Próspero Perú

Gladys Triveño

La economía circular en el sector público

De acuerdo al Circularity Gap Report de 2023 (informe de economía circular) solo un 7.2% de la economía mundial es circular, menos que en 2018 cuando fue de 9.1%. Esto significa que de los más de 100 mil millones de toneladas de materiales que se utilizan del planeta cada año (madera, metal, fibras para textiles, entre otros), solo el 7.2% son reutilizados. El informe, que vale la pena ser revisado en su integridad, hace una serie de recomendaciones según se trate de países de renta baja, media y renta alta en las cuales el denominador común es orientarse a reducir la extracción y el uso de materiales.
En el caso del sector público hay tres razones que explican el reducido porcentaje de bienes que reutilizan. Por un lado, los procedimientos engorrosos para la disposición de objetos dañados, en estado de excedencia o chatarreo, no idóneos para el uso o en situación de obsolescencia, tal como ocurre con las camas hospitalarias, las carpetas escolares, los escritorios, los armarios, las sillas giratorias, las cocinas y otros equipos diversos. Por el otro, la insuficiencia de las medidas de ecoeficiencia en los distintos niveles del Estado para el ahorro y la reducción de residuos y la falta de internalización de una cultura de ecoeficiencia en el sector público.
Respecto a lo primero, cada vez que una entidad del Estado quiere dar de baja bienes muebles tiene que elaborar un Informe Técnico que será el sustento para la posterior emisión de la Resolución de Baja con la descripción del bien mueble y su valor, siguiendo la Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, Directiva N° 0006-2021-EF/54.01. Posteriormente, para el acto de disposición de los bienes dados de baja sea por transferencia, donación, subasta o permuta también hay requisitos establecidos en la misma directiva, lo cual hace que los procesos demoren en la mayoría de los casos mucho tiempo.
Con relación a lo segundo, los planes de ecoeficiencia que elaboran las instituciones del Estado no suelen contemplar estrategias para mantener productos y materiales en la economía por más tiempo o las metas que se plantean en esta materia no promueven la optimización del uso de los recursos que consumen.
¿Qué puede hacer el Estado para dejar de administrar “cementerios” o almacenes de desguace de objetos (bienes muebles)?
Hay acciones en varios frentes:
• La eficiencia de las entidades del Estado debe empezar a medirse por su capacidad para generar ahorro de recursos empleados, de minimizar la generación de residuos sólidos y de promover el reúso responsable de los bienes muebles con el fin de reducir su impacto en el ambiente.
• Las instituciones del Estado deben implementar sus planes de gestión ambiental e introducir en ellos medidas que incluyan la optimización en el uso, reutilización, re-manufactura, recuperación y reciclaje de recursos en la economía durante el mayor tiempo posible.
• El procedimiento para la baja y saneamiento administrativo de bienes muebles patrimoniales debe ser simplificado – sobre todo cuando los actos de disposición son hacia otras entidades del Estado- con el fin de facilitar la disposición de los bienes y su retiro del registro contable patrimonial de la entidad del Estado que los haya dado de baja. De esa manera esos bienes muebles pueden ser transferidos a otra entidad del Estado o al sistema educativo, donados a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o a instituciones religiosas, subastados a título oneroso al mejor postor o dados en permuta a instituciones privadas o personas naturales como intercambio recíproco por otros bienes de valor comercial similar.
• La re-manufactura o recuperación de bienes muebles requiere talleres o centros de capacitación para lo cual los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) a nivel descentralizado o los talleres productivos de los centros de reinserción juvenil o de las cárceles pueden ser una instancia de formación de competencias laborales en esas materias.
El Perú tiene una densa legislación para promover la ecoeficiencia, donde destacan las normas para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los indicadores para consumo energético, los porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del sector público, pero no sigue un modelo como el de economía circular que permite mantener los bienes muebles y los materiales de que están hechos el mayor tiempo posible en la economía y de esa manera requerir menos materias primas.
La palabra la tiene el Poder Ejecutivo que puede convertirse en un ejemplo para otros poderes y niveles del Estado.

 

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