Por: Verónica Zapata.

El cierre de una universidad no es solo el triunfo de la ley sobre un rector corrupto o una universidad fachada. Es mucho más que eso.

El inminente cierre de universidades que no logran el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) es el triunfo de lo legal sobre lo bamba, lo corrupto y sobre lo que por décadas se mantuvo impune. En este sentido, es alentador ver la persistencia de una Sunedu atacada permanentemente por los feroces y ahora excongresistas que quisieron, durante años, tumbarse la Ley Universitaria y amedrentarla de todas las maneras posibles. Como muestra reciente de esta situación, se puede identificar el hecho de que la no licenciada Telesup haya realizado un nuevo intento de desconocer la denegatoria de la Sunedu, esta vez de la mano de uno de sus estudiantes y de un juez de Bagua.

Por ello, vale la pena hacer una pausa para analizar una situación desde la complejidad de sus múltiples aspectos. El cierre de una universidad no es solo el triunfo de la ley sobre un rector corrupto o sobre una universidad fachada; es mucho más que eso. Esto se debe a que los títulos de miles de graduados valdrán nada una vez que estas universidades se cierren y otros miles de estudiantes resultarán afectados en la medida que algunos lograrán trasladarse a otras universidades, pero otros saldrán del sistema de educación superior. ¿Quién les devolverá a esas familias los recursos invertidos? Claramente hay una responsabilidad del Estado no solo en términos de regulación o cierre, sino también con respecto a la intervención de otros actores del Poder Ejecutivo en este escenario.

Por ello, es importante recordar el alarmante diagnóstico que condujo al Tribunal Constitucional a señalar, a inicios de esta década, que el Estado había desatendido por completo su rol de supervisión de la calidad de la educación universitaria. Y recordar también que hay otro actor involucrado en el crecimiento de la oferta educativa de baja calidad: los estudiantes. La demanda de cada vez más graduados de secundaria y de gente que trabaja por lograr un título universitario, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales, estudiando a tiempo parcial, ha acompañado la expansión de la oferta privada y de sus modalidades.

A ello se suma el abandono estatal -por décadas- del financiamiento de la educación superior pública. Mediante el Decreto Legislativo Nº 882 de inicios de los noventa, se estableció que la demanda desatendida sería cubierta por la empresa privada y, prácticamente, se congela el incremento de plazas en la educación pública. Por otro lado, un sector privado, con y sin fines de lucro, ha reforzado, en algunos casos irresponsablemente, la falsa idea de que se contribuye al acceso a la educación universitaria con equidad al permitir, sin condiciones, que cualquier estudiante que pueda pagar 300 soles mensuales obtenga un título universitario, aun cuando sus retornos en el mercado laboral son negativos. En otras palabras, hubiera sido mejor no estudiar ninguna carrera universitaria e insertarse directamente en el mercado laboral con su secundaria completa.

Para contribuir a la solución de este problema, un tema impostergable es la mejora de la calidad de la educación secundaria. A pesar de que los datos son escasos, sabemos, por los resultados del país de la prueba PISA (el último resultado disponible aún es del 2015), que más del 53% de los jóvenes peruanos de 15 años no entienden lo que leen y que solo el 18.5% de ellos tiene un nivel que podría considerarse aceptable para su ingreso a la educación universitaria (15% puede realizar conexiones, comparaciones y explicaciones, o evaluar críticamente un texto, y solo 3.5% puede hacer ello con un texto extenso y complejo, cuyo contenido le resulte poco familiar). Ojo que comprensión lectora es el indicador en el que el Perú obtiene mejores resultados en comparación con otras áreas evaluadas en PISA.

No debe sorprender, entonces, que hayan proliferado instituciones donde se bajan los niveles de calidad al tener estudiantes sin las habilidades necesarias para una alta exigencia, y donde se escolarizan los modelos universitarios y no se promueve la investigación. Tenemos universidades que deben enseñar a sus estudiantes a comprender textos o matemáticas básicas y docentes obligados a dictar cursos estandarizados para no generar alta repitencia. Dada esta enorme brecha de conocimiento, en muchos casos de universidades cerradas por la Sunedu, el estudiante se convierte en cómplice: yo hago como que estudio y tú haces como que me enseñas, con tal de que no me quites el sueño del título universitario.

¿Se está haciendo algo para solucionar este problema? Muy poco. Los últimos intentos de remediar la secundaria se realizaron con la implementación progresiva de la jornada escolar completa, que luego fue dejada de lado. Por ello, urge una estrategia clara para el cierre de brechas de aprendizajes en la educación básica, la implementación de modelos diferenciados en la educación secundaria, nivelaciones para los estudiantes que opten por una trayectoria universitaria en los últimos años de la secundaria, entre otras alternativas.

Por otro lado, urge reorientar este ímpetu por el título universitario mediante alternativas formativas que calcen mejor con el perfil de nuestros egresados de educación secundaria y pensar en alternativas realistas para asegurar un acceso a la educación superior con equidad. La educación para el trabajo es una opción que puede permitirle a nuestros estudiantes tener un mejor ingreso al mercado laboral, sin descartar una posterior incorporación a la educación tecnológica o universitaria. Para esto, resulta vital el fortalecimiento y la modernización de la educación tecnológica y la formación laboral, para apoyar su revalorización.

En la misma línea, es necesario pensar en la modernización y diversificación de nuestro sistema de educación universitaria pública, pues es innegable reconocer que la educación con fin de lucro posee una gran versatilidad para atender a estudiantes que, a su vez, trabajan, así como para adaptar sus modelos educativos a las necesidades de estudiantes que llegan con brechas de aprendizajes de la educación básica. Estas estrategias deberían ser reguladas con el propósito de diferenciar los mínimos de calidad para instituciones que requieran enfocarse en la mejora de la docencia y en el monitoreo de la deserción e inserción laboral de sus estudiantes, y aquellas más avanzadas en la ruta de maduración a las que se les requiera investigación indexada.

Finalmente, se deben abordar las distorsiones que produce el sueño del título universitario con respecto a nuestro mercado laboral, especialmente en el sector público, en el que se valora el título universitario independientemente de dónde o bajo qué modalidad este haya sido obtenido. En relación a este contexto, es necesario implementar sistemas de reclutamiento de personal más modernos en los que se ponderen las habilidades y la experiencia del postulante, y no la acumulación de títulos puede sumar a este objetivo.

La agenda pendiente es amplia y el avance de la regulación universitaria es, sin duda, positivo y meritorio. Sin embargo, para pensar en el largo plazo, debemos empezar a prevenir y curar el origen de la enfermedad. De otro modo, el sueño del título universitario encontrará la forma de ser cumplido sin políticas que lo encaucen hacia mejores resultados.