¿Diría Usted que puede confiar o tiene que ser más bien cuidadoso con su familia, amigos, vecinos o sus colegas de trabajo? Si duda para responder esta pregunta mientras piensa en cada uno de estos grupos, es probable que cuando la consulta sea ¿cómo se siente respecto a la Policía, el Gobierno, los jueces, los políticos o los empresarios?, la reacción inmediata sea un NO rotundo, esto es, que NO CONFÍA y que hay que cuidarnos de ellos.
Cuando la falta de confianza se centra en todo lo que representa el Estado significa que hay problemas con el “contrato social”. El contrato social es ese acuerdo no escrito entre los ciudadanos que pagan sus impuestos y tratan de cumplir las reglas establecidas esperando a cambio que el Estado les proporcione los bienes públicos que necesitan.
Todo indica que lo que ha pasado en Chile es que ha habido una ruptura del contrato social. La población de ese país siente que esa relación entre Estado y ciudadanos no ha estado siendo recíproca en los últimos 30 años. Todo lo contrario, se ha profundizado la desigualdad y las élites políticas y empresariales no han sido responsables con los ciudadanos.
Las manifestaciones violentas, los saqueos y los atentados contra el patrimonio público y privado son condenables y deben ser sancionados, pero hay que tratar de ver más allá de lo que significan en los hechos.
Y nosotros tenemos la obligación de preguntarnos ¿qué tan lejos está nuestro país de una situación similar y cuál es el rol que están jugando las instituciones para que la relación no se quiebre?
La disolución del Congreso de la República no necesita mucha interpretación. La institución llamada a asegurar un uso equilibrado del poder por el Ejecutivo, nos ha fallado.
La justicia que tarda o la que se vende, no es justicia. Cuando eso ocurre, el Poder Judicial nos está fallando.
Los empresarios que han pagado coimas para obtener prebendas o los que buscan tener al Estado capturado en beneficio de sus intereses, fallan a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus accionistas y a la sociedad.
Todo esto pone en evidencia que el contrato social está muy frágil y tenemos que hacer algo para evitar llegar a una situación similar a la que están viviendo los países vecinos.
¿Qué se puede hacer?
Cinco ideas para reflexionar.
La estadística no genera bienestar. Lo peor que puede ocurrir es caer en la autocomplacencia de creer que porque estadísticamente hay personas que están mejor que antes, las brechas se han cerrado. Chile, miembro del club de los países del primer mundo (OCDE), ha mostrado recientemente que su población está lejos de sentirse parte de un país desarrollado.
La corrupción ha erosionado la confianza. Luego de 4 años desde que estallara el escándalo de Lava Jato, no hay ningún político o empresario sentenciado por corrupción. La población necesita saber que los responsables de enriquecerse con los recursos de todos los peruanos no van a quedar impunes.
Los empresarios tienen una obligación de la cual no pueden sustraerse. La fragilidad del contrato social vigente es una responsabilidad de todos, pero los empresarios -como actores importantes del mercado-, tienen la obligación de demostrar genuinamente que han aprendido la lección y que están dispuestos a hacer las cosas diferentes.
Necesitamos un Estado centrado en el ciudadano, pero también más empresas con estrategias de valor compartido. Buena parte de los conflictos sociales se pueden reducir si las empresas alinean su capacidad de crear valor con la necesidad de dar solución a los problemas sociales de los lugares donde intervienen. Como bien dice Michael Porter, no hay empresa competitiva si la comunidad donde opera no lo es.
Tenemos que escucharnos. Hoy en día hablar de diálogo se ha convertido casi en un cliché, es decir, que se le invoca permanentemente pero las élites políticas y empresariales solo lo validan cuando se dice o se hace lo que quieren y, hasta se crean contrapartes que los hagan verse más inclusivos, siempre que estén alineados a sus intereses. En lugar de eso, lo que se necesita es escuchar un poco más, aun cuando no nos guste lo que nos digan.
- ¿Podrían mencionar a un presidente de la República que tenga la sana costumbre de acudir a las universidades públicas de las provincias de las zonas más pobres de nuestro país a escuchar lo que tienen que decir los jóvenes?
- ¿Conocen a algún ministro que se haya sentado con un grupo de policías de tránsito para saber qué ideas tienen para mejorar los problemas de inseguridad y congestión en el tránsito?
- ¿Saben si para hacer la lista de medicamentos genéricos que las farmacias deberán mantener en stock obligatoriamente, alguien se ha preocupado en consultar lo que está ocurriendo con la mayor incidencia de enfermedades crónicas como el hipotiroidismo?
- ¿Pueden mencionar a algún Alcalde que se haya levantado de madrugada para ir a conversar con quienes limpian las calles o quienes recogen la basura para saber cómo mejorar la seguridad ocupacional en su quehacer diario?
- ¿Pueden recordar algún político que haya pasado una semana en un caserío de las zonas altoandinas para saber cómo es vivir sin agua potable, sin letrinas y sin carreteras que los conecten a los mercados?
- ¿Podrían asegurar que algún banquero importante del país ha experimentado lo que siente uno de sus clientes cuando el único mecanismo para contactarse con su banco es un número telefónico donde contesta una grabadora que le indica que los operadores están saturados y que responderán en un promedio de cinco minutos pero en fin de semana o feriado largo pueden ser horas o nunca?
Tenemos que recuperar la confianza en nuestras instituciones, en lo que podemos hacer si nos escuchamos, si priorizamos a los ciudadanos, si tenemos una estrategia de valor compartido, si mostramos que hemos aprendido la lección y no tenemos miedo de alzar nuestra voz para rechazar los casos de corrupción, pero también para defender los derechos de los que menos tienen.
Cuando hagamos eso, el Perú verdaderamente estará primero.
Reducir las brechas que nos separan como ciudadanos es una tarea de todos y es posible generar confianza en que el sistema funciona para todos, pero es un error pensar que no se necesita cambiar nada y que podremos ser un país competitivo sin preocuparnos de lo que pasa con los peruanos en nuestro entorno.
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