La izquierda radical, encabezada por Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, ha decidido dejar los disimulos y disfuerzos para mostrar su vocación autoritaria y violenta. Del arrebato golpista de Pedro Castillo el 7 de diciembre (7D) último, ha pasado a la consabida victimización para, luego, justificar el desenfreno violento que ha desatado.

En un giro digno de una telenovela, ahora Castillo aparece en la nueva narrativa que construyen los perulibretistas como traicionado por Dina Boluarte y sacrificado por el Congreso. Los argumentos empleados son tan delirantes, como los personajes que los balbucean sin sonrojarse. Se destaca entre todos el puka Bellido (promotor de la risible hipótesis de que Castillo fue drogado para instarlo a dirigir el mensaje a la Nación en el que se autoproclamó dictador), aunque Anibal Torres y la fugaz ex premier, Betsy Chávez, no se quedan atrás.

Estos personajes como sus declaraciones serían inspiración de exitoso sketch cómico, si es que no hubiesen prendido con ellos hogueras en todo el país. Ataques a por lo menos doce comisarías e infraestructura clave: aeropuertos, carreteras e incluso plantas industriales (Leche Gloria). Todo parece responder a un plan premeditado para vulnerar los principios democráticos y consumar el autogolpe.

La narrativa del supuesto golpe contra Castillo perpetrado por el Congreso, es empleando para azuzar y dar rienda suelta al único talento que parece tener la izquierda peruana: agitar, generar bloqueos y actos de violencia premeditados y calculadamente provocados para que las fuerzas del orden deban emplear sus armas de fuego para reprimir los actos delincuenciales y que abiertamente subvierten el orden interno.

Salvo esta sospechosa aptitud, en los 16 meses de gobierno de Castillo, ni por asomo han rozado el llamado “arte de gobernar”. En todo ese tiempo, no han anunciado una sola reforma, una medida transformadora, ni siquiera una iniciativa que favorezca al gremio magisterial del que surgió el ahora aprendiz de golpista. La llamada segunda reforma agraria, es una broma de mal gusto, cuando en un despliegue de incompetencia fueron incapaces de comprar urea.

En lo único que se han destacado Castillo y sus colaboradores es en el descaro, otros calificarían de torpeza, con el que se dedicaron a robar.

Incapaces, corruptos y ni siquiera consecuentes con su lema de “siempre con el pueblo”. Arriados por su ignorancia o por un afán de rapiña, la gestión de Castillo desmontó las pocas reglas y regulaciones que nuestra endeble institucionalidad, para imponer las del capitalismo salvaje y favorecer de esta manera a sus financistas: constructores, mineros informales, transportistas y otros.

Dada esta magra performance como gobernantes, no se entiende, para que quieren que les devuelvan el poder, cuando no supieron hacer uso de él para transformar el país. Una insensatez más, pero en la que se hallan empecinados sin importarles al espiral de imprevisibles consecuencias al que arrastran a la Nación. Una fuerza destructiva sin norte ni propósito. El poder, por el poder. Y la violencia como el único método para volver a ejercerlo.

Como en otras oportunidades, cinicamente, estos asuzadores recurren al denominado “derecho a la protesta”. Un derecho, dicho sea de paso, liberal y que es impracticable en una dictadura comunista, pero al que se aferran por que lo consideran una especie de salvoconducto para desatar el caos y la brutalidad extrema.

Alegando este supuesto “derecho” han normalizado el empleo de la violencia para solicitar desde beneficios económicos hasta políticos. Esta neofigura legal consagra que quién protesta (por lo que sea), tiene franqueada la posibilidad de vulnerar las leyes impunemente, así estas amparen el derecho de otros. Incluso, está permitido violentar derechos fundamentales como el libre tránsito, la integridad física, y ejercer la violencia desmedidamente: incendiar y atacar a las fuerzas del orden sin que estas puedan defenderse.

Empleando estas argucias vienen empujando al Estado hacia el caos y a la anarquía. Es precisamente en estas circunstancias que se justifica que el gobierno intervenga para restablecer el orden público y proteger las libertades democráticas de quienes sin el menor disimulo quieren cancelarlas.

La Constitución es clara al respecto. En el inciso 4 del artículo 118 se señala: Corresponde al presidente de la República: (…). Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Y en el artículo 166, se establece que: “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado”.

No hay la menor duda que Castillo, Cerrón y su comparsa, están empeñados en instaurar un régimen autoritario. ¿Qué más pruebas que tembloroso el mensaje a la Nación que dirigió el primero de los nombrados el 7D y los actos violentos que vienen perpetrando para restaurarlo en el sillón de presidencial del que se alejó por sus propios medios buscando asilo?

En realidad, no debiera sorprendernos tanto lo que viene ocurriendo. Estabamos advertidos de esta impronta golpista. Lo anunciaron con todas sus letras durante la campaña. “El mismo día en que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, firmaba la llamada ‘Proclama ciudadana´, en la que se comprometía a respetar las instituciones democráticas, la Constitución y a dejar el poder el 28 de julio de 2026, se dinfundía un audio en el que Guillermo Bermejo aseguraba que ‘si tomamos el poder no lo vamos a dejar´ y, en el que para mayores señas se aseguraba que no creían en ´pelotudeces democráticas”’.

Esta no es la hora de las vacilaciones. Se debe defender decididamente a la democracia, restablecer el orden usando los mecanismos constitucionales previstos para estas situaciones y procesar a quienes vienen empleando la violencia para atentar contra la libertades ciudadanas con el mayor descaro.

Lo ocurrido en Venezuela, Argentina, Bolivia y en menor medida en Chile, nos obliga a ser firmes y no permitir que mediante el empleo de la violencia avasallen los principios democráticos.