El pasado 16 de noviembre, el Instituto Crecer, instancia orientada a propiciar agendas públicas y acciones que marcan tendencias de mediano y largo plazo, convocó a los ex Ministros de Agricultura al primer encuentro denominado “Juntos por la Agricultura del Perú” cuyo principal objetivo de este primer conversatorio fue la de discutir y compartir distintas posiciones y recomendaciones de la actual situación de la agricultura peruana.

En dicha reunión participaron los ex ministros Carlos Amat y León, José León Rivera, Manuel Manrique, Ismael Benavides, Rafael Quevedo, Milton Von Hesse y Juan Manuel Benites, donde se plantearon tres (03) temas de importancia medular, como: i) ley de promoción agraria; ii) grandes proyectos de irrigación y las inversiones del Fondo Sierra Azul; y, iii) estrategia agro-minería; los cuales gracias al impulso del Estado y del sector privado permitirían garantizar la sostenibilidad del agro peruano en el mediano y largo plazo con la finalidad de acelerar los resultados en materia de desarrollo e inclusión social especialmente en las zonas rurales del país.

Respecto a la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, la actividad agraria ha registrado en los últimos 18 años un importante impulso principalmente de aquellos productos vinculados con las agroexportaciones, cuyo crecimiento a nivel macro ha sido dos veces superior a lo registrado por los cultivos destinados al mercado interno. A nivel micro, en el mismo periodo, y a diferencia de aquellos trabajadores empleados en el sector informal donde no reciben ningún beneficio social, los trabajadores del agro formal ostentan un ingreso que en promedio es casi el doble de lo registrado por los trabajadores informales, según datos extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI.

Por otro lado, según el Banco Central de Reserva, debido a esta norma la creación de empleo, la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad se tradujo en una mayor generación de ingresos reales y por consiguiente una reducción de la tasa de pobreza total en aquellas regiones donde operaron las empresas beneficiadas con esta ley, como son los casos de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica cuya tasa de pobreza en estos ámbitos se ha reducido hasta en 49 puntos porcentuales entre el 2004 y 2017, siendo el sector agrario el de mayor contribución en la reducción de dicho indicador.

Dada estas evidencias positivas en materia económica y social, los ex ministros invocan al actual gobierno ampliar la vigencia de la Ley de Promoción del Sector Agrario, sugiriendo que las modificaciones a esta norma estén orientadas al desarrollo territorial rural en todo el país, ampliando su ámbito de acción en regiones de la sierra y selva por el potencial que se ganaría en materia de crecimiento económico y desarrollo social, con el impulso de nuevos drivers como el desarrollo de las plantaciones forestales, como la única propuesta de desarrollo sostenible para ambas regiones, con expectativa de superar los niveles de pobreza, por el efecto multiplicador que tendría con otras actividades económicas y por la generación masiva de puestos de trabajo a través del sector privado mediante un adecuado programa de promoción forestal impulsado por el Estado.

Respecto a las distintas posiciones antagónicas, con cierto sesgo político e incluso ideológico, que comparan erróneamente la situación y beneficios obtenidos por los trabajadores del régimen laboral de la Ley N° 27360 con la del régimen general, lo correcto sería propiciar una evaluación más objetiva de la norma, bajo el contexto de los resultados alcanzados, comparándolos con las condiciones establecidas en el sector informal, tomando en consideración además que la dinámica de la actividad agraria no necesariamente es semejante con la de otros sectores productivos.

Recordemos que esta Ley se adapta a las circunstancias propias de la agricultura, particularmente en materia laboral, en virtud a su flexibilidad en cuanto a contrataciones, beneficiando a los trabajadores empleados en esta actividad con mayores niveles remunerativos por encima de la remuneración mínima y logrando pleno empleo en ciertas regiones del país. Es por ello, que incrementar los costos en la actividad agrícola no sería lo ideal, ya que incentivaría la informalidad y por lo tanto se pondría en riesgo la sostenibilidad del negocio agrario si es que se hace más rígido el mercado laboral en este sector.

En relación a los avances en materia de riego, la costa peruana ha sido una de las regiones donde en las últimas dos décadas se ha desarrollado con mucha fuerza la agricultura moderna, gracias a la ejecución de los grandes proyectos de irrigación que permitieron incorporar a la actividad agrícola más de 370 mil hectáreas de nuevas tierras y mejoradas, cuya producción se ha destinado principalmente a la agroindustria y a los mercados internacionales.

Actualmente, siete grandes proyectos de irrigación como Chavimochic III, Olmos, Majes Siguas II, Chinecas, Puyango-Tumbes, Alto Piura y Tambo-Ccaracocha se encuentran paralizados debido a trabas burocráticas y problemas de índole político. De subsanarse estos cuellos de botella, se podría ampliar la frontera agrícola en la costa hasta en 439 mil hectáreas (262 mil de tierras nuevas y 177 mil tierras mejoradas). Un ejemplo muy puntual del potencial que ganaría el agro, particularmente las agroexportaciones, es la incorporación y puesta en operación de las casi 22 mil hectáreas palta hass proyectadas por los proyectos Chavimochic III y Majes Siguas II, cuya producción adicional podría tranquilamente equiparar los volúmenes de exportación de palta mexicana, significando para el país US$ 1,000 millones anuales más en exportaciones.

Asimismo, según los estimados del Instituto Crecer, existen casi dos millones de hectáreas de tierras agrícolas en la sierra que dependen exclusivamente de las lluvias. Teniendo en consideración esta problemática, en 2013 se crea el Fondo Mi Riego (FMR), hoy rebautizado como Fondo Sierra Azul, cuyo objetivo es reducir las brechas en infraestructura hídrica. En el periodo 2013-2017, el fondo financió proyectos de riego de los tres niveles de gobierno por un monto cercano a los S/. 1,900 millones, sin embargo, solo en la sierra la demanda de proyectos hidráulicos de los gobiernos subnacionales superaría los S/. 8,000 millones.

En opinión de los ex Ministros, el recurso agua es un factor de producción clave para el crecimiento de la agricultura peruana y la seguridad alimentaria del país para lo cual se requiere que la gestión del Presidente Vizcarra promueva con mayor fuerza la actual cartera de proyectos de irrigación haciendo un uso más eficiente del recurso hídrico, tanto en costa como en la sierra, persiguiendo el incremento de la rentabilidad agrícola y el escalamiento del sector hacia una agricultura moderna e inclusiva..

En el caso de la costa, es sumamente urgente destrabar los programas y proyectos de riego actualmente paralizados, para lo cual se debe seguir apostando por los esquemas de Asociaciones Publico-Privadas (APP’s) evitando – dado los recientes acontecimientos de corrupción por el caso Odebrecht – caer en el error de estigmatizar este esquema de inversión privada que ha dado muy buenos resultados en los últimos 20 años, y que en el caso del sector agrario ha permitido dar saltos de productividad en el campo y potenciar nuestra oferta exportable. No perder de vista el potencial productivo que ganaría el agro si se logra recuperar las tierras eriazas y salinizadas.

En cuanto a la sierra, se debe impulsar una inversión integral por parte del Fondo Sierra Azul, no solamente promoviendo la ejecución de pequeños proyectos de infraestructura hídrica sino además incentivando el buen uso del agua en la actividad agraria a través de diversas actividades complementarias en el campo con el fin de mejorar las técnicas de cultivo moderno y de esta manera dar saltos positivos en términos de rentabilidad agrícola.

El último tema del conversatorio trató sobre la estrategia agro-minería, propuesta lanzada por el Instituto Crecer que tiene como objetivo la generación de “cadenas de valor más extendidas y exitosas”, a través de la organización y formalización de los agricultores familiares, convirtiéndolos en actores preponderantes y proveedores de industrias locales con potencial agroexportador. Este modelo de intervención parte de una estrategia de articulación entre cuatro actores claves: productores, agroindustria, empresa minera y el Estado. Los pequeños productores aportan su talento, tierras y agua; la agroindustria aporta su conocimiento del mercado y su desarrollo tecnológico; la minería aportaría recursos financieros y el acompañamiento a las iniciativas que lleven a cabo; y la participación del Estado, en sus tres niveles de gobierno, quien actuaría bajo un enfoque de desarrollo territorial, dotando de bienes y servicios públicos de calidad al productor.

Considera además tres factores de éxito: i) incorpora al productor a una cadena de valor más amplia; ii) lleva al mercado a la zona de producción; y, iii) establece relaciones comerciales de largo plazo. Además, se rige por condiciones de demanda de mercado, equidad en el balance de resultados entre los distintos eslabones de la cadena de valor y desarrolla potencialidades locales para llegar a satisfacer ese mercado.

Bajo esos lineamientos antes descritos, los ex Ministros de Agricultura consideran oportuno el fortalecimiento de esta alianza agricultura y minería desde un enfoque de desarrollo territorial sostenible y orientado a mercados a través del empoderamiento sector privado, ya que coadyuvaría a reducir las tensiones entre estas dos actividades estratégicas en el ámbito rural por el uso compartido de los recursos naturales como agua y tierra. De esta manera con el impulso del sector privado como gestor del desarrollo territorial sostenible y el Estado, a través del fortalecimiento de las estrategias público-privadas, se logrará tener una visión más clara en el planeamiento a largo plazo.

Por último, es pertinente desarrollar actividades entorno a las zonas de influencia de la actividad minera y que no necesariamente deban coincidir con la ubicación de los proyectos de riego, sino que puedan funcionar como un primer paso para estimular a los mismos.

Finalmente, para el Instituto Crecer, el mensaje central que motivo este primer encuentro con los titulares de la cartera del sector agricultura de los últimos cuatro gobiernos es tener claridad sobre la hoja de ruta de la agricultura peruana y la visión de largo plazo del Estado, así como orientar al actual gobierno con aquellas políticas públicas de impacto comprobado en la población rural y que requieren continuidad, por lo que se abre a partir de ahora un espacio de discusión y de valiosos aportes que los ex Ministros de agricultura brindarán periódicamente en diversos temas a la actual gestión del Presidente Vizcarra, a través del Instituto, con el propósito de trabajar Juntos por la Agricultura del Perú.