Por: Alonso Segura, Ex-Ministro de Economía y Finanzas/PUCP
Representantes empresariales reunidos en la CADE harían bien en usar la visibilidad de este foro para reconocer errores y plantear propuestas de cambio.
Es legítimo que los empresarios reunidos en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) utilicen este foro para realzar sus contribuciones, que son muchas, al desarrollo del país. También para criticar al Estado cuando se equivoca y/o no cumple su rol en la conducción económica y generación de empleo.
Sin embargo, no es momento para este guion usual que se repite CADE tras CADE. No sólo porque es solo una parte de la historia, que excluye aristas importantes de la dinámica público-privada esencial para lograr el desarrollo de nuestro país. Sino también porque se da en un contexto de fuertes cuestionamientos a prácticas que están saliendo a la luz y que involucran a múltiples representantes del gran empresariado. Sería injusto juzgar a toda la clase empresarial por las acciones de algunos, pero, lamentablemente, lo ocurrido no son hechos fortuitos, aislados o circunscritos a un punto en el tiempo. Son prácticas establecidas, a iniciativa, con participación o cuando menos conocimiento, de algunos de sus gremios. Llamémosle financiamiento de campañas en pro de la inversión privada con clara intencionalidad política, financiamiento ilegal de campañas con fondos empresariales, o corrupción.
El efecto que genera en su credibilidad y reputación es peligroso y le hace daño al país. Reparar este daño tiene que partir de una autocrítica sincera, con voz fuerte y clara, y con propuestas concretas para que esta historia no se repita. “Institucionalidad”, “transparencia”, “integridad” o “lucha contra la corrupción” no deben ser meros slogans. Necesitan plasmarse en acciones concretas. Y en el día a día.
En cuanto a la temática escogida para esta CADE, “Una economía de mercado para todos”, una real contribución sería prestar la atención debida a las fallas de esa economía de mercado, aprovechadas -y muchas veces generadas- por intereses privados, así como a la importancia del Estado para corregirlas. Por ello, un mejor mensaje para esta CADE hubiese sido el del título de esta columna.
En un país con las profundas desigualdades del Perú, tradicionalmente el sector privado ha mostrado escaso interés por apoyar políticas públicas orientadas a reducir nuestras brechas sociales, bajo la errada premisa de que el crecimiento económico lo resuelve todo. Cuando para conseguirlo se necesita más -y mejor- Estado. Aquel al cual (casi) siempre se oponen. No nos referimos a la creación de un Estado empresarial, sino a uno que cumpla con su rol de proveer bienes y servicios públicos, que desempeñe su rol regulador de forma adecuada, que se ocupe de los más vulnerables y que contribuya a cerrar la brecha de oportunidades entre los peruanos. Las fallas de mercado existen y no se resuelven solas. Se necesita Estado.
Hay abundantes ejemplos de cómo el sector empresarial se ha opuesto a este tipo de políticas. Cuando se formuló una política social para un crecimiento más inclusivo, protegiendo a los vulnerables y excluidos de los beneficios del crecimiento, una agenda que además fue formulada tecnocráticamente, focalizada y enmarcada en la disponibilidad fiscal, se la combatió tildándola de asistencialismo. Es decir, las inequidades en el acceso a oportunidades eran una mera ficción.
Cuando se planteó una agenda de diversificación productiva, basada en una acción conjunta público-privada, orientada a impulsar nuevos motores y de empleo productivo formal sobre la base de nuestras potencialidades, con políticas enfocadas en lograr mejoras de productividad, incluyendo a las PYME, hubo la misma resistencia.
Cuando se propuso y trabajó un programa país bajo el marco de la OCDE, para mejoras de gobernanza pública al servicio de los ciudadanos, con políticas de integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento del marco tributario en línea con prácticas internacionales para combatir la elusión y erosión de la base tributaria, y la incorporación de normas anti-cohecho y de gobierno corporativo, también se opusieron. Lo mismo ocurrió cuando se reformó el marco de infraestructura bajo Asociaciones Público-Privadas (APP) siguiendo estándares OCDE.
Escuchamos hasta el cansancio las críticas al Estado “trabador” y a la “tramitología” que inhibe la inversión privada. ¿Se le presta la misma atención al Estado ausente? Se sigue hablando de un Estado sobredimensionado, cuando comparaciones internacionales demuestran que nuestro Estado -ciertamente ineficiente- es excesivamente pequeño. Pero el mito de un Estado sobredimensionado se sigue repitiendo.
En esa línea, no faltan las críticas reiteradas a un Estado débil institucionalmente. Sin embargo, ¿qué hay de un sector privado que también evidencia serias deficiencias de institucionalidad a su interior? No son buenas las generalizaciones, ni en un caso ni en el otro. La agenda de construir un país es una tarea conjunta. Reconociendo limitaciones y espacios de mejora. De ambos lados.
Esta CADE tiene dos opciones. O sigue su guion usual y profundiza el daño reputacional al importante rol que desempeña la actividad privada, o pone los pies sobre la tierra, reconoce errores y cambia de discurso. Ojalá sea lo último.
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