El Perú fue invitado a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 25 de enero de 2022, lo cual dio inicio al proceso de adhesión. Este hecho representa un importante hito para integrarnos a la OCDE, luego de que el Perú presentara su solicitud de incorporación en noviembre de 2012 y fuera invitado a participar en el “Programa País” en abril de 2014.

En aquella época, el Perú se había comprometido a implementar reformas en sus políticas públicas con miras a cumplir con los estándares de la OCDE. Así, será objeto de evaluaciones técnicas para verificar que está alineado con los mayores estándares, prácticas y políticas. Uno de los temas a priorizar en dicha evaluación será la gobernanza pública, que incluye el desarrollo del gobierno digital. Además de ser un requisito para ser un país miembro, un gobierno digital permite fomentar un gobierno abierto, transparencia e inclusión; fomentar el diseño y entrega de servicios públicos centrados en el ciudadano; reducir costos y procesos administrativos; entender mejor las cada vez más cambiantes necesidades de los ciudadanos, entre otros (OECD, s.f.). Bajo este contexto, el Perú ha realizado diversos esfuerzos por incorporar el gobierno digital como parte de la gestión pública. ¿Qué hemos logrado en materia de gobierno digital y qué nos falta para alcanzar el estándar de la OCDE? Para responder a la primera interrogante, se presenta en la Figura 1 una línea de tiempo con los principales avances en materia de gobierno digital. Así, durante la primera década y en los primeros años de la segunda, en el Perú se desarrolló el gobierno electrónico, entendido como el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la gobernanza.

En 2014, la OCDE emitió recomendaciones para una transición hacia el gobierno digital, donde la tecnología digital permite crear valor público (OECD, 2014). Sin embargo, si bien los esfuerzos del Perú en implementar un gobierno electrónico sirvieron de base para comenzar a desarrollar un gobierno digital, el avance no ha sido tan veloz como otros países de la región (OECD, 2019). En efecto, la creación de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) se dio recién en 2017, como entidad encargada de liderar la implementación del gobierno digital.

Luego, en 2018 se aprobó la Ley de Gobierno Digital, que permitió brindar un marco normativo al mencionado proceso, luego de que culminara la vigencia de la Agenda Digital 2.0 (2011-2015). Ese mismo año se implementó la plataforma GOB.PE para centralizar la interacción digital desde el Estado, y se creó la figura de líder de gobierno digital en cada entidad para asistir en el proceso de transición. Posteriormente, en 2020 se aprobó la Agenda Digital al Bicentenario y el Sistema Nacional de Transformación Digital (cuyo reglamento fue aprobado en 2021).

Para ver a mejor detalle, descargala aquí: Línea de tiempo de la implementación del gobierno digital en el Perú

En cuanto a la segunda interrogante, entre los retos pendientes está el muy necesario cambio de paradigma entre los funcionarios públicos con relación al rol de la tecnología en la gestión, la cual es vista como una función de soporte, no una estratégica (OECD, 2019). En ese sentido, es clave el trabajo conjunto entre la SEGDI y SERVIR para desarrollar capacidades acordes al nuevo paradigma. E igualmente importante es contar con un esquema de incentivos para atraer y retener talento que cuente con habilidades en TIC.

Otro aspecto pendiente es asignar recursos que fomenten la implementación de proyectos digitales en la gestión pública (OECD, 2019). Ello no solo pasa por incrementar el presupuesto en las áreas de TI de cada entidad. También se podría abordar mediante fondos concursables que acerquen al sector privado y la academia a colaborar con el Estado.

En línea con lo anterior, en términos de gobierno abierto, es importante identificar con qué información cuenta el Estado, qué tan accesible es para el público y qué valor se puede extraer de ella. Al 2017, el índice OURdata de la OCDE mostró que el Perú se encontraba muy cerca al promedio de países de la OCDE. Sin embargo, está pendiente incrementar el uso de la información, lo cual pasa por mejorar las habilidades necesarias, tanto de los funcionarios como la población general, para su aprovechamiento y apropiación.

Adicionalmente, no se cuenta aún con un modelo que permita identificar el grado de madurez en términos de gobierno digital en una entidad pública (MEF, 2021). La falta de indicadores dificulta la posibilidad de medir el nivel de avance hacia los estándares de la OCDE y limita la capacidad de establecer medidas prospectivas o correctivas.

No se puede negar que los beneficios de un gobierno digital han cobrado especial importancia durante la pandemia. Gracias a la digitalización de diversos servicios públicos, ha sido posible sobrellevar un poco mejor la situación. Ahora que esta va llegando a su fin, tomemos la tan esperada invitación para formar parte de la OCDE como motivación para seguir avanzando en la implementación del gobierno digital.

Desde luego, que el avance en esta agenda dependerá del liderazgo que se obtenga al más alto nivel gubernamental y que se plantee como una política de Estado que trascienda al gobierno de turno. En el mundo en que vivimos de cambios tecnológicos disruptivos, cumplir con esta meta permitirá tener un gobierno funcional y moderno en servicio de la ciudadanía.

Realizado por: Luis Miguel Castilla y Franco Sebastiani, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente