No deja de impresionarme la cantidad de nuevos instrumentos internacionales y nacionales, vinculantes o voluntarios, que ONU, OCDE, y los propios estados imponen a las empresas, transnacionales o nacionales, para que eleven sus estándares de compromiso con el medio ambiente. La idea es que (según la histórica Comisión Bruntland, 1987) las empresas sean capaces de “satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones…”
Esto es muy positivo, y el sector privado no debería oponerse a que se regule este ámbito, sino por el contrario, debe generar espacios abiertos de diálogo con los estados y los organismos internacionales para delinear una regulación inteligente.
Pero lo que tampoco deja de impresionarme es lo poco que hace el Estado Peruano para aplicarse a sí mismo los estándares que dice promover y reclama, y lo poco que fiscalizamos desde la ciudadanía su desempeño. Y esto se prueba en algunas evidentes malas señales:
1. Las entidades públicas reportan de forma heterogénea y esporádica a la ciudadanía el cumplimiento de sus planes de eco-eficiencia. Esto es delicado toda vez que el propio Ministerio del Ambiente (MINAM) no lo hace desde el 2015, y parte de su data se remonta al 2014. Lo mismo pasa con la Presidencia del Consejo de Ministros cuyo último informe sobre eco-eficiencia en las entidades del estado se remonta al 2015 con información del 2014.
2. La forma en que reportan sus planes o avances. Transparentar el gasto de agua, energía eléctrica, papel, tinta, o la cantidad de residuos que se genera, puede ser útil pero es rígido e insuficiente y no va al ritmo de los reportes de eco-eficiencia que cada vez un mayor número de empresas genera y que los organismos multilaterales impulsan, alineados todos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 (ODS). Además, las entidades públicas reportan su data de forma distinta y es muy difícil compararla y generar informes integrados.
3. Con los municipios pasa algo similar. No existe un reporte unificado sobre el desempeño de sostenibilidad de los gobiernos locales. Están obligados a tener un plan de eco-eficiencia e informes periódicos de cumplimiento pero pocos lo reportan públicamente. Intenté buscar un buen reporte de eco-eficiencia en al menos 15 municipios limeños y no los encontré o los encontré después de escudriñar con dolor sus enredadas páginas.
4. Finalmente, si bien el MEF y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) vienen empujando un programa de “compras sostenibles” para impulsar la contratación de empresas que cumplan con elevados estándares sociales y medio ambientales, aún hace falta fijar incentivos, delinear criterios más claros, y poner metas concretas.
El Estado peruano contrata aproximadamente a 2 millones de funcionarios, cuenta con miles de instalaciones y edificios en todo el país que diariamente consumen muchísima energía, agua, y producen enormes cantidades de residuos, impactando considerablemente el medio ambiente. ¿Alguien ha medido este impacto? ¿Alguien midió la huella de carbono del Estado?
Mientras conceptos como “Economía Circular” se tornan más potentes en la reflexión del empresariado socialmente responsable, y los reflectores fiscalizadores están siempre puestos en el sector privado gracias a una súper-conectada red de ONGs y observatorios independientes, el sector público pasa desapercibido y como se puede ver, tiene aún mucho que hacer para dejar de ser una entidad cuadriculada y pesada, y convertirse en un “Estado circular”, si es que la analogía es válida.
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