Segunda opinión

Eduardo Herrera Velarde

El problema de la carga procesal

En mi época de abogado litigante me tocó defender a una entidad bancaria que fue imputada por un “ciudadano” que, increíblemente, formuló una denuncia sosteniendo que, como la empresa en cuestión repartía volantes de propaganda en el Poder Judicial sobre sus servicios (obtención de créditos, por ejemplo), estaba cometiendo un delito de tráfico de influencias. Obviamente, la denuncia se archivó en buena lid.

Una buena parte de los casos son generados en nuestro sistema de justicia de la manera más absurda. Una noticia en prensa, un acto de venganza de un trabajador insatisfecho contra su ex empleador, etcétera. Si Usted quiere lastimar y perjudicar a alguien basta con iniciar un caso para activar aquella maldición gitana: “entre abogados te veas”.

Las “denuncias basura” proliferan en nuestro sistema y luego, si no existe la mejor defensa, pueden prosperar hasta convertirse en auténticos dolores de cabeza con perjuicios de corte económico, personal y reputacional; porque eso sí, el sistema no pide disculpas y la posibilidad de acusar al denunciante malicioso está desincentivada (usualmente el denunciado ya no quiere seguir con líos legales). Los únicos que siempre ganan son los abogados.

Otra modalidad no menor son las apelaciones maliciosas, sobre todo por parte del Estado (que es el mayor litigante del sistema). El Estado apela siempre así se trate de una resolución claramente ajustada a derecho (apela por las puras). Aquí también solo ganan los abogados.

¿Qué va a hacer el sistema? La flamante Presidenta del Poder Judicial ha indicado que va a conformar equipos de descarga procesal cuyo objetivo será resolver expedientes antiguos para bajar el número de casos pendientes. Como Usted sabrá mientras más casos nuevos se generen los antiguos pasarán a la cola o viceversa armándose una auténtica bola de nieve inmanejable para cualquier magistrado que realmente quiera trabajar (imagínese los flojos -que los hay- y en bastante número).

De esta manera el mecanismo planteado por la doctora Barrios pretende empezar en la Corte Suprema para luego “bajar” a las distintas cortes para las Salas Superiores y Juzgados. Se conformarán equipos de especialistas para ayudar en la “destugurización”.

Suena interesante y coherente la iniciativa ¿cierto? Sí, porque va a directo al problema quizá más potente en el sistema de justicia. Nótese que, si hay demora en la tramitación de los casos, inmediatamente se genera un incentivo perfecto para la corrupción; ¿quiere que avance su caso? Entonces ya sabe qué hacer.

¿Será que esta disposición sí ayudará en el propósito? ¿qué cree que pasará? Sin duda la carga bajará, pero inmediatamente se generará más carga porque los casos no tienen ningún filtro en su inicio. Para muestra lo reseñado en la parte inicial de este artículo. En lo referente a las apelaciones obstructivas seguirán su trámite y motivarán más tráfico.

Ya a estar alturas el lector acucioso se habrá percatado en que es crucial generar mecanismos adecuados para disminuir las “denuncias basura” y las apelaciones obstructivas. Sobre esto ya hay varias medidas legales que no se aplican: multas al litigante malicioso que apela solo por molestar y archivo liminar (archivo “de una” sin mayor trámite ni investigación) de denuncias cuando estas no están debidamente fundamentadas con pruebas y/o son evidentemente absurdas. Para esto también colaboraría en que el Colegio de Abogados sirva para algo y, por ejemplo, multe y sancione a los abogados que hagan este tipo de prácticas.

¿Por qué no se aplican estas medidas? Esencialmente por miedo. Miedo de los magistrados a ser sancionados por sus superiores y que se piense que se está recortando el derecho al acceso a la justicia de las personas. Miedo también de los abogados del Estado. Pero ningún derecho es absoluto, así que ya sabemos que hacer señora Presidenta en lo que le corresponde a su fuero. Empodere a sus jueces (vigile qué ocurre cuando se activan estos mecanismos legales), no los sancionen así no más, coordine con la Fiscalía para que haga lo propio. La intención puede ser buena, pero ya sabemos cómo terminan las buenas intenciones cuando solo son de buena fe.

                                                                                   Lima, 06 de enero de 2021

                                                                                   Eduardo Herrera Velarde.

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