El turbulento proceso electoral ha puesto en evidencia la división entre Lima y las regiones. Y esto no es casual.

Somos un país que no tiene un sistema eficiente de ciudades a nivel de infraestructura (conectividad, acceso a servicios públicos y articulación a mercados), capacidades (educación, capital humano y productividad) y diseño (congestión y falta de planeamiento).

En 200 años de vida republicana y más de 20 desde que se inició el proceso de descentralización, no hemos sido capaces de tener más ciudades productivas como Lima, asumiendo como cierto que la capital es la ciudad más moderna y con mayores niveles de productividad del país, aun con todos los problemas que padece.

La falta de otras ciudades productivas o también llamadas intermedias tiene una serie de consecuencias a nivel de la productividad de las empresas, la calidad de los empleos y salarios que se pagan, el desorden con el que están creciendo las ciudades de las regiones, la insuficiente red vial, la falta de sistemas de transporte público, las desiguales oportunidades de acceso a una educación de calidad, un sistema de salud que funcione o una vivienda digna; y, por supuesto, la calidad de vida de la población.

Una de las explicaciones a esta ausencia de ciudades productivas es que no se ha avanzado en la descentralización fiscal y las regiones siguen dependiendo de un esquema basado en transferencias presupuestales. Según la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, el 90% del presupuesto que gestionan los gobiernos regionales proviene de fuentes del gobierno nacional y el resto corresponde a Canon, regalías, rentas de aduanas y recursos directamente recaudados. En el caso de los gobiernos locales, el 51% del presupuesto proviene de transferencias del gobierno nacional y el resto corresponde a las mismas fuentes del gobierno regional, además de impuestos municipales (que se administran con poca eficiencia y eficacia) y recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

En este último caso, las metas que plantea el programa para 2021 tienen hitos importantes que buscan incentivar a las municipalidades a fortalecer el patrullaje municipal, la administración y gestión del impuesto predial, el manejo de residuos sólidos o la regulación del funcionamiento de mercados de abastos. Sin embargo, lo cierto es que desde 2009 que empezó a funcionar el programa tampoco ha permitido consolidar ciudades más productivas y que generen mayor bienestar para sus ciudadanos.

¿Cómo cambiar esta historia?

El próximo gobierno tiene que retomar el proceso de descentralización fiscal como condición para hacer realidad una visión del desarrollo con enfoque territorial, ya sea impulsando una nueva Ley o implementando finalmente la existente.

No se puede seguir poniendo como excusa que los gobiernos subnacionales tienen muchas limitaciones institucionales para asumir competencias tributarias basados en el bajo nivel de recaudación de los gobiernos locales por el impuesto predial. Primero porque no ha habido un esfuerzo nacional sistémico y ordenado de actualizar los catastros a partir del cual se identifica a quienes deben pagar este tributo. Hay gobiernos locales que han tenido que elaborar proyectos de inversión pública para avanzar en esta tarea como el municipio provincial de Cusco; y, segundo, porque las autoridades locales en tanto son elegidas por los propios vecinos no tienen los incentivos adecuados para incrementar la presión en el cobro entre quienes las eligen, por lo que esta función debería ser encargada a un tercero.

La evidencia demuestra que la estrategia del gobierno nacional de controlar, a través de transferencias, la gestión presupuestal de las regiones y los gobiernos locales no ha fortalecido capacidades para la ejecución ni ha mejorado los sistemas de rendición de cuentas, pero sobre todo no ha permitido el desarrollo de ciudades productivas como medida de la reducción de la desigualdad entre peruanos. Además, están los problemas de corrupción que el sistema vigente no ha permitido evitar ni reducir.

La apuesta por avanzar en la descentralización fiscal no debe ser visto como un cheque en blanco y por ello tiene que hacerse de manera progresiva, con acompañamiento, control y con regiones piloto que deben tener planes de desarrollo regional concertados que recogen un modelo de ciudad productiva que respete identidades y vocaciones productivas.

Por ello, una vez reorientado el proceso de descentralización fiscal, la siguiente tarea será definir el modelo o concepto según el cual se espera que las regiones que cuenten con mayor autonomía presupuestaria, puedan asignar recursos para diseñar el desarrollo de sus ciudades, mejorando sus niveles de productividad.

La receta del Banco Mundial considera construir una forma urbana para la productividad, desarrollar y atraer habilidad y expandir el acceso. En el ámbito rural la historia tiene que ser distinta y probablemente haya que empezar potenciando los sistemas agroalimentarios y turísticos locales que permitan generar beneficios a partir de las aglomeraciones que estos generan en sus territorios, la mayoría de los cuales pertenecen a comunidades campesinas.

La descentralización fiscal es un paso, pero no será suficiente si no se crea un sistema eficiente de ciudades que permita hacia 2026 mostrar un país menos desigual. Esa debe ser una medida del cambio que hoy reclama nuestro país.