Uno de los asuntos más urgentes hoy en América Latina es la reforma del mercado laboral. Prácticamente todos los gobiernos de la región han expresado su deseo de incorporar a más personas en el mundo del trabajo, a través de mejores empleos, con mayores salarios y, además, con una mayor productividad que contribuya al crecimiento de la economía en su conjunto. Sin embargo, los niveles de subempleo e informalidad se han mantenido obstinadamente altos e incluso los esfuerzos mejor intencionados han resultado insuficientes para sacar adelante reformas importantes y duraderas: los códigos laborales de la región constituyen una barrera para una mayor inclusión en el mercado de trabajo.
¿Por qué han sido tan débiles las reformas laborales en la región? La respuesta tiene que ver con la carga política que ha impregnado los cambios en el mercado del trabajo. Las leyes que rigen las relaciones laborales en América Latina están alejadas de los criterios técnicos y de la neutralidad: son el producto (y el alimento) de las fuertes divisiones políticas que han conducido a los ciudadanos a un mercado de trabajo dual, en el que los trabajadores formales reciben una alta protección y quienes se desempeñan en la informalidad se encuentran desprotegidos y sin registrar. De hecho, tanto para los hacedores de política como para los académicos resulta imposible extraer conclusiones claras si se ignora cómo esas implicaciones políticas han afectado a las regulaciones laborales y han servido para contener a los sindicatos, garantizándoles la estabilidad y seguridad necesarias para organizarse colectivamente.
En ‘Continuity Despite Change: The Politics of Labor Regulation in Latin America’, explico la historia de las regulaciones laborales en América Latina y argumento que ha habido dos factores críticos que han marcado (y constreñido) estas políticas en la región: el nivel de habilidades de la fuerza laboral y la capacidad organizativa de los sindicatos. Los trabajadores con un mayor nivel de educación y habilidades de industrias estratégicas fueron capaces de demandar mayor protección contra el despido, mejores salarios y otros beneficios no salariales. Entre tanto, las poderosas estructuras de los sindicatos establecieron enlaces con los partidos políticos dominantes para así preservar su status quo.
Sin embargo, la globalización (y algunas reformas graduales que tuvieron lugar principalmente en la década de los 90) han ido debilitando la enorme protección de la que gozaban los trabajadores de diversos sectores y han reducido el tamaño de los sindicatos, lo que les ha restado relevancia electoral. Por otra parte, la precariedad laboral asociada a la elevada rotación de trabajos en el sector formal ha hecho que quienes antes se sentían seguros ahora se sientan identificados con los trabajadores informales. Mi reciente trabajo sobre las reformas de protección social sugiere que puede estar formándose una nueva coalición política que apoye pensiones no contributivas, creadas para esa nueva clase de trabajadores que son formales pero vulnerables y para quienes han estado tradicionalmente excluidos en el sector informal. Si esta tendencia continúa, puede abrir las puertas a nuevas reformas más inclusivas y productivas en América Latina.
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