Cada vez que revienta un escándalo en el Perú se produce la misma secuencia de hechos que a continuación trato de describir: 1) se produce el escándalo (usualmente gatillado por una publicación periodística), 2) revientan las redes sociales, las reacciones de los indignados y toda clase de confrontaciones (muchas de ellas sin argumentos e irrespetuosas), 3) se forma una comisión investigadora y 4) se produce un informe a consecuencia de lo cual, muy probablemente, se emita alguna ley.
La conformación de las comisiones investigadoras -ojo no solo a nivel de Congreso- viene precedida casi siempre de una frase cliché como la siguiente: “es necesario tomar cartas en el asunto para determinar las responsabilidades correspondientes hasta las últimas consecuencias”. Variantes más, variantes menos, los investigados a su vez suelen responder que “son los primeros interesados en que esto se esclarezca”. Salvo que exista algún nuevo hecho que avive el escándalo, este se va consumiendo poco a poco hasta desaparecer de la atención pública; ello hasta que produzca otro suceso similar y todo el ciclo se repetirá.
Más allá de la dinámica que termina por no solucionar nada (ya que las leyes son emitidas en forma reactiva y tienden solo a calmar a la opinión pública), cabe preguntarse ¿por qué somos tan proclives a generar investigaciones?
La primera respuesta que se me viene a la mente es que, iniciar una investigación, es lo más sencillo del mundo. Simplemente se anuncia con las frases anteriores y listo. No existen objetivos, tal vez sí hay preocupación por un plazo (pero, no siempre), no hay una estrategia, ni expertos, ni nada. Solo voluntad de mostrar que algo se está haciendo. Tristemente lo mismo ocurre con las leyes en este país.
La pregunta toma mayor relevancia si es que contemplamos un hecho fácilmente verificable en la realidad: ninguna de estas investigaciones, per se, ha arribado a un resultado que produzca un cambio significativo frente a un problema determinado. A lo sumo algunas cabezas cortadas, pero nada más.
Ensayando una respuesta un poco más elaborada, podríamos encontrar el origen de esta conducta en el descrédito que tiene nuestro sistema de justicia. Como no confiamos en la justicia en el Perú, las autoridades piensan que deben impulsar una investigación “independiente” que llegue a un resultado esperanzador; con esto muestran -además- aparente acción ante la ira popular que exige, precisamente, cabezas cortadas y sangrantes. Lo cierto es que el único resultado que consiguen es un poco de figuración (algunos minutos frente a cámaras blandiendo el dedo acusador) y, claro, abultar el expediente judicial con un papeleo esperpentoso e improductivo.
La solución es muy simple y ya salta a la vista a estas alturas. Uno de los bastiones más eficaces para una lucha contra la corrupción es el “enforcement”, es decir que la ley se cumpla y que, llegado el caso de un escándalo, tengamos la garantía que no habrá impunidad; en suma, que todos los ciudadanos seremos tratados con igualdad y que no se produzca una coyuntura como la actual de anomia. Precisamente uno de los reclamos y molestias del respetable es que no existe sanción suficiente y hay personas que, simplemente, “pasan piola”.
No nos esforcemos en generar más leyes. Estas solamente serán papel mojado si es que no hay un sistema de justicia que las haga cumplir. No sirve de mucho generar más investigaciones. Son solo fuegos artificiales que, además, estorban la labor de la justicia. Dejemos las cosas en manos del organismo encargado: impulsemos la verdadera reforma de la administración de justicia en el Perú que hace años vivimos postergando porque a nadie le interesa cambiar en famosísimo “status quo”. Sin miedo a entregar el poder de control, vivamos tranquilos sabiendo que lo único que nos corresponde es actuar correctamente y no jugar a los detectives.
Lima, 10 de marzo de 2021
Eduardo Herrera Velarde.
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