Con ocasión de la reciente Cumbre Mundial Anticorrupción , que reunió a altos representantes de 50 países (entre ellos al Presidente colombiano Juan Manuel Santos) , si bien se están logrando algunos avances sobre las propiedades secretas de las empresas, se trata de iniciativas aisladas de algunos países pero no avances globales . E inclusive el tema de los paraísos fiscales, que despertaba muchas esperanzas a raíz de la gran difusión lograda por los Panama Papers, prácticamente permaneció inalterable. Sin embargo el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un aporte interesante al difundir el estudio Corrupción: Costos y Estrategias de Mitigación.
En dicho estudio el FMI estimó que los costos directos de los sobornos se estiman en un 2% del PBI mundial (entre 1,500 y 2,000 millones de dólares) . Sin embargo los costos indirectos pueden tener impactos muy significativos en términos de menor crecimiento, deterioro institucional y mayor desigualdad en el nivel de ingresos. Sobre todo si se tiene en cuenta que los sobornos son solo una de las modalidades de la corrupción.
A nivel nacional , el estimado del ex Contralor Koury,
usando parámetros internacionales, es de 10 mil millones de soles al año.
Y si bien estamos en una campaña electoral que se ha caracterizado más por los agravios que por las propuestas; los principales candidatos a la presidencia sí han presentado una serie de medidas anti corrupción que implementarían de llegar al Gobierno. Sin embargo la credibilidad en la población en las mismas es muy baja, principalmente porque los últimos 3 presidentes , que en su momento también presentaron propuestas anti corrupción, han sido condenados (Fujimori) o están enfrentando denuncias (Toledo, García) por corrupción; para no mencionar los procesos que está enfrentando Nadine Heredia. Y a nivel de los gobiernos regionales la situación es tan dramática que casi el 90% de los presidentes regionales enfrenta denuncias por corrupción. Y lamentablemente todo parece indicar que esa percepción de la ciudadanía va a empeorar en cuanto se difundan los resultados de las investigaciones de la Policía Federal y Fiscales del caso Lava Jato en relación al Perú.
En lo que a medidas para combatir a la corrupción se refiere ,el estudio del FMI presenta 10 recomendaciones. Por su parte el Ministerio Público de Brasil también presenta 10 medidas con el mismo objetivo . Sin embargo en el caso peruano no se trata de presentar a la población más medidas a adoptarse en la lucha contra ese flagelo, ya que la población ha sufrido tantos desengaños en relación a este tema, que ahora está en una posición “ver para creer”. Y razones para esta desconfianza no le faltan, ya que en este campo nuevamente comprobamos que nuestro país está sobrediagnosticado pero subejecutado .
Por ejemplo, la principal causa por la que la corrupción sigue creciendo es por la impunidad. Al extremo que Fuad Koury ha informado que en los 7 años que se desempeñó como Contralor se detectaron 25,000 funcionarios corruptos, pero de estos solo 37 (el 0.00148%) está en la cárcel!!. En relación a esta alarmante cifra, hay que considerar que según Koury 8 años es el tiempo promedio que dura la investigación preparatoria y el juzgamiento de los casos de corrupción.
Ejemplos de mecanismos eficaces en la lucha contra la corrupción existen, pero no se trata simplemente de copiarlos para ver si funcionan en nuestro país. Sino la manera como estos se aplican localmente. Es así que nuestro mecanismo de la “colaboración eficaz” tiene mucho más tiempo que la “delación premiada” de Brasil, que recién ha debutado con el caso Lava Jato, pero este último ha rendido muchos más frutos que en el caso peruano. Es que también hay que ser muy profesionales en los compromisos que se asumen, ya en nuestro país han existido muchas quejas en el sentido que habiendo cumplido con los compromisos asumidos, luego los colaboradores eficaces se han dado con la sorpresa que se demoran mucho en cumplir lo acordado.
Hemos llegado a un nivel en el que para que cualquier reforma sea efectiva esta tiene que ser multisectorial, involucrar por lo menos a los principales actores: la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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