Por Luis Rivera, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
En los últimos años hemos afrontado circunstancias que vienen afectado considerablemente al país. En 2017 sufrimos los efectos del Niño Costero, que afectó nuestra infraestructura y zonas de cultivo.
En 2018, aún sin recuperarnos de los efectos de la naturaleza, salieron a la luz los casos de corrupción de la empresa Odebrecht, que además de involucrar a diversos funcionarios públicos, estancaron el desarrollo de diversas obras de infraestructura. Ello resquebrajó la credibilidad de la ciudadanía hacia sus autoridades, puso fin súbitamente al gobierno de turno y, desde luego, afectó el crecimiento de la economía de nuestro país.
A ello se suma actualmente el clima de incertidumbre generado tras el discurso del presidente Martín Vizcarra el pasado 28 de julio. Al no tener certeza sobre qué ocurrirá tanto con el Ejecutivo como el Legislativo, las inversiones no suelen prosperar. Pero no solo es eso. En su mensaje a la nación, el presidente también anunció una nueva Ley General de Minería. Si bien señaló que “se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”, lo cierto es que no se sabe cómo se diseñará la misma.
A este panorama se suma el de la conflictividad social, que pone en suspenso el futuro de dos proyectos emblemáticos para la minería. El más comentado en las últimas semanas es Tía María, que tiene suspendida su autorización de construcción pese a haber cumplido con toda la normativa legal y haber demostrado su viabilidad. El mismo comprende una inversión de US$ 1,400 millones, generaría 4,800 puestos de trabajo permanentes y cerca de S/ 5,460 millones por canon y regalías en 20 años para Arequipa. Además, representa un incremento de 0.4 puntos porcentuales en el PBI anual. ¿Cómo nos podemos dar el lujo de paralizarlo?
Las manifestaciones en Arequipa han suscitado episodios muy perjudiciales para su economía. Estas afectaron el flujo del transporte de minerales al puerto de Matarani. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Arequipa, las pérdidas alcanzaron cerca de US$ 800 millones.
Por otro lado, tenemos a Quellaveco, afrontando un paro indefinido en Moquegua que es respaldado por las autoridades regionales. Este proyecto de Anglo American, que estuvo en cartera por 26 años, marcará un hito muy importante en la historia de la minería peruana. Su impacto es medible bajo distintos parámetros. Por ejemplo, podemos hablar del tamaño del capex (US$ 5,300 millones hasta 2022), su impulso a la producción de cobre del país (unas 300,000 toneladas anuales), y el impacto económico estimado en la zona de influencia (entre US$ 150 millones y US$ 200 millones anuales entre canon y regalías).
Ante estas importantes cifras, llama mucho la atención el costo de oportunidad que se genera con la falta de decisión del gobierno para hacer valer el orden democrático y la institucionalidad del país; ello en desmedro de la generación de inversiones, empleo, infraestructura, programas sociales, etc.
Si bien existe una preocupación genuina por parte de diversas comunidades respecto a la minería, debemos recordar que tomar carreteras y golpear policías no es ni debe ser el camino para dar a conocer sus demandas. Golpear a la economía, que ya se encuentra desacelerada, solo supone retraso y no podemos perder más oportunidades.
Recordemos que si sacamos adelante los proyectos mineros en cartera (por un valor de US$ 60,000 millones), el país podría duplicar su PBI per cápita en 10 años, al pasar de US$ 14,200 a más de US$ 28,500 al 2030, según lo demuestra el estudio “Beneficios actuales y potenciales de la minería en el Perú”, elaborado por el IIMP y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD).
No paralicemos el crecimiento económico del país y no rompamos una esperanza de progreso para las nuevas generaciones. Tomemos decisiones que lleven al Perú por la senda del crecimiento y no le demos a nuestra ciudadanía otro año de inestabilidad. Mantengamos nuestro norte.
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