Cuando “los intereses personales, laborales, económicos o financieros de un funcionario entran en pugna con el cumplimiento de sus funciones, hay un conflicto de interés”, según un reciente documento del Banco Interamericano de Desarrollo, titulado Conflicto de Intereses, de Roberto de Michele y Nicolás Dassen.

Lo condenable no es que existan, porque algunos podrían tildarse de inofensivos o solo de naturaleza potencial, sino que no se transparenten, se permita que se conviertan en problemas reales y no se sancionen cuando lo sean.

Hoy ya son 12 países los que pagan la cuenta por el caso Lava Jato, donde decenas de funcionarios públicos se encuentran comprometidos en situaciones de conflicto de interés que califican de actos de corrupción, los cuales vienen enfrentando cuestionamientos con consecuencias judiciales y políticas por su participación en la administración pública.

Y es que según Paul Catchick, citado por Dassen y de Michele, detrás de todo acto de corrupción hay un conflicto de interés que todo indica se menospreció o no se puso en evidencia.

Los hechos muestran que todos los sistemas de prevención de conflictos de intereses fallaron y esto incluye la normativa de ética de la función pública en las entidades del Estado, las directivas de prácticas de Buen Gobierno en la administración pública, los Planes Nacionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción, entre otros similares.

No funcionó tampoco buscar un balance entre quienes sostienen que eliminar completamente los conflictos de interés, condenaría al Estado a la contratación exclusiva de funcionarios sin experiencia en los distintos sectores; y, quienes aseguran que debe restringirse la puerta giratoria.

Los casos van desde la omisión al deber de abstención de intervenir en algún caso con conflicto de interés; el favorecimiento a alguna parte interesada con determinada normativa, plazo o procedimiento; la recepción de aportes de campañas electorales; la recepción de coimas para la adjudicación de proyectos, entre otros.

Esto explica y justifica el afán de la atención que hoy despiertan los innumerables casos de funcionarios públicos que proceden del sector privado, para las investigaciones que realizan plataformas de periodismo de investigación como Convoca. Sus notas periodísticas destacan los casos relevantes de puerta giratoria que pueden verse involucrados en conflictos de interés por las posiciones que ocupan en la administración gubernamental, donde indefectiblemente tendrán responsabilidad directa o indirecta sobre la resolución de casos vinculados con empresas con las cuales anteriormente estuvieron involucrados.

El problema es que muchas veces estas investigaciones no cubren la diversidad de situaciones de conflictos de interés que todos los días se presentan en la gestión pública:

• Intentar colocar a un profesional en puesto clave para los intereses de privados: quien firma los informes legales.
• Sugerir borrador de norma para intentar influir en su aprobación.
• Tratar que la más alta autoridad de una entidad pública atienda a una de las partes en una controversia administrativa, sin la presencia de los funcionarios responsables de resolver la controversia.
• Presionar a las más altas autoridades de otros sectores para influir en la decisión de otro sector.
• Influir en funcionarios para que omitan deberes de función en la tramitación de sanciones y así lograr su prescripción.
• Influir en funcionarios para que omitan deberes de función en la atención de procesos de defensa del Estado.
• No cumplir con norma que impide a familiares ser proveedores por sí o por terceros de organismos del Estado.
• Utilización de bienes del Estado para beneficio personal.
• Otros

La lista podría ser interminable y solo con leer estos ejemplos resulta claro que todo esto está fuera de estadística de lo que ha sido transparentado, descubierto y menos aún sancionado.

¿Cuál es la solución?

El estudio del BID plantea reformas para incrementar la efectividad de las políticas de prevención de conflictos. Según sus autores, las políticas que funcionan tiene tres elementos claves que lo hacen: (i) marco legal, (ii) órgano de aplicación) y (iii) las declaraciones juradas o patrimoniales.

El análisis que hace el estudio señala que las normas sobre ética en la gestión pública suelen ser muy buenas, pero el problema es la institucionalidad que está detrás y que tiene a su cargo hacer cumplir esas normas.

Claramente, siempre hay espacio para mejorar la legislación para poder visibilizar mejor los conflictos de interés, que haya más transparencia incluso de aquello que parece inofensivo, se introduzcan mecanismos y procedimientos para resolver los conflictos, las sanciones sean más drásticas, entre otros.

Sin embargo, la integridad en la gestión pública no es un asunto de leyes sino de que los funcionarios prefieran hacer las cosas correctas y correctamente. Además, las que existen ahora no funcionan, de lo contrario habría estadística de todos los funcionarios que han sido sancionados por irse a trabajar a las empresas privadas a las que anteriormente regularon o fiscalizaron.

Probablemente, eso explique también que la población se aferre a personajes como el fiscal José Domingo Pérez o el juez Richard Concepción Carhuancho como líderes de la transformación de una administración pública que se considera afectada por la corrupción.

Más allá de códigos de ética o planes anticorrupción, hoy el imaginario popular los percibe como los “súper héroes” que inspiran a las personas a pensar que es posible hacer las cosas correctas en la administración pública, aun cuando en algunos casos sus decisiones parezcan extremas.

Por suerte no son los únicos. Stan Lee, quien fuera creador de famosos superhéroes, podría haber encontrado grandes personajes entre los miles de funcionarios públicos honestos que se levantan todos los días dispuestos a hacer lo mejor posible su trabajo.

Y ese cuerpo de funcionarios públicos íntegros que sirven a nuestro país, sin esperar ser reconocidos, son los primeros que quieren que se introduzcan mecanismos para evitar que se produzcan conflictos de interés que lleven a actos de corrupción como los que se están visibilizando. Quieren tolerancia cero con los conflictos de interés que no se transparentan y se resuelven, pero sobre todo con la impunidad.

El presidente Martín Vizcarra tiene el reto de apostar por fortalecer la reforma del Servicio Civil, por mostrar a la sociedad que son más los casos de funcionarios íntegros que los de aquellos que aparecen en las páginas policiales e introducir en la legislación los candados necesarios para que no se repitan las secuelas que está dejando en la sociedad el caso Lava Jato.