratón que una carrera de velocidad. Si bien es importante tomar en serio la amenaza y responder en consecuencia, los grupos de oposición también deben proteger sus recursos y, de ser posible, ampliarlos para prepararse para luchas futuras.

Sin precipitaciones excesivas

Gamboa anota que en ciertas circunstancias acudir a medidas extremas es contraproducente. Por ejemplo, en Venezuela, la oposición perdió todos esos recursos al recurrir de inmediato a medidas extremas, intentando derrocar al presidente Chávez antes del final de su mandato constitucional.

El intento de golpe de Estado en 2002 y el paro petrolero que comenzó ese mismo año le dieron al presidente motivos para purgar las fuerzas armadas y asumir el control total de PDVSA. En 2005, un boicot electoral por parte de grupos de la oposición le otorgó más poder a la Asamblea Nacional, lo que le ayudó a consolidar su control sobre los tribunales y los organismos de control.

La autora acota que, si la oposición se hubiera abstenido de usar estas tácticas, podría haber frenado la erosión de la democracia. Como mínimo, los grupos opositores podrían haberle dificultado y encarecido considerablemente al gobierno impulsar su agenda.

El largo plazo

Gamboa acota que los políticos prodemocracia y los grupos de la sociedad civil en los EEUU necesitan pensar a largo plazo mejor que sus contrapartes en Venezuela. Esto significa encontrar maneras de preservar e, idealmente, aumentar su presencia en organismos electos y no electos a nivel nacional, estatal y local.

Esto incluye apoyar a candidatos competitivos en distritos de tendencia demócrata y avanzar en zonas de tendencia republicana, defender a jueces y tribunales que defienden los principios democráticos, y mostrar aprobación y apoyo a políticos independientes y republicanos dispuestos a defender la democracia.

Recursos institucionales

Para Gamboa la oposición no solo debe proteger los recursos institucionales que posee, sino también utilizarlos para retrasar, obstruir y, de ser posible, detener la consolidación del poder del presidente en el poder. La oposición colombiana lo hizo eficazmente para detener la erosión democrática bajo el presidente Uribe. Durante sus ocho años de gobierno introdujo leyes que buscaban aumentar los poderes del ejecutivo, debilitar a los tribunales y al Congreso, y cooptar a los organismos de control.

A pesar de tener solo una minoría de escaños en el Congreso, los partidos de oposición lograron usar maniobras procesales para bloquear y modificar las reformas. El presidente aún logró aprobar la mayor parte de su legislación, pero gracias a los esfuerzos de la oposición, los proyectos de ley antidemocráticos se retrasaron, se diluyeron o se vieron afectados por irregularidades procesales que los convirtieron en blancos fáciles para demandas que alegaban violaciones de la Constitución colombiana.

Las legislaturas, los tribunales y otros espacios institucionales pueden resultar útiles para los actores prodemocráticos incluso después de que un país se haya vuelto más autoritario. Un caso con fuertes paralelismos con lo que ocurre actualmente en EEUU es la toma del gobierno de Guatemala tras las elecciones de 2016 por una coalición de políticos, élites económicas y miembros del aparato de seguridad que socavaron el Estado en aras de la impunidad y la corrupción.

En vísperas de las elecciones presidenciales esta coalición utilizó su control sobre los tribunales y los organismos de supervisión para vetar a cualquier candidato prometedor que pudiera desafiarlos. Sin embargo, las elecciones se convirtieron en una oportunidad para la oposición. Un exdiputado y diplomático poco conocido, Bernardo Arévalo, logró inicialmente pasar desapercibido para la coalición gobernante y después generó una movilización ciudadana cuando lo pretendieron bloquear.

Sal a las calles

Gamboa señala que, si bien estas tácticas institucionales son importantes, no siempre son suficientes para preservar la democracia. La lucha no violenta es otra herramienta poderosa. Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil bien organizadas pueden proteger las instituciones democráticas, movilizar a los votantes y aumentar los costos de la conducta antidemocrática.

En Israel, por ejemplo, la ciudadanía se movilizó contra un proyecto de ley que habría permitido al gobierno de Netanyahu reestructurar el poder judicial de forma que redujera el control sobre el ejecutivo. Durante el primer semestre de 2023, medio millón de israelíes salieron a las calles para protestar. Aunque finalmente no fue suficiente para impedir su promulgación, los seis meses de protestas provocaron rupturas en la coalición gubernamental, lo que retrasó la reforma judicial y aumentó la presión internacional sobre el primer ministro.

Un movimiento no violento bien organizado puede ser particularmente eficaz para derrotar a un gobernante en elecciones injustas. En Serbia, el movimiento estudiantil Otpor fue clave para derrocar al gobernante Milosevic en octubre de 2000. En las elecciones presidenciales de 2023 en Guatemala los movimientos indígenas y campesinos adoptaron una estrategia similar. Cuando el gobierno intentó anular la votación, estos grupos lideraron una movilización masiva para proteger los resultados.

No siempre funciona

La autora comenta que la movilización social no siempre funciona. Según la politóloga Erica Chenoweth, entre 1960 y 2010, los movimientos no violentos lograron sus objetivos al 40%, y desde 2010, esa cifra ha disminuido a menos del 34 %. En Serbia y Guatemala, la dependencia de los movimientos de oposición de organizaciones bien organizadas y flexibles con redes nacionales basadas en la tradición de la resistencia estudiantil e indígena fue clave para su éxito.

Esta infraestructura permitió a los manifestantes emplear tácticas creativas, mantenerse activos durante largos periodos y conservar el apoyo público evitando la violencia, incluso ante la represión gubernamental. En EEUU invertir ahora en este tipo de movimientos de base puede ser rentable en el futuro, especialmente si el país se enfrenta a unas elecciones injustas en las que el presidente en el poder ha manipulado los distritos electorales, ha cooptado a las autoridades electorales, ha depurado el censo electoral o ha implementado leyes que dificultan el voto.

Proteger a los tuyos

La autora puntualiza que luchar contra el retroceso democrático no es fácil. Los aspirantes a autoritarios suelen emplear formas de represión suaves, como demandas judiciales, auditorías fiscales o investigaciones criminales, para aumentar el coste de oponerse al régimen.

Las organizaciones de la sociedad civil bien organizadas pueden reducir parte del coste de la oposición para activistas, políticos y ciudadanos que podrían enfrentarse a represalias gubernamentales, brindándoles servicios legales o profesionales, asistencia económica o apoyo para aliviar las tareas cotidianas (aunque en el Perú la reciente norma sobre APCI limita el quehacer de las ONGs).

Colofón

Gamboa finaliza señalando que la democracia en EEUU se enfrenta a una grave amenaza, pero no es un caso perdido (hay que pensar igual en el Perú). Sus defensores cuentan con una amplia gama de herramientas para oponerse a Trump y sus aliados de consolidar el poder.

Si las fuerzas prodemocráticas se coordinan y actúan con rapidez para proteger sus recursos y utilizarlos con prudencia, pueden dar a la democracia una oportunidad de lucha.