Han pasado casi tres décadas desde las reformas estructurales o de primera generación implementadas en el Perú tras la puesta en vigencia de la Constitución de 1993. Estas reformas sentaron las bases para tener hoy una economía sólida en un contexto de mayor apertura a los mercados internacionales y con un marco jurídico estable que fomenta la inversión privada, promueve el crecimiento productivo y el desarrollo social. Sin embargo, recordemos que estos cambios radicales en la política económica respondieron a la grave crisis económica y social que sumergió al país producto de la desastrosa gestión heredada del primer gobierno de García y que obligaron posteriormente al gobierno de Fujimori a poner en marcha un proceso de estabilización y de reformas en materia fiscal, monetaria, cambiaria y de comercio exterior.

Fue precisamente otra crisis – la de los escándalos casos de corrupción puestos a la luz de la empresa Odebretch en el aparato estatal y la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura – durante el 2018, la que llevó al Presidente Martín Vizcarra a implementar una serie de reformas primordiales en el sistema político y de justicia, vía referéndum, para su incorporación y/o modificación en la actual Constitución.

Para el Instituto Crecer, las acciones llevadas a cabo por el Presidente Vizcarra en las reformas implementadas son dignas de aplaudir y apoyar dado los enormes costos económicos que genera la corrupción en la sociedad peruana que según estimados de la Defensoría del Pueblo significaría hasta el 10% del presupuesto público anual o el 2% del PBI según estimados del Banco Mundial.

No obstante, a diferencia de las acciones implementadas en la década de los 90 en donde se ejecutaron de forma simultánea el programa de estabilización y las reformas de primera generación, las medidas de reforma del sistema político y de justicia lideradas actualmente por el Presidente Vizcarra se han convertido en prioridad casi absoluta del actual gobierno por el enorme rédito político que significan y que se refleja en los favorables índices de aprobación que viene alcanzando en su gestión. Aunque dichos resultados en materia política no se condicen con los niveles de eficacia registrados en la provisión de servicios públicos básicos por parte de los tres niveles de gobierno y que se manifiestan en los más de S/. 16 mil millones dejados de ejecutar en el presupuesto de inversiones del 2018 (78% corresponde a recursos no ejecutados por los gobiernos subnacionales) así como los S/. 2,600 millones que no se ejecutaron en las intervenciones vinculadas con el programa de Reconstrucción.

Mas que una crítica, esta situación se podría convertir en una oportunidad para que el gobierno de Vizcarra, en los próximos tres años de cara al bicentenario, consolide las reformas de segunda generación que quedaron truncas en la segunda mitad de la década de los 90, tanto en materia tributaria y laboral, salud, educación, innovación y la reforma del Estado (servicio civil, retomar el proceso de privatización de empresas públicas, simplificación administrativa), las cuales permitirían aprovechar el potencial productivo del país por los niveles de competitividad que se ganaría. Un estudio del BBVA, estima que se podría adicionar hasta dos puntos porcentuales de crecimiento al PBI si se implementan las reformas de segunda generación.

Si bien es cierto, diversos organismos internacionales elogian al Perú por la posición relativa alcanzada en materia de crecimiento económico en América Latina, es también cierto que propender a una alta tasa de crecimiento de la actividad productiva no es suficiente para reducir de forma sostenida la tasa de pobreza vía el incremento de los ingresos. Además, la dinámica observada de comportamiento del PBI en el Perú responde en gran medida a los vaivenes de los precios internacionales de los metales y minerales, generando episodios de volatilidad o crecimiento errático en la actividad productiva que afectan las decisiones de los agentes económicos.

Ejemplo de lo anterior es el comportamiento de la tasa de crecimiento anual del PBI de países como Chile y Corea del Sur, cuyas cifras actualmente se encuentran por debajo de lo registrado por el Perú. Sin embargo, los niveles de ingreso per cápita de Chile y Corea del Sur es más de dos y cuatro veces mayor, respectivamente, al ingreso por habitante ostentado por nuestro país. En el caso particular de este país asiático, hace 70 años atrás, el Perú registraba un PBI per cápita 2.6 veces superior.

Estas notorias diferencias, sin lugar a dudas, se explican por la implementación de políticas adecuadas y de largo aliento que trascendieron numerosos gobiernos en pilares como institucionalidad (reforma del estado y ambiente de negocios), capital humano, innovación y mercados, generando aumentos sustanciales en los niveles de competitividad y que permitieron a estos dos países mencionados crecer de forma sostenida y registren altos ingresos por habitante. No es coincidencia que el Perú se encuentre actualmente rezagado respecto a estos dos países en los principales indicadores de Competitividad Global y de Facilidad de Hacer Negocios reportados por el World Economic Forum (WEF) y el Banco Mundial, respectivamente.

Respecto a las reformas en materia de institucionalidad, el punto central es el fortalecimiento del rol del Estado en la provisión de servicios públicos – especialmente infraestructura básica – buscando, por un lado, gestionar los recursos públicos con eficiencia y eficacia, para lo cual se requiere fortalecer el proceso de descentralización y proveer servidores públicos altamente capacitados para un mejor funcionamiento del aparato estatal. Por otro lado, reducir las innumerables barreras burocráticas que generan sobrecostos en la actividad privada debido a la avalancha de leyes y regulaciones que llevan a que los agentes económicos se encuentren inmersos en el mundo de la informalidad, o en su defecto retrasen y/o desalienten la inversión productiva y reduzcan la base tributaria.

Sobre este último problema, urge una reforma tributaria integral dada la complejidad e inequidad de los actuales sistemas impositivos existentes, concentrados en impuestos indirectos y con una fuerte presión tributaria sobre el sector formal. Si se eliminaran las exoneraciones tributarias y se combatieran la evasión y el contrabando se podría generar recursos fiscales adicionales de hasta 4% del PBI.

Por otro lado, en una economía como la nuestra donde abunda el capital humano resulta fundamental invertir en ella si queremos alcanzar mejoras en los niveles de productividad de la población, lo que implica una política de Estado de gran alcance en materia de salud y educación básica, acompañada de una fuerte inversión en capacitación con la finalidad de fortalecer las habilidades ocupacionales de la fuerza laboral y de esta manera aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento económico. Sin embargo, en este aspecto el Perú se encuentra muy rezagado respecto a otros países en relación a la disponibilidad de trabajadores calificados (puesto 119 de 130 países) según lo reportado por el WEF. No es de extrañar que Costa Rica sea considerado el mejor país latinoamericano con mejor desarrollo de capital humano, atrayendo importantes empresas extranjeras y permitiendo posicionar a esta economía como la primera en exportaciones de bienes industriales de alta tecnología en Latinoamérica.

El fortalecimiento del capital humano también contempla la flexibilización de las normas que regulan el mercado laboral. Es bastante evidente que la alta informalidad del empleo registrado en nuestro país obedece principalmente a la alta rigidez del mercado laboral, restando competitividad a las empresas. Propender a una mayor flexibilidad del mercado laboral ha tenido buenos resultados para el sector agrario en el Perú en la última década gracias a la Ley de Promoción Agraria donde los trabajadores del agro formal ostentan ingresos que en promedio es casi el doble de lo registrado por los trabajadores informales, según datos extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI.

Otro pilar de este conjunto de reformas que requiere implementar el Perú es la mayor inversión en innovación. Existe una vasta literatura, sobre los beneficios de la inversión en investigación, reportando altas tasas internas de retorno en aquellos países que han destinado un mayor gasto en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). A pesar de esta evidencia, la inversión en I+D+i como porcentaje del PBI en países latinoamericanos (0.54%) está muy por debajo de la observada en países de altos ingresos (2.56%). En el Perú esta cifra es de tan solo el 0.12%, según cifras del Banco Mundial.

Finalmente, se requiere que la puesta en marcha de estas reformas por parte del Gobierno del Presidente Vizcarra estén acompañadas de mecanismos institucionales y permanentes de consulta al sector empresarial, a fin de establecer las prioridades de política que permitan recuperar la senda de crecimiento productivo y sostenido con inclusión social, especialmente de la cartera de proyectos privados que hasta la fecha se encuentran trabados como CHAVIMOCHIC III, MAJES-SIGUAS II, GASODUCTO SUR, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHEROS, concesiones viales y diversos proyectos mineros.

Definitivamente un país que crece genera paz y lo opuesto puede producirse cuando se estanca. Las recientes posiciones políticas en el sur del país demuestran la disconformidad de una parte de la población con la actual gestión del ejecutivo. Esta es la oportunidad de fortalecer la institucionalidad del Gobierno, involucrando a los tres poderes del Estado, con la finalidad de atender las necesidades primordiales de todos los peruanos.