Por: Alonso Segura, Ex-Ministro de Economía y Finanzas/PUCP
El objetivo de la reforma educativa es el estudiante. No debemos olvidarlo.
La reforma educativa iniciada hace más de una década, y extendida de manera comprensiva hace siete años, estaba orientada a lograr una mayor calidad de la educación. El éxito de la reforma dependía de su priorización como política pública y de la implementación armónica de todos sus componentes. Ello debía reflejarse nítidamente en el presupuesto público de la función educación, el cual pasó de 17 mil a 29 mil millones de soles entre el 2011 y el 2016.
Hasta el año 2011, el gasto público en educación caía sostenidamente, llegando a ubicarse entre los niveles más bajos de la región. Durante los siguientes cinco años, el presupuesto de la función educación se incrementó sustancialmente, no solo en términos nominales, sino como porcentaje del PBI (subió en más de 1 punto porcentual) y en su participación relativa dentro del presupuesto del gobierno general (de 14.5% a 18%), alcanzando un pico el 2016. Desde entonces ha tenido altibajos.
El gasto por estudiante sigue por debajo de métricas internacionales. Sin embargo, el bajo nivel de ingresos del gobierno general es ahora una restricción activa. Si fuésemos país OCDE, estaríamos en el tercio inferior en gasto público en educación en relación al PBI, pero seríamos primeros en cuanto a su participación en el presupuesto público. El esfuerzo de escalamiento ya se hizo. Mientras no aumenten los ingresos públicos significativamente, mantener el balance al interior de sus componentes será la clave. Es acá donde se visibilizan los riesgos a la reforma.
Mejorar la calidad – y cobertura- de la enseñanza pasa por un conjunto de iniciativas en múltiples frentes. Una de las más visibles es la revalorización de la carrera docente, plasmada en la Ley de Reforma Magisterial de 2012, y orientada a la introducción de meritocracia e incentivos en el desempeño docente. Es decir, mejoras remunerativas y ascensos progresivos en la carrera sujetos a evaluaciones.
Pero la reforma contiene muchos otros elementos que por menos conocidos no son menos importantes. Por ejemplo, las políticas orientadas a lograr un mayor acceso a la educación inicial, mediante la inserción de servicios educativos en miles de centros poblados, la mayor parte en zonas rurales. O los programas de apoyo pedagógico en primaria para aprovechar mejor los tiempos de clase. O el programa de Jornada Escolar Completa en Secundaria, para restaurar el horario pedagógico que había sido recortado, ampliándolo de 35 a 45 horas semanales, y con el acompañamiento de psicólogos, trabajadores sociales y tutores. Ello requería, además, de un importante despliegue de inversión en infraestructura educativa para rehabilitación, ampliación y construcción de nuevas escuelas.
En educación superior, la mejora en la calidad de la enseñanza universitaria- y técnica- se refleja en el licenciamiento de las universidades públicas y privadas a cargo de la SUNEDU y en el rol rector del Ministerio de Educación en asegurar la calidad de la educación superior.
También ha sido fundamental el esfuerzo por generar mayor acceso e igualdad de oportunidades a través de la creación del PRONABEC, otorgando decenas de miles de becas de educación superior sobre la base del rendimiento de estudiantes de escasos recursos.
Lamentablemente, en los últimos dos años se observan claras señales de abandono o reversión de elementos centrales de dicha reforma. Los presupuestos asignados a los programas de becas han sido recortados significativamente (su participación en el presupuesto ha caído casi a la mitad), privando a miles de jóvenes de una oportunidad con impacto a lo largo de toda su vida. En cuanto a la Jornada Escolar Completa, entre el 2015 y 2017 se incorporaron dos mil de las más de ocho mil escuelas previstas. Desde entonces, ni una sola más. Lo mismo ocurre con el presupuesto de infraestructura educativa, cuya participación relativa ha caído en cerca de un tercio.
La gran pregunta es: ¿y a dónde se han ido los recursos? A remuneraciones. El incremento de esta partida en el periodo 2016-2019 ha sido superior al incremento presupuestal de toda la función educación. En esos años no sólo se han destinado los más de cinco mil millones de soles de aumento del presupuesto educativo exclusivamente a remuneraciones, sino que además se ha canibalizado internamente otros elementos centrales de la reforma. Esto ha venido acompañado, inclusive, de una compresión de las escalas de la carrera magisterial, restándole progresividad. Ya se anunciaron nuevos incrementos para el año 2020, aplicables a todas las escalas, y por tanto no sujetos a evaluaciones meritocráticas. La remuneración en la primera escala, por una jornada de 40 horas, sin incluir bonos, será el doble del ingreso promedio mensual urbano en el país.
Es importante contar con profesores mejor remunerados, pero destinar todos los recursos disponibles a este fin, socavando los otros elementos esenciales de la reforma es inconsistente con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el Perú. El centro de la reforma fue y debe volver a ser el estudiante. Lamentablemente, las asignaciones presupuestales de los últimos años, y el debilitamiento de procesos y programas, sugieren la existencia de otras prioridades.
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