Luego de casi tres meses de lluvias que afectan el país desde diciembre del año pasado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ya registra datos que de solo conocerlos harán pensar a más de uno que la tarea de reconstrucción será difícil.

Los datos incluyen daños personales que son irrecuperables como los fallecidos (75 casos), heridos y desaparecidos (más de 200 en total), pero también a quienes han sido afectados en grados distintos (casi 630 mil), hasta ser considerados damnificados (más de 100 mil casos) y unas casi 140 mil viviendas dañadas en diferente magnitud.

La mala noticia es que estas cifras, que ya de por sí son difíciles de cuantificar económicamente, están lejos de englobar la real dimensión del impacto que este fenómeno llamado El Niño Costero ha dejado en el país y aun tardaremos en estimar de manera precisa:

• Más de mil kilómetros de carreteras intransitables.
• Cerca de 150 puentes inservibles.
• Rieles de ferrocarril inutilizables.
• Miles de hectáreas de cultivos perdidas.
• Infraestructura productiva destruida (empacadoras, almacenes, plantas, entre otros)
• Decenas de Instituciones educativas afectadas.

Además, y probablemente menos tangibles, pero no por eso menos importantes:

• Jornales en el sector productivo que no se requerirán porque no habrá qué cosechar.
• Conectividad interrumpida de distritos afectados con los mercados.
• Actividades económicas que no se realizaron o concretaron como consecuencia de huaycos y lluvias (turistas que no viajaron, reservas en hoteles que se cancelaron, otros).

La idea de plantear estas cifras no es ayudar a crear más alarma o zozobra, sino que sirvan para tener un panorama claro de lo que significará el proceso de reconstrucción, lo que costará, y el tiempo que puede tomar si no se toman las acciones y decisiones adecuadas.

Por ello, no es prematuro advertir que con 12 regiones y 811 distritos en emergencia que por el solo hecho de tener esa condición ya permiten darse cuenta que quizás la tarea más difícil para el gobierno, aun no ha empezado.

La buena noticia es que de las crisis siempre surgen oportunidades de hacer las cosas bien y esta es una de ellas, si es que se planifica bien el trabajo y se parte de las premisas correctas.

Vamos a listar algunas ideas que pueden servir para reflexionar sobre el diseño que debe tener el proceso.

Dividir los daños entre públicos y privados. El Estado puede hacer uso de la caja pública o endeudarse para abordar los temas que afectan a infraestructuras públicas, pero para hacer algo por los privados, el único camino es establecer subsidios, como el que ya se ha planteado para los agricultores (bono de S/.1000 por hectárea afectada) o crear programas especiales para reconstrucción de viviendas que normalmente cuestan 4 veces lo que cuesta construir una nueva. Sin embargo, hay otras pérdidas productivas que no entran en esta categoría.

Tomar la decisión de cómo se quiere hacer lo público. Una de las cosas que ha puesto en evidencia este fenómeno es que las autoridades locales y regionales no han estado a la altura de lo que requería un sistema de prevención de desastres. Eso es una realidad. Y nos enfrentamos al problema de que en el marco de las normas de descentralización sean estas mismas autoridades las que tengan la responsabilidad de la reconstrucción. Por ello, es fundamental, que en el marco de la situación de emergencia el gobierno o eventualmente, el Congreso de la República, dicte normas que permitan “re-asumir o re-cuperar” ciertas competencias transferidas o compartidas que le permitan abordar el proceso de reconstrucción bajo una gestión centralizada, sin que eso signifique que no se coordinen las tareas con las autoridades locales y regionales.

Tener claro que los que menos tienen son los más afectados. Si bien las viviendas de las familias son un activo privado, lo cierto es que son una contingencia latente para el Estado. Lo increíble es que este mismo ha sobre-dimensionado esa contingencia (Alcaldes distritales y provinciales han permitido que los votos definan el desorden en el que han crecido las ciudades en Lima y provincias). Estas autoridades han contribuido con la contingencia cada vez que han dado títulos de propiedad en las orillas de los cauces de los ríos, lugares donde está prohibido el asentamiento de viviendas y de cualquier infraestructura. Sin embargo, ni siquiera eso debe hacer perder de vista que cuando una familia vive en una zona de peligro, normalmente lo hace porque el suelo o alquiler es más barato y no tiene otra alternativa para sus familias.

La reconstrucción nos costará más de lo que nos hubiera costado la prevención. El hecho que el Estado se vea obligado a diseñar un programa nacional de reasentamientos de zonas de muy alto riesgo, lo obligará a buscar suelo con servicios o tendrá que habilitarlo directamente. Eso es sumamente costoso y, puede complicar la tarea de reconstrucción, ya sea porque intente la reubicación en las mismas zonas pero con viviendas mejor construidas o busque hacerlo en otras zonas. En cualquiera de los casos, existe la gran oportunidad de restablecer cierto orden en medio de tanto caos.

Tener una estrategia para afrontar el proceso de reconstrucción. Con casi 150 puentes que reconstruir es imposible pensar que estos se vayan a licitar (contratar) individualmente, así que probablemente lo más lógico será armar paquetes y crear un procedimiento ad hoc para hacerlo, en la medida que la Ley de Compras del Estado puede hacer que este proceso sea interminable. Para ello, debe tenerse en cuenta que este tipo de infraestructura es clave para el dinamismo económico de los pueblos y tiene que restablecerse en el menor tiempo posible, pero asegurándonos que no ocurra lo mismo que le ocurrió al puente Solidaridad (también conocido como Talavera) en Lima. Algo similar hay que hacer con las carreteras, el enmallado de cerros, la infraestructura escolar, las defensas en los ríos, la limpieza de los cauces, entre otros.

El tiempo es clave. Ya con más de 100 mil damnificados, los 5 refugios que el gobierno ha creado desde Lima hasta Tumbes, son insuficientes para atender las necesidades de las familias, mientras dura el proceso de reconstrucción. Por ello, hay una tarea concreta de implementar un mayor número de estos centros para atender las necesidades de los damnificados que está dejando este fenómeno natural, los cuales deben contar con el apoyo de psicólogos, asistentes sociales, entre otros. Mientras se identifican los inmuebles apropiados para ubicar estos refugios (hoy forman parte de los gobiernos regionales), probablemente los cuarteles del ejército sean los lugares más adecuados.

Hay que hacerlo sin corrupción. Luego del fallido proceso de reconstrucción de Pisco y la desconfianza que se ha generado sobre la transparencia con la que se ha venido invirtiendo en infraestructura en nuestro país (caso Lava Jato), tenemos el desafío de mostrar que es posible diseñar una gestión transparente de la reconstrucción nacional de los efectos del Niño Costero y la Contraloría Nacional de la República debe jugar un rol de acompañamiento en este caso que ayude a devolverle la confianza a la población, aun cuando esto no esté contemplado en sus funciones.

El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene, en medio de este desastre natural, la gran oportunidad de dejar un país con ciudades más ordenadas y seguras, donde las leyes se cumplen y la gente no construye casas en lugares donde ponen en riesgo sus vidas, donde los puentes que conectan los pueblos con los mercados no se caen, donde los ciudadanos vuelven a confiar en que las autoridades gastan los recursos del estado de forma transparente y que tiene un programa nacional de gestión de riesgos centralizados pero con ejecución descentralizada.