Es indudable el impacto de las variaciones de los precios internos sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, más aún si una importante proporción del gasto de las familias descansa en el consumo de alimentos. En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el grupo de alimentos y bebidas representa alrededor del 40% de la canasta de bienes y servicios, de esta proporción el 70% corresponde a alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar. De este último grupo, solo 12 alimentos y sus derivados (pollo y huevo, leche y derivados, pan y fideos, azúcar y bebidas no alcohólicas, arroz, papa, aceite vegetal, cebolla, tomate, plátano, papaya y limón) explican casi el 60% de la mencionada canasta.

Precisamente la actividad agropecuaria es la responsable de garantizar el abastecimiento de los alimentos que consumimos a diario en nuestros hogares, por lo tanto, el buen desempeño de este sector productivo – traducido en una mayor y mejor oferta de alimentos – resulta trascendental en la política gubernamental de seguridad alimentaria y nutricional.

La “oferta de alimentos” en el Perú comprende la producción nacional agropecuaria cuyo destino es el consumo final, y los alimentos importados que se destinan al consumo final o como insumo en la industria de transformación. Ambos componentes de la oferta de alimentaria responderán a factores endógenos (disponibilidad de recursos naturales, ganancias en productividad, calendario de cosechas, entre otros) y exógenos (cambio climático, precios internacionales, entre otros). De esta forma, una caída de la oferta de alimentos producto de shocks de oferta como la presencia de eventos naturales extremos, alzas de los precios internacionales, escasez de tierras y/o recursos hídricos, baja productividad en el campo o periodos de descenso en la producción estacional se traduce en el corto, mediano o largo plazo en alzas en los precios de los alimentos comercializados en los mercados.

Por lo tanto, uno de los grandes objetivos de política en el sector agrario es que la oferta de alimentos, en especial proveniente de la producción nacional, crezca a tasas altas y sostenidas. En esa línea, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en articulación con los gobiernos subnacionales ejecuta una serie de actividades y proyectos sobre el sector agrario (ampliación de la frontera agrícola, dotación de infraestructura de riego, desarrollo de la innovación, sanidad agraria, producción de semillas certificadas, asistencia técnica y capacitación, fomento de la asociatividad, el acceso a  líneas de crédito y servicios de información, entre otros) cuya finalidad – atendiendo a la política de seguridad alimentaria del país – es garantizar el acceso de la población a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos.

Precisamente el crecimiento sostenido registrado por la actividad agropecuaria en las dos últimas décadas ha traído como resultado que la disponibilidad de alimentos crezca en forma permanente generándose una mejora en la oferta de calorías y proteínas en los principales mercados de abastos, siendo en la actualidad nuestro país autosuficiente en alimentos como arroz, papa, frutas y hortalizas.

Sin embargo, el Perú depende en gran medida de la importación de algunos insumos básicos como el trigo para la industria de harinas y fideos, el maíz amarillo duro para la industria avícola, y el aceite de soja, debido a que la producción nacional de los mencionados productos es insuficiente para cubrir lo requerido por la demanda nacional. Asimismo, hay un cierto grado de dependencia de nuestra matriz productiva por la importación de leche en polvo y azúcar blanca destinadas a la industria de lácteos y de bebidas azucaradas, respectivamente.

Es por ello que uno de los factores que condicionan la evolución en los precios internos de los alimentos en el Perú – especialmente en periodos de alzas inusitadas – es el comportamiento de los precios de los commodities, particularmente de esta canasta de insumos importados que se mencionó líneas atrás.

Recordemos que, en el periodo 2007-2008, hubo una importante escalada de los precios internacionales de alimentos, medido a través del índice de precios compuesto de alimentos de la FAO, alcanzando su máximo pico en la primera mitad del 2018 cuando dicho indicador registró una variación anualizada de 58%. Paralelamente en dicho periodo, el índice de precios al consumidor de alimentos y bebidas del Banco Central de Reserva (BCR) registró significativos aumentos a partir del mes de marzo 2018 hasta alcanzar su máxima variación en el mes de agosto cuando supero una tasa de crecimiento anualizada de 10%, la cifra más alta registrada en los últimos 10 años.

El otro factor que también contribuye a los cambios en los precios internos de los alimentos comercializados proviene principalmente de la producción obtenida del campo, es decir cualquier variación en los rendimientos obtenidos en la temporada de cosechas de productos como la papa, el arroz, las hortalizas y las frutas puede afectar la oferta de alimentos y por lo tanto – suponiendo que la demanda se mantiene inalterada en el corto plazo –, dichos cambios, se traducirían en impactos en los precios de comercialización.

Tal es el caso del limón sutil, producto de consumo popular en la gastronomía peruana, cuyo precio registró inusitados saltos durante el Fenómeno El Niño Costero del 2017 llegando a costar hasta 25 soles el kilogramo en los mercados minoristas; o las recientes alzas de este cítrico semanas atrás, las cuales se explican porque durante el actual periodo se registra regularmente baja producción en el norte del país según lo establecido en el calendario de cosechas de este fruto, previéndose que los precios del limón se reduzcan durante el periodo de temporada alta de producción, que inicia en el mes de diciembre. Este comportamiento estacional explicado en el limón también se replica en otros cultivos de mayor rotación en los mercados de abastos como son los casos de la papa cuya temporada alta inicia con las cosechas de la sierra en el mes de marzo o el tomate donde las cosechas de Lima e Ica empiezan con mayor fuerza en el mes de noviembre. En cambio, en el caso de las frutas de alta demanda, como el plátano y la papaya, la producción proveniente de la selva central es permanente durante todo el año.

Respecto al comportamiento observado del precio del pollo eviscerado (el producto de mayor peso en la canasta básica de alimentos) comercializado en los principales mercados del país, su evolución en el corto plazo obedece exclusivamente a factores de oferta en la industria avícola, teniendo además en consideración que la demanda es casi invariable – a excepción de las celebraciones de fiestas patrias y navidad – dada las pocas fuentes de sustitutos que tiene este alimento y el arraigado consumo de esta ave en la gastronomía popular.

Un indicador clave y que se convierte en el corto plazo en un termómetro de los precios de comercialización de esta ave en los centros de acopio mayoristas es el peso del pollo vivo, el cual tiene una correlación inversa con el precio de venta. Es decir, el precio promedio del pollo comercializado en los principales centros de acopio de la capital (precio al por mayor) aumenta en la medida que se registra un menor indicador de peso promedio en kilogramos de cada pollo en pie, por lo tanto, se infiere que la oferta de carne de pollo ingresado a los mercados de abastos es más baja, y viceversa. Recordemos que, en el mes de julio 2017, se registró el precio más bajo de pollo en pie alcanzando tan solo S/. 1.83 por kilogramo con un indicador de peso por pollo que superaba los 3.0 kilogramos; lo contrario se observó en marzo del 2017 cuando el precio al por mayor alcanzó los casi S/. 6.50 por kilogramo y el peso por pollo registrado en los centros de acopio no superaba los 2.50 kilogramos, dado los problemas de bloqueo de las carreteras en el norte del país producto del FEN costero.

En resumen, las fluctuaciones de los precios de los alimentos básicos que consumimos los peruanos a diario responde exclusivamente a las fuerzas inherentes al mercado y por lo tanto resulta imprescindible que tanto los productores agrarios y el consumidor final tengan acceso pleno y oportuno a la información provista por el Minagri (precios y abastecimiento) y otras entidades estatales (INEI, BCR) y de esta manera reducir las diferentes distorsiones que se generan en la cadena de comercialización y que afectan a los distintos actores que operan en ella.