Por: Alonso Segura

Las Mesas Ejecutivas (ME) y el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) son dos iniciativas fundamentales para romper la inercia en el sector público.

Para solucionar la problemática que enfrenta -y a veces genera- el sector público, es indispensable primero entender la lógica de su funcionamiento. Solo después es posible intentar cambios y correctivos. Las Mesas Ejecutivas (ME) y el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) cumplen exactamente ese rol.

¿Cómo funciona el Estado? Es frecuente escuchar quejas sobre las ineficiencias y trabas que enfrentan ciudadanos, empresas o terceros cuando tienen que realizar trámites o, en general, cuando requieren la prestación de algún servicio por parte del sector público. En muchos casos las críticas son justificadas.

Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en las restricciones que enfrenta el sector público y los funcionarios en los procesos de toma de decisiones. Son menos aún los que hacen el esfuerzo de encontrar mecanismos de solución viables, implementables y generalizables.

El sector público es un conglomerado de miles de entidades, que a su vez emplean a más de un millón y medio de personas, sin contar otros cientos de miles bajo modalidades de contratación por productos específicos.

Existe una brecha salarial importante con el sector privado, la cual se acrecentó hace más de doce años con la decisión populista del expresidente García de reducir las remuneraciones públicas.

Cada entidad, y cada funcionario a su interior, tiene competencias y funciones específicas. Por ello, el pensamiento de silo es el predominante, basado en la lógica de responsabilidades individuales, sin considerar las implicancias de las decisiones de cada uno sobre los procesos de los cuales forman parte.

Esta actitud se acentúa por la lógica persecutoria de la Contraloría General de la República, que a su vez se alimenta del escaso conocimiento técnico de sus funcionarios. A ello también se suma una relación difícil con el sector privado, generalmente de desconfianza y falta de comunicación, lo cual hace muy difícil diagnosticar cualquier problemática y plantear soluciones.

No existen, por tanto, incentivos para tomar iniciativas o decisiones cuyo éxito depende de procesos y cadenas de funcionarios de múltiples entidades.

El pensamiento de silo es el predominante en el sector público, y se acentúa por la lógica persecutoria de la Contraloría. No existen incentivos para tomar decisiones. Eso es lo que hay que cambiar

Si se considera esta realidad, lo que se necesita son incentivos para que los funcionarios públicos cambien su lógica de funcionamiento. Uno evidente es la aplicación de la meritocracia y la rendición de cuentas en regímenes laborales públicos, los cuales, lamentablemente, avanzan a cuentagotas.

También son necesarias herramientas de mejora de la regulación pública, como es el caso del análisis de impacto regulatorio desarrollado como parte de la agenda OCDE.

Pero también son fundamentales instrumentos que permitan romper la inercia natural del sector público, de manera tal que ayuden a articular y coordinar a los múltiples actores dentro de una estructura jerárquica y rígida. Es en esta lógica que se sustentan las iniciativas de las Mesas Ejecutivas y el Equipo Especial de Seguimiento de la Inversión.

Las ME y el EESI nacen casi simultáneamente hace poco más de cinco años, al identificarse la necesidad de generar mecanismos de articulación de los actores que participan en la toma de decisiones en el sector público, así como de retroalimentarse, de manera transparente, sobre la problemática que enfrenta el sector privado.

Ambos equipos se constituyeron con funcionarios con conocimiento multidisciplinario y profundo de la gestión pública y con capacidad de análisis crítico y formulación de alternativas de solución a problemáticas diversas. El EESI se concentra en la problemática de los procesos de inversión, mientras que las ME pueden ser transversales o sectoriales, según su mandato.

Ambos basan su potencia en la capacidad de articular a los múltiples actores públicos en torno al diseño de soluciones, sean estas de gestión o normativas, y de carácter general o aplicable a situaciones específicas.

Las ME tienen una mayor visibilidad en sus mecanismos de levantamiento de información, que son más participativos y de carácter grupal en la medida que interactúan simultáneamente actores tanto públicos como privados.

En ambos casos, es clave su capacidad de identificación y diseño de propuestas de solución, y de rápido escalamiento cuando es necesario, para la toma de decisiones. Por esa razón ambos están adscritos al despacho del ministro de Economía y Finanzas, pero con el mandato de interactuar al más alto nivel con otras instancias del sector público.

Ambas iniciativas sufrieron reveses durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Las ME fueron desactivadas en Produce, donde se desarrollaron inicialmente, y el EESI fue sustituido por un “destrabe” basado en decisiones políticas que con frecuencia desconocían las recomendaciones técnicas, generando así más problemas que soluciones.

Sin embargo, las ME ya están nuevamente en funcionamiento y con un marco normativo adecuado, mientras que el EESI está en proceso de ser relanzado desde el MEF. Es importante resaltar este hecho porque lograr cambios en las dinámicas públicas y público-privadas, no es sencillo. Y porque resulta fundamental sostener iniciativas de este tipo a pesar de las resistencias naturales que en ocasiones puedan encontrar. Solo así podremos cambiar el “chip” del sector público.