El año pasado nos ha dejado golpeados con un incremento de regulaciones sin sentido: durante el 2018 se emitió una serie de regulaciones no solo defectuosas o perjudiciales, sino en algunos casos absurdas. También se insistió con proyectos trasnochados que responden más a intereses (o egos) personales o grupos de interés o tendencias internacionales acogidas de forma irreflexiva. A continuación, señalaremos las que hemos considerado como peores en función al mes de su emisión o aprobación. A su vez haremos un recuento de las críticas u observaciones que dimos desde Regulación Racional a cada una de estas propuestas.

• Enero

Para empezar, en el mes de enero Jorge del Castillo presentó el Anteproyecto de Ley de Regulación de Fusiones y Adquisiciones Empresariales. Esta propuesta se dio en el contexto de la adquisición de Quicorp por parte de InRetail por lo que Inkafarma tendría una posición dominante, lo cual generó bastante polémica en nuestro medio.  Al respecto, en nuestro blog nuestro colaborador Amerson Mendoza , en el artículo “¿Es conveniente el control de fusiones?”, realizó un análisis de costo beneficio sobre la conveniencia de su existencia en el Perú. Se enfatizó la dificultad predictiva ante la cual se enfrentaba el agente de la competenci

• Febrero

En febrero vino con una de las medidas más cuestionables del año. Nos referimos a la decisión sobre el ingreso de alimentos en los cines. Al respecto, nos pronunciamos señalando que no existe ninguna justificación (económica o social) para regular el precio de las entradas a los cines a través de restringir su modelo de negocio. Asimismo, hicimos énfasis en que el precio de los cines se explica en gran medida por la “discriminación de precios”.

• Marzo

En marzo se presentó el Proyecto de pena de muerte a los violadores . Bajo esta se buscó que la redacción del artículo 140 sea la siguiente: “La pena de muerte solo puede aplicarse por delito de traición a la patria en caso de guerra, el de terrorismo, y el de violación sexual de menores de siete años edad, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”. Al respecto, señalamos los defectos de este tipo de propuestas. Dimos énfasis principalmente en la no efectividad de medidas como estas, llegando incluso a tener efectos perjudiciales y agravando la situación que quiere resolver, tal como el caso de China frente a los actos de corrupción.

Dentro del mes de marzo también se propuso el subsidio a las amas de casa, el cual estuvo impulsado por el congresista Lescano. Nosotros criticamos la medida en tanto ella obvia el concepto de costo de oportunidad, el problema del déficit fiscal y su falta de efectividad, entre otros puntos.

• Abril

 En el mes de abril se aprobó la Moratoria de Universidades por la cual se amplió dos años la prohibición para la creación de más Universidades públicas o privadas. Al respecto, señalamos en el artículo ¿Moratoria o lavada de manos? que “si realmente queremos mejorar la educación, invirtamos, regulemos incluso de forma más estricta a las nuevas universidades, hagamos que compitan entre ellas. Los únicos beneficiarios de una prohibición de competencia son los empresarios que ya se encuentran en el mercado”.

• Mayo

En mayo se propuso el impuesto a bebidas azucaradas, una medida que, como señalamos en su momento, era inconveniente e inconstitucional. Asimismo cuestionamos qué tan explicativa es la variable “consumo de bebidas azucaradas” respecto a la obesidad. Adicionalmente, en nuesto comentario, nos referimos a un estudio de la profesora Ritter que prueba que el impuesto a bebidas azucaradas puede generar un incremento en los casos de cólera.

• Junio

En junio se aprobó la prohibición de publicidad estatal en medios privados, lo cual generó bastante controversia. Al respecto, explicamos que “en lugar de meterse en los negocios privados, el Estado debería tener sistemas de control interno para situaciones en las que manejan el dinero de todos. Es lo público lo que requiere supervisión o control cercano y constante, no lo privado. En Perú solemos invertir esto, pensando que la regla es el control de lo privado y la discrecionalidad de las autoridades”. Finalmente, dicha norma fue declarada inconstitucional por el TC.

• Julio

En julio el actor principal fue el Osiptel y su propuesta de  prohibir la comercialización de planes con atributos similares, pero con condiciones menos ventajosas. Al respecto, señalamos que esta propuesta desconoce la importancia de la discriminación de precios para lograr la eficiencia en un mercado. La norma, a fin de cuentas, supone una regulación de precios en un mercado bastante competitivo, mostrando cada vez más la irrelevancia de un regulador que fue creado para justamente hacer la transición entre empresa estatal monopólica a libre mercado competitivo en 1993. Luego de tantos años y con los avances en la competencia en el mercado de celulares, el regulador ha devenido en obsoleto, tal como explicamos aquí.

Así mismo, señalamos que  “este tipo de propuesta normativa solo demuestra que OSIPTEL ha pasado ya los tres estadíos de la regulación que podrían justificarse como razonables y cualquier regulación posterior tendrá siempre un manto de duda sobre ella. Ni siquiera el uso de estándares sobre calidad regulatoria puede evitar esto. En el caso particular de esta propuesta normativa, ésta pierde de vista principios económicos y legales básicos”.

• Agosto

En agosto se propuso la Ley que prohíbe el uso gratuito de bolsas, cañitas o sorbetes, vasos, platos, cubiertos y otros utensilios desechables de plástico. Si bien se trató de una medida bien intencionada, no estuvo libre de problemas. De allí que señalamos que “la prohibición de uso de bolsas de plástico reducirá el uso de bolsas, y los costos y daños asociados a su uso (…) pero también aumentará otros indicadores, como el costo producido por el uso de alternativas. Visto en perspectiva, quizás estamos mejor con las bolsas de plástico que sin ella”. Además, la medida no está respaldada en estudios, ni toma en cuenta que hay métodos alternativos (menos radicales que una prohibición absoluta) que son menos costosos y que se adaptan mejor a la realidad de un país con informalidad alta.

• Septiembre

En septiembre se aprobó el Decreto legislativo que sanciona la corrupción en el ámbito privado. Sobre este punto cuestionamos las diferencias que existe entre una organización privada y pública para analizar qué tan sustentable es la medida.

• Octubre

En octubre, la regulación que cobró más atención fue la obligación del cobro por minuto en los estacionamientos. Esta medida era perjudicial a todas luces en tanto que, como señalamos, implicaba una regulación implícita de los precios así como incentivos para el sobreuso de estos medios de transporte, algo contraproducente en una realidad como la peruana.

También en octubre, resalta la aprobación en el Congreso del proyecto de  Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público. Sobre este punto consideramos que era perjudicial dado que no consideraba los efectos fiscales de la medida y implicaba altos costos de oportunidad

• Noviembre

En noviembre el Congreso aprobó el Proyecto de Ley que regula los aplicativos de transporte. Como mencionamos en su oportunidad, no existe ninguna razón económica para regular este sector en tanto la llegada de estos aplicativos no generaba ninguna falla de mercado, sino que, al contrario, llegaba incluso a corregir algunas de ellas.

Este es un caso paradigmático donde la regulación estatal y la “regulación del mercado” compiten, siendo claro que los taxis de aplicativo son superiores a los taxis traducionales (regulados por el Estado). Si bien es posible pensar en formas en las que el Estado debería tener alguna ingerencia en este ámbito, la norma emitida por el Congreso es a todas luces un retroceso que pone en peligro este modelo de negocio (nuestra opinión aquí).

• Diciembre

Para cerrar el año ,en diciembre, la peor regulación fue la eliminación del impuesto selectivo al consumo a casinos y máquinas tragamonedas. Como señalamos,  esta medida está beneficiando de manera evidente a intereses particulares.

Ahora bien, ¿cuál fue la peor regulación del 2018?

Para Abner: como se evidencia, muchas son las candidatas y dada la gran variedad de propuestas una elección es complicada. Considero que la peor fue la propuesta de pena de muerte para violadores. En efecto, esta medida además de evidentemente ir contra los tratados internacionales, es inefectiva y hasta contraproducente si lo que se busca es reducir las violaciones. De hecho, sola redacción ya era contradictoria (“pena de muerte conforme a los tratados internacionales”). Se trataba pues de una propuesta populista como muchas de las otras con el agravante que ponía en juego un tema tan delicado como la vida e integridad de la gente.

Para Oscar: para mi, la peor regulación del año fue la “moratoria de universidades”. Me cuesta pensar en una medida más irracional y más en antípodas no solo con una economía libre, sino con un país preocupado por la educación que prohibir nuevos emprendimientos que nos puedan dar la esperanza de tener mejores proyectos educativos en el futuro. Esto máxime cuando ya existe en marcha un mecanismo para asegurar la calidad de esos nuevos proyectos, como es Sunedu. 

Dicho esto, lo que nunca se puede perder es el optimismo. Esperemos un mejor 2019. Desde Regulación Racional trabajaremos para que así sea.

*Artículo hecho en colaboración con Abner Casallo, asistente de investigación en Regulación Racional.