Las intervenciones por parte del Estado en el funcionamiento de los mercados se justifican cuando se evidencian los problemas conocidos como fallas de mercado, entendidos como fallas en la competencia, las externalidades, los bienes públicos y la información incompleta. En estos casos, dicha intervención debe estar orientada a promover la competencia o a buscar la mayor eficiencia posible mediante la regulación.
El problema viene cuando las medidas regulatorias no se elaboran sobre la base de evidencia sólida. Tal es el caso de la llamada regulación anecdótica, producto de la experiencia de algún funcionario político o resultado de noticias de interés público, pero que no cuenta con fundamento técnico.
Un ejemplo reciente de esta regulación anecdótica se dio en abril último, tras un accidente de tránsito en el distrito de Miraflores que dejó dos víctimas fatales y que fue seguido por la prensa durante varias semanas. El suceso y el gran interés público que generó llevó a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicara ese mismo mes el Decreto Supremo N° 002-2014-MTC, que modificó algunos artículos del Reglamento Nacional de Tránsito con el fin de “frenar la ola de muertes a causa de accidentes viales”. No obstante, de haber hecho cumplir el reglamento anterior, probablemente los choferes no hubiesen estado involucrados en el accidente. Esto dado que el Reglamento de Tránsito publicado en el 2009, el artículo N° 313, apartado 1,3, sentencia que si el conductor acumula más de 100 puntos en su brevete, entonces deberá abstenerse de manejar por un periodo de seis meses, por lo que ambos conductores no deberían haber estado conduciendo en ese momento. Es decir, el problema no es la falta de normas, sino que no se vela por su cumplimiento.
Otro ejemplo de la regulación anecdótica es el derrumbe en el malecón de la Bajada Balta (Miraflores, Lima), ocurrido en junio del 2012. A partir de este incidente, la municipalidad de ese distrito dictaminó, un mes después, que todos los lotes de los malecones debían tener un retiro mínimo de cinco metros, a fin de “evitar derrumbes como el del malecón de la Bajada Balta”. Sin embargo, no se tuvo en cuenta si los demás terrenos estaban en la misma situación de riesgo. Este ejemplo ilustra cómo un hecho aislado, pero de interés público, se generaliza y sirve como justificación para propuestas de regulación.
En su libro Breaking the vicious circle (1993), Breyer menciona otro efecto adverso de las políticas regulatorias: la selección aleatoria de agenda. Este término se refiere a que los políticos usualmente priorizan en sus agendas los riesgos percibidos como “altos” por parte de la población, y dejan de lado otros temas de mayor importancia. Breyer comenta la encuesta llevada a cabo por Slovic (1987) y publicada en la revista Science bajo el título Perception of Risk, en la cual pidió a un grupo de expertos y no expertos que ordenaran 30 actividades de mayor a menor riesgo. El autor encontró que mientras los expertos clasificaron ciertas actividades como de bajo riesgo, los no expertos les asignaban un riesgo más alto. Un ejemplo de ello era el caso de la industria nuclear, clasificada en el puesto 20 de la lista de expertos y en el puesto 1 en la lista de no expertos. Ello, puede explicar en parte por qué esta actividad se encuentra más regulada que otras. De este modo, la selección aleatoria de agenda genera costos para estas industrias que luego son trasladados a los consumidores.
Por todo lo anterior, es fundamental que los encargados de elaborar política pública no se dejen influir por percepciones ni por hechos aislados, sino que empleen información basada en evidencia.
Este post ha sido escrito en colaboración con Gisele León, Analista de Videnza Consultores.
COMENTARIOS
Nos gusta prohibir lo que ya está prohibido (como el ejemplo del accidente de tránsito en Miraflores) Esto ocurre también con la prohibición del uso de lunas polarizadas en los vehículos porque favorece a la delincuencia, anunciada por el ministro Urresti. Que yo sepa, esto ya está prohibido, salvo que pidas un permiso a la policía por un motivo justificado. Lo que se debe hacer en este caso es ser más estrictos en el otorgamiento de estos permisos y no dárselo a cualquier hijo de vecino.
Estimada Sra. Seinfeld, permítame en primer lugar felicitarla por su blog. Está abarcando temas interesantes sobre la regulación del Estado desde una perspectiva interesante y novedosa para nuestro país, que es lo que se necesita para mejorar la calidad de dicha regulación.
Sobre su post coincido con lo que indica. En nuestro país la regulación se ha caracterizado por no contar con la evidencia necesaria para garantizar que logrará los resultados que plantea, evitando un análisis de costos y beneficios de su implementación que es necesario para que se cumplan sus objetivos.
Esperemos que la reciente propuesta de eliminar el uso de lunas polarizadas en los vehículos no sea un ejemplo de lo que ha resaltado y se cuente con el sustento necesario.
Totalmente de acuerdo con lo expresado y diría que son errores que perjudican a todos con normas torpes que buscan mostrar que el gobierno o el congreso hacen algo para evadir su responsabilidad y evitar perder popularidad. Otros ejemplos, una racha de accidentes por el mal estado de la carreteras hizo que se promulgara una norma para que los vehículos circulen siempre con las luces prendidas (mayor consumo de combustible), no redujo nada y hasta ahora no se deroga. Aumentar las multas de tránsito o las sanciones no sirve si no se fiscaliza y si la Municipalidad no tiene depósitos para retener a los vehículos infractores. Otra norma, renovación anual de licencias de armas “para reducir los crímenes”, etc, etc. ¿como evitar esta demagogia normativa perjudicial? ¿que las normas no se puedan modificar sino en dos legislaturas?
Excelente comentario Janice y Gisele. Concuerdo en que la regulación debe sustentarse en un análisis técnico solido y no en la aleatoriedad del espíritu de la masa. Pero tal vez seria un poco mas agudo en calificar el rol de los hacedores de políticas publicas cuyo deber no consiste en “resumir” o “transmitir” la percepción del publico sobre los riesgos y problemas de la sociedad sino también evaluarla y usarla como un insumo mas en su labor planificadora y legisladora. Ello requiere también de un cambio en la cultura del publico y del aparato estatal en cuanto a la importancia del carácter técnico de sus representantes. La única razón por la que el hacerdor de política priorizaría el ranking de los no expertos es porque el mismo se encuentra dentro de ese grupo o tal vez porque el estado no le garantiza las protecciones suficientes ante la presión política.
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