Ahora que muchos evocan la comparación de nuestras elecciones con la reciente producida en Estados Unidos, hay que tener en cuenta también lo que estuvo detrás en el país del norte. Eso “que estuvo detrás”, y que no fluye de lo casual o improvisado, no es otra cosa más que una institucionalidad sólida.
Quizá muchos recién se enteran -y esto de por sí esto ya es terrible por la alta cantidad de expertos y opinantes respecto a la materia- sin embargo, hay un hecho que pinta de cuerpo entero nuestras elecciones en comparación con las de Estados Unidos. Todo nace de un mal diseño, una “falla de origen”.
Estados Unidos es, esencialmente, un grupo de estados que funciona bajo un sistema diseñado, casi como una construcción; pensado y estructurado previamente “en planos” por los llamados “padres fundadores”. Casi todo está previsto en un sistema de contrapeso de poderes que permite la libertad. Cuando hay situaciones imprevistas esto rápidamente se soluciona teniendo como principios rectores la costumbre y el sentido común. Esta poderosa mezcla llega “hasta abajo” e irradia a asuntos tan aparentemente cotidianos e insignificantes como el tráfico. Funciona todo y se soluciona todo.
Nuestro sistema de justicia electoral descansa sobre el sistema de justicia “tradicional”, concretamente sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Así por ejemplo el pleno del Jurado está presidido por un Vocal Supremo y compuesto por un Fiscal del mismo rango. A esto se le agrega un representante del Colegio de Abogados de Lima. Más o menos lo mismo sucede con los Jurados Especiales. Con este panorama cabe preguntarse ¿son esas tres instituciones garantes de procesos que realmente reflejen la voluntad popular?
Con lo antes mencionado no quiero avalar una hipótesis de fraude sistémico que ni el mismo partido presuntamente perdedor ha planteado. Simplemente quiero mencionar que las elecciones en el Perú, desde la época moderna, siempre funcionaron así y nadie dijo nada. Ahí nace siempre la advenediza intención de querer cambiar y reformar, hacer revoluciones, mostrar indignación y refundar institucionalidad; todo eso, en dos meses y con un proceso electoral en paralelo.
Fíjense no más la triste respuesta del respetable en relación a las elecciones, una buena parte admite irregularidades, -algo como un 66%- pero aun así valida el resultado. Esto refleja, de manera patética, una complacencia con lo precario y débil de nuestra institucionalidad. Si pues, seguro algunos pillos hicieron sus cositas, pero nada es perfecto ¿no?
El sistema electoral, y no solo en esta elección, ha apañado la criollada y la viveza tolerada por un margen de error hipócrita; pequeños acuerdos en mesa donde personeros hábiles corren solos. Se generan incentivos para corruptelas mediante acuerdos irregulares en donde la institucionalidad no vigila, ni garantiza nada. No es lo suficiente para un fraude, es lo admisible para nuestro nivel de corrupción.
Ahora bien, lo antes mencionado, insisto, no supone un aval a la tesis de conspiración; intenta ser más bien un llamado a la reflexión a lo que estamos haciendo en pro de que las instituciones funcionen aspirando a la perfección. Errores seguramente habrán, mas no irregularidades, pues estas suponen distorsión expresa y tolerada.
¿Qué en los años recientes nuestro sistema electoral funcione así es una excusa? No, al contrario. Es un mensaje de alerta para mirar que el problema no son estos dos candidatos, sino a algo más de fondo que muchas veces no nos interesa porque no es morboso o sensacionalista: la institucionalidad. En todo caso, esta ventana de crisis constituye una excelente oportunidad para sentarnos frente al tablero, mirar el plano y diseñar (o volverlo a hacer). Esto además pensando en que tenemos más elecciones por delante.
Y como ya suele ser una constante en mis escritos concluyo diciendo lo de siempre. En el fondo, este es un tema de justicia. Concedámosle la importancia y prioridad debida. Que la justicia no siga siendo residual, premiando -porque a nadie parece importarle- la desigualdad que genera la corrupción en la competencia. Solo un país con justicia y estado de derecho será viable de cara el desarrollo anhelado.
Lima, 28 de junio de 2021
Eduardo Herrera Velarde.
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