Con Castillo y Cerrón no es el fantasma del socialismo el que recorre el Perú, sino el del capitalismo salvaje. Las medidas que vienen implementando están desinstitucionalizando los sectores educativos, de transportes, minero y otros para favorecer a los empresarios informales.
“Siempre con el pueblo”, es el lema que los marqueteros del gobierno han encontrado para vender el gobierno de Pedro Castillo. El mensaje es explícitamente populista: El ejecutivo favorecerá a las grandes mayorías, por encima de otras prioridades. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esta postura, pero lo que se espera en cierta coherencia con la misma.
Lo curioso es que el propio presidente, el líder del partido que lo llevó a la primera magistratura, sus ministros y congresistas están haciendo todo lo contrario a lo que dicta este slogan, y más bien, se hallan empecinados en beneficiar a los empresarios informales antes que al ciudadano de a pie.
Una prueba de ello, son las medidas que este gobierno viene tomando en el sector transporte. La designación de Juan Silva en el primer gabinete fue una declaración de principios. El nombramiento de un multado chofer de minivan como ministro de transportes y comunicaciones (MTC) era una señal inequívoca que los empresarios de este rubro serían abiertamente amparados por el flamante régimen.
Justamente, en una actividad que en los noventa del siglo pasado el Fujimorismo le arrebató su condición de servicio público para que se rigiera por las leyes del mercado generando el caos del transporte que vivimos hoy, es donde más prolífico ha sido el castillocerronismo para amparar a colectiveros, choferes de combi, taxistas y mototaxistas.
La andana de medidas, normas y acciones para desmantelar la escuálida regulación que existía en esta actividad favorecen exclusivamente a estos empresarios: La formalización de los colectiveros (encargada a la Sutrán, con la cual desnaturalizan su propósito), la reorganización de esta entidad, la eliminación de las sanciones (incluso la exoneración de pagos de multas), la ampliación de la circulación de combis por 10 años más (Proyecto de Ley N°1048-2021-CR, que busca modificar la Ley 30900), la renovación automática de rutas que dejaría sin efecto los planteamientos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la eliminación de impuestos (impuesto selectivo al consumo al combustible) e, incluso la revisión del pago de peajes.
A este paquete desregulador se suma que el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Congreso de la República hayan ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024 el proceso de formalización minera, a pesar de que este proceso empezó hace exactamente 20 años (2002) y los plazos de formalización se han extendido cuatro veces.
Poco o nada le ha importado a Cerrón y compañía el reciente asesinato de Jean Fernández Hanco, un dirigente forestal de Madre de Dios , ni que se hayan opuesto a la norma ambientalistas, el propio Minan y varias organizaciones indígenas. Lo importante era asegurar que los mineros no formales continuaran enriqueciéndose así vulneren los derechos laborales, ambientales y a la biodiversidad.
Como no podía ser de otra manera, también han debilitado a la Sunedu y la reforma educativa. Hace unos días se acaba de permitir que las universidades licenciamiento denegado (17) tengan un año adicional para que puedan continuar o retomar sus actividades.
Recién estrenados en el Gobierno, se han esforzado por favorecer a los empresarios constructores de su entorno íntimo. Desarticulado el Club de la Construcción, dedicado a ganar las grandes licitaciones que convocaba el MTC, han creado el de los visitantes de Sarratea y de San Borja, para que se haga de esos proyectos.
“Laissez faire, laissez passer”
Aunque parezca increíble, ya sea que están arriados por su ignorancia o por un afán de rapiña, la gestión perusibilista viene desmontando las pocas reglas y regulaciones que nuestra endeble institucionalidad trataba de instaurar, para imponer las del capitalismo salvaje.
Contradictorias todas estas acciones con las del llamado a reformar la Constitución a la que acusan de neoliberal, cuando el programa de gobierno que vienen implementando sonrojaría al más radical de los liberales modernos.
Antes que a Marx y a Lenin, Cerrón y Castillo parecen seguir los postulados del “laissez faire, laissez passer” (dejen hacer, dejen pasar) que Vicent de Gournay acuñara en el siglo XVIII para reinvindicar la fuerza del mercado libre frente a la injerencia del Estado en los asuntos económicos.
De Gournay exigía libertad absoluta y se oponía al intervencionismo de los gobiernos. Nada de impuestos, aranceles y regulaciones. Los mismos fundamentos que viene aplicando con entusiasmo la gestión de Castillo al desregular el transporte público, la minería y la educación para favorecer a los empresarios informales de estos rubros.
Era de esperarse que la fuerza de la economía informal se manifestara políticamente y, como suele ocurrir en estas circunstancias, traten de imponer su visión, sus conductas y sus reglas al resto del país. Tarde o temprano iba a suceder, lo raro es que haya llegado de la mano de unos políticos que se autoproclaman marxistas leninistas y que tiene por lema “siempre con el pueblo”, cuando debiera ser siempre con la informalidad.
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