El poder ejecutivo ha planteado la idea de fusionar organismos reguladores. Esto ha sido criticado por especialistas, que parecen defender la idoneidad del modelo actual. Sin embargo, el modelo actual es muy difícil de justificar.
Reguladores como OSIPTEL surgieron en un escenario de transición desde un monopolio estatal a un monopolio legal y finalmente a un mercado abierto. Paradójicamente, mientras más aumentaba la competencia en telecomunicaciones en Perú, más crecía OSIPTEL (a juzgar por cantidad de regulaciones y multas impuestas a operadores). Los reguladores pasaron de “recreadores del mercado” a incentivadores a barreras de este.
En ese escenario, una propuesta que desaparezca reguladores debería ser percibida como positiva. Pero cambiar a cuatro por un “super regulador” no es lo mismo que desaparecerlo. No se perciben claramente las ventajas de un regulador más grande y con menos especialización. En todo caso, la propuesta es casi tan difícil de comprender como los esfuerzos por defender el modelo actual.
Concentración del poder y estado regulatorio
Una de las discusiones constantes en teoría económica de la regulación tiene que ver con la concentración -y dispersión- del poder. Mientras más reguladores haya -se dice- es más difícil la captura y por lo tanto la regulación tenderá a alinearse mejor con el interés social. Sin embargo, esto poco o nada tiene que ver con la discusión sobre reguladores de sectores que son independientes entre sí. Lo que pase con OSIPTEL afecta poco a SUNASS o SUNEDU u OSITRAN.
En el escenario regulatorio actual, me preocupa más el retroceso del Tribunal Constitucional en su rol como contralor de la constitucionalidad de las leyes. En base al test de proporcionalidad, el TC ha revisado cientos de regulaciones, algunas de ellas económicas, para determinar si cumplían su propósito a un costo razonable.
Sin embargo, en una reciente decisión sobre la ley que pone topes a las tasas de interés (aquí), el TC ha abdicado esa función. El TC hace un análisis superficial o formal de los derechos económicos involucrados; avala que una norma pueda ser expedida sin análisis costo-beneficio; y, finalmente, señala que -a pesar de los informes en contra del BCR y la SBS y su supuesto interés en las consecuencias negativas que pueda tener esta ley para la sociedad-, lo único que les queda es exhortar al Congreso para que -la próxima- haga un mejor análisis de las consecuencias potenciales de sus normas.
Sin embargo, en esta misma decisión, el TC se inventa que en Perú está prohibida la usura (a nivel constitucional) e incluso justifica su regulación, a pesar de ser un concepto antitécnico y desfasado. ¿Con qué autoridad manda al Congreso a revisar sus procedimientos, entonces? Ellos mismos están diciendo que la usura existe y debe ser combatida, que no se ha violado ningún derecho o principio económico y que el Congreso ha hecho un análisis costo-beneficio suficiente.
La regulación en Perú -tanto por parte de reguladores como del Congreso u otras instancias- es un cáncer. Debe ser combatida con “contra-reguladores” y desapareciendo a los reguladores existentes. Si bien la propuesta de crear un “super regulador” no tiene méritos, tampoco tiene mérito defender el sistema actual. Y, menos aún, que un ente como el TC abdique a su función de controlar la regulación que afecta nuestra economía y sociedad, basándose en retórica vacía y conceptos trasnochados.
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